El Ejecutivo ha cambiado de idea sobre su posición inicial de recurrir en primer lugar a las transferencias 'gratuitas' de la Unión Europea y dejar para más adelante el posible uso de los créditos que la UE ha puesto a su disposición.
Tal y como ha recogido en su Plan España Puede, finalmente sí hará uso de los créditos de la UE a partir del año 2022 para "cubrir instrumentos financieros como, por ejemplo, el fondo COFIDES de capitalización de empresas o el fondo NEXT-TECH para escalar startups.
Estos fondos se han creados por el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias para apoyar la solvencia empresarial en los sectores más afectados por la pandemia. El Fondo COFIDES está dotado con 1.000 millones de euros para la recapitalización de empresas y el otro es una línea de 3.000 millones de euros para que el ICO pueda acompañar procesos de restructuración financiera y refuerzo de solvencia
También se utilizará ese dinero para financiar los nuevos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), a los que el Gobierno denomina "nuevo mecanismo permanente para la estabilidad en el empleo y el apoyo a los procesos de transición, que quiere consolidar como parte clave del mercado laboral, para que no se produzcan ajustes vía destrucción de puestos de trabajo.
"Se prevé recurrir a los créditos para financiar la puesta en marcha de uno de los elementos principales de la reforma en el ámbito laboral: un fondo para complementar la financiación pública de un mecanismo permanente de estabilidad en el empleo y apoyo a la transición en sectores afectados por una alta estacionalidad o bien que sufran una caída significativa de la demanda, de carácter cíclico o estructural", detallan.
El objetivo es poner en marcha un nuevo instrumento para proteger el capital humano y aumentar la productividad, mediante el apoyo a los mecanismos de ajuste interno de las empresas alternativos al despido orientados a la formación y reciclaje de los trabajadores ante caídas de la actividad estacionales, extraordinarias o estructurales.
A partir de 2023, los créditos irán a inversiones
En el plan, admiten también que en 2023 seguirán tirando de estos créditos para "completar las inversiones previstas".
El presidente, Pedro Sánchez, había recibido muchas críticas de otros grupos parlamentarios por renunciar a pedir esos créditos, ya que sus condiciones de financiación son más ventajosas que la emisión de deuda pública -aunque esta tenga actualmente tipos de interés históricamente bajos-.
Finalmente, el Gobierno ha decidido no solamente gastar entre 2021 y 2023 los 70.000 millones que la UE le dará en transferencias directas (las llamadas ayudas a fondo perdido, para las que la única condicionalidad es la ejecución de reformas), sino que también recurrirá a parte de los 70.000 millones en créditos, una estrategia incluida en su plan y que ha sido adelantada por el diario Cinco Días.
Todavía no han especificado cuánto dinero pedirán de esos créditos.
