El Gobierno oculta cómo afrontará el ajuste de 7.000 millones al año que exige Bruselas

7.000 millones de euros al año. Es el ajuste que tanto el Banco de España (BdE) como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calculan que tendrá que afrontar España desde 2025, cuando las reglas fiscales europeas sean de obligado cumplimiento para todos los países. Y aunque debe detallarse en un plan (a cuatro o siete años, en función de si hay reformas ya en marcha) y remitirlo a Bruselas en las próximas semanas, el Gobierno guarda silencio.

El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, recalcó que no hacer nada no es una opción una vez empiecen a aplicarse las nuevas reglas fiscales el próximo año. Y, en este sentido, los "números" de los técnicos del supervisor bancario, siguiendo la metodología de la Comisión Europea, conducen a un ajuste de cinco décimas de PIB al año.

Esto, según Gavilán, podría asumirse incluso con unos presupuestos prorrogados, aunque advirtió de que las previsiones de PIB deberán revisarse a la baja. "El diseño y la ejecución de dicho plan constituirían un resorte fundamental para reforzar la sostenibilidad de las cuentas públicas y la confianza de los agentes económicos, si bien en el corto plazo previsiblemente implicarían un menor grado de dinamismo de la actividad", reza el último informe publicado por el BdE.

En el mismo documento, el Banco de España también advierte de "la importancia de acometer dicho plan de ajuste sin demora y de forma transparente", una recomendación que se recoge y destaca en la última declaración de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), acordada por el Consejo de Gobierno en su reunión de septiembre.

Con un mes de retraso

El reglamento marcó como fecha límite para enviar estos planes fiscales plurianuales el 20 de septiembre, tres meses después de recibir las trayectorias de referencia diseñadas por la Comisión Europea en junio. Sin embargo, dejaba abierta la puerta a que los Estados miembros solicitaran extensiones "razonables" y "justificadas" de este plazo.

Aunque el Gobierno no lo ha comunicado oficialmente (y le corresponde hacerlo antes que la Comisión, según informan a Vozpópuli fuentes conocedoras), España ha pedido a Bruselas una extensión de plazo, como también han hecho otros países, según confirman desde el Ministerio de Hacienda, sin detallar cuál es la nueva fecha.

Tras la publicación de esta noticia, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunció este miércoles que el Gobierno presentará a Bruselas el plan fiscal estructural de España el 15 de octubre, “al igual que lo harán la gran mayoría de los Estados miembros”.

La pista sobre el plazo de extensión la dio el martes el director de Economía del BdE, cuando habló de "mediados de octubre" para presentar el plan a Bruselas. "Nuestras nuevas proyecciones no incluyen el plan de ajuste plurianual que se debe presentar a mediados de octubre", dijo. De esta forma, según señaló el directivo del Banco de España este martes, el Gobierno cuenta con alrededor de un mes adicional para enviar su plan fiscal a Bruselas.

España no es una excepción. Francia, entre otros, solicitó la prórroga a principios del mes de septiembre, según anunció el Ministerio de Finanzas del país, con el fin de "garantizar la coherencia del plan y el proyecto de presupuesto para 2025". El 15 de octubre es la fecha en límite para enviar a la nueva Comisión Europea los planes presupuestarios, y varios países están pidiendo una extensión hasta esa fecha para hacerlos coincidir.

La AIReF pide más consenso

En la misma línea, la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, opinó este martes que “se ha perdido un tiempo muy valioso” en encuentro con los economistas, y apeló en un encuentro con los economistas a la necesidad de abordar este plan con todas las Administraciones, algo que no se está haciendo.

"A pesar de que la presentación del plan está cerca y de que todas las Administraciones están ya elaborando sus presupuestos, no se ha producido la necesaria coordinación y consenso", señaló. En este sentido, recordó que las Administraciones territoriales controlan casi el 50% del gasto en España y que dicho plan permanecerá fijo durante un horizonte de cuatro años y solo podrá modificarse en circunstancias excepcionales.

Asimismo, destacó que la propia normativa anima a que los países compartan estos planes con todos los agentes implicados, incluidos los parlamentos nacionales. Sin embargo, el Gobierno sigue sin hacer público este plan, como tampoco ha difundido las orientaciones que ha facilitado la Comisión Europea al país.

En línea con el Banco de España, los cálculos de la AIReF apuntan a que la aplicación de las reglas fiscales en España exigirán un ajuste fiscal de 0,63 puntos de PIB al año durante el periodo 2025-2028 (0,13 puntos más de lo que prevé el BdE) o de 0,43% puntos al año en el periodo 2025-2031, en caso de que se realicen reformas e inversiones.

El Gobierno ya ha avanzado su intención de extender el plan a siete años justificando las reformas llevadas a cabo en el plan de Recuperación, asociado a los fondos europeos. Con los ajustes a siete años del 0,43% del PIB, que equivaldrían a unos 7.000 millones de euros anuales, la senda de crecimiento del gasto primario neto pasaría del 3,8% al 2,7%.

Esa es la variable clave que ha fijado la Comisión Europea en el nuevo marco de reglas fiscales. El cumplimiento de esa senda de gasto primario neto "garantizará con una probabilidad alta que la ratio de deuda desciende en el medio y largo plazo", según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Ahora falta conocer cómo tiene previsto el Gobierno llegar a esa senda.