La Unión Europea (UE) vuelve a mover ficha para defenderse de la Helms-Burton. Los veintiocho miembros del club comunitario han acordado contactar con despachos de abogados de Estados Unidos para presentar mociones de amicus curiae (amigo de la corte) para apoyar los intereses de las empresas europeas demandadas al amparo de la polémica ley, según consta en la documentación del Consejo de Comercio y Economía de Estados Unidos y Cuba.
Esta figura permite a un tercero con interés legítimo (ni demandado ni demandante, como es el caso de la UE) tener representación como amicus curiae en los casos que afecten a compañías europeas. De esta forma, la Comisión Europea podría presentar sus alegaciones en los casos e incorporar al procedimiento informes jurídicos que sostengan su posición, muy crítica con la activación de la ley.
El Consejo de Comercio también apunta en otro de sus escritos que "dependiendo de la complejidad de los problemas legales en cada caso, el coste total para la UE podría superar el millón de dólares". El próximo mes de marzo se cumple un año desde que el Gobierno de Donald Trump decidiese activar los títulos III y IV de la Ley Helms-Burton. La norma, aprobada en 1996, había permanecido suspendida desde la era de Bill Clinton.
La decisión de Trump fue interpretada como un ataque a Cuba, ya que permite que los norteamericanos y los cubanos nacionalizados puedan reclamar ante los tribunales americanos una indemnización a las compañías que presuntamente se han beneficiado de las propiedades que les fueron expropiadas o confiscadas. Esto afecta de lleno a los hoteles de la isla y al sector turístico, actual motor del país.
En términos económicos, se estima un gasto de más de 4 millones de dólares por los honorarios de los abogados
Por ahora, la guerra por la Helms-Burton ha derivado en una veintena de demandas presentadas en Florida (16), Washington DC (1), Western Washington State (1), Nevada (1) y Delaware (1). Están involucrados más de 67 demandados, 30 despachos de abogados, 105 letrados y el número de documentos entregados a los tribunales supera los 3.000, según los datos proporcionados por el citado consejo. En términos económicos, se estima un gasto de más de 4 millones de dólares por los honorarios de los abogados.
Las demandas bajo la ley Helms-Burton se realizan normalmente bajo "acciones colectivas" a las que pueden sumarse otras personas con casos similares. Esto se debe a que la ley establece un valor mínimo de la propiedad de 50.000 dólares para interponer una demanda bajo el título III de la mencionada ley, con el objetivo de disuadir acciones que sean infundadas.
España recurre a la ley comunitaria
A la espera de que se concrete la posición de la Unión Europea, el Gobierno de España ya ha trasladado a las empresas españoles afectadas que el Estatuto de Bloqueo presente en el Reglamento 2271/96 permite bloquear las notificaciones que procedan de tribunales norteamericanos.
En un primer momento, el Ejecutivo dudó de si el citado estatuto de la Unión Europea prevalecía sobre el Convenio de La Haya, lo cual generó una fuerte oleada de críticas por parte de las empresas españolas, que afirmaron sentirse desprotegidas. Semanas después, las autoridades trasladaron a las compañías la supremacía del estatuto.
Entre las empresas nacionales afectadas se encuentran la hotelera Meliá y la entidad financiera BBVA, así como las aerolíneas Iberia y Air Europa y el grupo Iberostar, estas tres últimas sólo con avisos de posibles litigios en los tribunales norteamericanos en caso de no responder a las exigencias -normalmente económicas- de los demandantes.
El caso de Meliá
En el caso concreto de Meliá, en un primer momento salió ilesa de una de ellas por presentarse en España. Ahora, según un escrito publicado por el Consejo de Comercio y Economía de Estados Unidos y Cuba, ha sido apartada de la otra causa judicial abierta en los tribunales estadounidenses. Sin embargo, fuentes cercanas a esta institución explican que la empresa española "no está libre de posibles problemas legales porque las familias pueden presentar nuevas demandas".
En virtud del reglamento, si las empresas viera afectados sus intereses económicos o financieros por razón de la Helms-Burton lo deben notificar a la Comisión en el plazo de 30 días, directamente o a través de su estado miembro correspondiente. No obstante, esta es la primera vez que se va a aplicar, por lo que por ahora es una incógnita cómo se va a desarrollar o los efectos que puede tener sobre empresas, demandantes y autoridades.
