Como medida para aliviar la crisis del sector agropecuario y calmar las protestas del campo, el Gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros reducir de 35 a 20 las peonadas (jornadas de trabajo) necesarias para que los empleados del campo puedan acceder a los subsidios del Programa de Empleo Agrario (Profea, antes conocido como PER) en Andalucía y Extremadura.
Una iniciativa "coyuntural" promovida por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que permitirá a los temporeros cobrar un subsidio de 430 euros durante seis meses con tan solo haber trabajado 20 días, frente a los 35 vigentes hasta el momento. Una receta pensada por el Gobierno para apaciguar principalmente al sector olivarero, temeroso por los efectos de la sequía y los aranceles de EEUU, y que, sin embargo, no ha servido para contentar a los productores agrícolas.
"Es una medida que no ayuda para nada a las explotaciones agropecuarias", explica Juan Metidieri, presidente de APAC Extremadura ASAJA. "Estamos en contra. Tenemos un grave problema de falta de mano de obra a la hora de recolectar, y reducir las peonadas solo va a dificultar más nuestros problemas para encontrar trabajadores. Desincentiva la mano de obra", añade.
"¿Quién va a querer trabajar una jornada completa en el campo para sacar sólo 20 euros más de lo que gana por quedarse en casa cobrando el subsidio sin esfuerzo alguno?"
"Nos condena a la economía sumergida", indica por su parte Eduardo López, responsable de Relaciones Laborales de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos.
Una idea de Felipe González
Los subsidios del Plan de Empleo Rural (PER) nacieron en 1986, durante el Gobierno socialista de Felipe González, con la intención de frenar la despoblación y mejorar las condiciones laborales en las áreas rurales deprimidas de Andalucía y Extremadura, donde hay un mayor número de trabajadores temporales.
A partir de 1996 se pasó a llamar Plan de Fomento del Empleo Agrario (Profea) y se amplió a otras comunidades autónomas: Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Murcia.
A través del Profea, en los últimos años se han destinado más de 200 millones de euros anuales para 48 provincias con zonas rurales, la mayoría centradas en Andalucía y Extremadura
El problema es que, según los productores, si un empleado que está cobrando el subsidio decide trabajar un día más de los 20 días ahora estipulados, se le descuenta la parte proporcional del subsidio de 430 euros que puede cobrar sin necesidad de ir a trabajar.
"Ha sido un subsidio positivo para frenar la despoblación, pero al mismo tiempo ha desincentivado la mano de obra", indica Eduardo López. "¿Quién va a querer trabajar una jornada completa en el campo para sacar sólo 20 euros más de lo que gana por quedarse en casa cobrando el subsidio sin esfuerzo alguno?", añade el responsable de relaciones laborales de COAG.
"Al final prefieren no trabajar, buscarse la vida en otros sectores o exigir cobrar en negro para que les quede intacto el subsidio. Tal y como está en la actualidad, nos empuja a una economía sumergida", agrega.
Cambiar el modelo de subsidios
A través del Profea, en los últimos años se han destinado más de 200 millones de euros anuales para 48 provincias con zonas rurales deprimidas por toda España, la mayoría en Andalucía y Extremadura.
Para Juan Metidieri, hay que cambiar por completo el sistema de subsidios y actuar sobre los precios de venta para que los productores puedan reducir la temporalidad en el empleo.
"Nosotros lo que queremos es poder pagar al menos los 950 euros del salario mínimo y que realmente los trabajadores estén empleados, no cobrando 430 euros por no hacer nada", indica el presidente de APAC Extremadura ASAJA. "Hay que incentivar al empresario para que realmente tenga al trabajador en condiciones favorables".
Por su parte, COAG pide que se elimine la incompatibilidad que impide a los empleados temporales del campo cobrar un sueldo y percibir íntegro el subsidio al mismo tiempo. "Eso ayudaría a tener más disponibilidad de mano de obra", señala Eduardo López.
"Al final la reducción de las peonadas hace que la gente no quiera trabajar o que solo quiera hacerlo si se le paga en 'B'. Eliminar la incompatibilidad del subsidio nos permitiría promover la mano de obra autóctona y no tener que contratar inmigrantes y además nos permitiría abonar mayores cuotas a la seguridad social", añade.
