El ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha comenzado a responder las distintas demandas de responsabilidad patrimonial de los caseros, relativas al tope del 2% a las actualizaciones de contrato de arrendamiento que el Gobierno impuso por decreto en 2022.
Según precisan desde la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), el Ejecutivo está requiriendo a los demandantes a justificar, en el plazo de diez días hábiles desde la recepción de la respuesta gubernamental, la reclamación de responsabilidad patrimonial. De acuerdo a datos de Asval -que suma unos 6.000 asociados-, al menos 2.000 caseros de distintos tamaños enviaron, antes del 31 de enero de este 2023, demandas relativas al ejercicio 2022.
El decreto sobre el que versan las reclamaciones es el de marzo de 2022, de forma que el plazo para presentarlas culminó el pasado mes de marzo de 2023
Los propietarios tendrán que remitir documentos que acrediten el contrato de arrendamiento y la limitación de las actualizaciones notificada a sus inquilinos como así también la cantidad que han dejado de percibir por no haber podido repercutir el alza interanual del índice de precios de consumo correspondiente al momento de la citada renovación.
En el caso de los propietarios que sean personas físicas, disponen de la opción de enviar la documentación en soporte físico a la división de reclamaciones de responsabilidad patrimonial del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través de Correos. Las personas jurídicas o empresas arrendadores de vivienda deberán hacerlo, necesariamente, de forma telemática.
Al menos 2.000 reclamaciones por la inflación de 2022
El decreto sobre el que versan las reclamaciones es el de marzo de 2022, de forma que el plazo para presentarlas culminó el pasado mes de marzo de 2023, atendiendo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para las reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Para ellas, el tiempo de respuesta va de tres a seis meses.
Bajo el mecanismo de reclamación de responsabilidad patrimonial, los caseros han podido demandar a la Administración Pública que se les compense con hasta el máximo de la diferencia entre el 2% pudieron repercutir sobre los nuevos contratos tras el tope decretado en Consejo de Ministros, y la suba que habrían podido volcar conforme al alza del Índice de Precios de Consumo (IPC) desde el mes de abril hasta el mes de diciembre de 2022 como permitía, hasta la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, la Ley de Arrendamientos Urbanos. En el período afectado, la inflación interanual promedio ha sido del 8,7%.
Así las cosas, desde Asval se amparan en los artículos 32 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público y 106 de la Constitución Española. El meollo de la argumentación jurídica gira en torno al "derecho de los particulares a ser indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público".
De acuerdo a los asesores jurídicos de Asval, las reclamaciones podrían tener éxito pero para aquellos casos anteriores de la entrada en vigor el pasado mes de mayo de la Ley de Vivienda.
Atendiendo al despacho asesor de Asval, TKL Abogados, el límite del 2% a las actualizaciones de contrato ha generado un perjuicio patrimonial a los propietarios toda vez que "no se les ha ofrecido ningún tipo de compensaciones" pese a verse "perjudicados" por la suspensión de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que el Gobierno justificó con la inflación y la guerra en Ucrania. De acuerdo a los asesores jurídicos de Asval, las reclamaciones podrían tener éxito pero para aquellos casos anteriores de la entrada en vigor el pasado mes de mayo de la Ley de Vivienda.
Una estimación general para el mercado español del banco BBVA apunta que el tope del 2% habría bajado la rentabilidad de un casero promedio a la mitad al cabo de 2022, mientras el precio de los anuncios se encaminaba a batir un nuevo récord histórico. Desde el principal portal del mercado, Idealista, han estimado que los propietarios habrían 'perdido', por no poder repercutir el alza al completo del IPC, unos 1.500 millones de euros el año pasado.
