La Guardia Civil sigue renovando su parque automovilístico y ampliando el número de radares. En su última remesa, ha recibido 221 coches nuevos que ya han llegado a las unidades correspondientes de todas las comandancias. Dos han sido los modelos seleccionados, ambos de origen japonés, sorprendiendo que los correspondientes al Servicio de Protección de la Naturaleza sean todoterrenos con grandes motores diésel de 200 CV sin ningún grado de electrificación. Los agentes estrenan así 30 unidades del Toyota Land Cruiser, además de otras 26 unidades del mismo modelo destinados a la lucha del narcotráfico en el Campo de Gibraltar.

Junto a estos grandes todoterrenos, el parque móvil de la Guardia Civil contará también con un total de 165 unidades del Mitsubishi Eclipse Cross, distribuidos en diferentes unidades de Seguridad Ciudadana, sumando todos ellos un valor cercano a los diez millones de euros.

Según explica la Guardia Civil, con estas inversiones, “muy por encima de la media de reposición de los últimos 10 años, se pretende avanzar en un parque móvil moderno, eficiente y sostenible”. Y aunque no han concretado la versión exacta de los modelos que ha añadido a su flota, ambos se venden con una única motorización.

Así, el Toyota Land Cruiser destinado a la protección del medioambiente, es un todoterreno de 4,84 metros de longitud, 2,2 toneladas de peso y que se comercializa con tracción 4×4 y un único motor diésel de 204 CV. Homologa un consumo cercano a los 10 l/100 km y unas emisiones por encima de los 250 gramos de CO2 cada 100 kilómetros y un precio que arranca en unos 50.000 euros.

El Mitsubishi Eclipse Cross, por su parte, es algo más pequeño, un SUV de 4,54 metros que sí dispone de una mecánica con tecnología eléctrica, un sistema híbrido enchufable que permite algo menos de 50 kilómetros en modo eléctrico y cuyo precio de partida, sin promociones ni subvenciones del plan Moves, arranca en el entorno de los 40.000 euros.

Más radares, más recaudación

Además de la inversión en vehículos, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha adquirido también 70 nuevos radares móviles para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil por valor de algo más de 600.000 euros. El contrato de estos 70 rádares láser portátiles para la Guardia Civil de Tráfico ha sido adjudicado a la empresa Saima Seguridad S.A.

Así lo refleja la contratación de suministros publicada en la plataforma de contratación del Estado y en la que las compañías podrían presentar su oferta hasta el pasado 20 de junio, y de las que el Estado recibió dos ofertas. La motivación de la adjudicación justifica que la empresa ha "formulado la oferta más ventajosa para el organismo y para el interés general".

En la memoria justificativa, el Ministerio del Interior destaca que, desde la creación de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en agosto de 1959, sus competencias son las de "vigilancia, protección y auxilio en la carretera", que se han regulado con los planes estratégicos de seguridad, denominados en la actualidad planes operativos, con objeto de mejorar la seguridad vial.

Entre los cometidos encomendados a los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, el texto subraya que se encuentra el control de la velocidad de los vehículos que circulan por la red vial, una polémica que crece año a año, dado que el afán recaudatorio está a la orden del día y la ubicación de muchos de los radares dista mucho de estar en lugares especialmente peligrosos para la circulación.

Según la DGT, la velocidad "es uno de los componentes que mayor presencia tiene en la accidentalidad, incidiendo de forma negativa en la gravedad de los resultados, así como en las lesiones de las víctimas". En la práctica, la recaudación anual que generan los radares puede superar los 400 millones de euros.

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