El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha iniciado su mandato con la promesa de acabar "rápido y de forma eficaz" con el déficit de la Seguridad Social, algo que parece poco compatible con la decisión de revalorizar las pensiones con el IPC y subirlas un 0,9% este año, lo que supone incrementar el gasto en 1.400 millones de euros sólo en 2020.
Aunque parece imposible que el Gobierno sea capaz de compensar con ingresos el elevado gasto de la Seguridad Social y que Escrivá pueda cumplir su promesa de acabar con el déficit, existe una vía para que sí pueda lograrlo: traspasar algunos de los gastos que actualmente asume la Seguridad Social a la Administración Central (el Estado) para que se paguen con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
El propio Escrivá conoce bien esta posibilidad, ya que es una de las propuestas que ha planteado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef, de la que él era presidente) al Gobierno en numerosas ocasiones. Esta posibilidad, adecuada para llevarla a cabo a corto plazo, "en un periodo de cinco años", implica dos cosas.
Se trata, por un lado, de elevar la parte de las cotizaciones sociales que se destina a la cobertura de contingencias comunes (pago de pensiones) a costa de reducir las que se asignan al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, que cubre las prestaciones por desempleo y actualmente tiene superávit).
Es factible cerrar el déficit mediante el traspaso de recursos desde otras partes de la Administración", decía Escrivá
Además, el Estado tendría que asumir determinados gastos que ahora soportan las cotizaciones como los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social (unos 4.000 millones), las medidas de fomento del empleo consistentes en la reducción de cotizaciones (unos 2.000 millones), prestaciones por maternidad y paternidad y las subvenciones implícitas a regímenes especiales (1.000 millones)", como ya ha señalado la Airef.
"De esta forma, se eliminaría el déficit actual de la Seguridad Social de unos 17.400 millones y la propuesta podría concretarse mediante una modificación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y un cambio en la Ley General de Seguridad Social (LGSS). La suma de las dos reformas propuestas supone una eliminación completa del déficit de la Seguridad Social, cuantificado en 17.400 millones, de los cuales unos 10.400 millones (8 décimas de PIB) procederían del aumento de las cotizaciones por contingencias comunes y unos 7.000 (7 décimas) de transferencias del Estado para cubrir otros gastos", explicaba.
Mover el problema de sitio
Se solucionaría así el problema de déficit de la Seguridad Social, pero se comprometería el de la Administración Central que tendría que asumir ese desfase presupuestario: se situaría "el déficit en aquella parte de la administración que dispone de herramientas para solucionarlo", decía la Airef en alusión a una posible subida de impuestos para aumentar los ingresos, y se visualizaría "como un problema del conjunto de las Administraciones Públicas".
El Gobierno, sin embargo, ya ha pensado en este problema y está adelantando ya a la prensa su intención de negociar con Bruselas una senda de déficit más flexible, es decir: objetivos de déficit más altos para poder asumir el déficit de la Seguridad Social en el Estado sin tener que recortar los gastos.
"Vamos a emprender un proceso de negociación que abriremos con la Comisión Europea, que, por cierto, también se ha renovado. La Comisión entrante tiene una visión distinta de la anterior y emprenderemos la negociación cuanto antes con ella. Ha cambiado el comisario y la presidenta, y hay una realidad política y económica distinta, así que tenemos que negociar con ellos la nueva senda de estabilidad", afirmaba el presidente, Pedro Sánchez, después de anunciar la subida de las pensiones.
En la misma línea se pronunció tras su toma de posesión la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien aseguró que lo primero que haría la dirección económica del Gobierno sería intentar negociar con Bruselas una senda de déficit más flexible.
Esa labor recaería en la ministra de Economía, Nadia Calviño, muy bien recibida en Bruselas, y, una vez conseguida su parte, la titular de Hacienda se ocuparía de la elaboración de los Presupuestos sobre esa senda pactada con la CE.
