La visita de Emilio Saracho a la Audiencia Nacional en calidad de investigado ha reavivado el fantasma de uno de los casos financieros más complejos y opacos de este último lustro. De la resolución del Banco Popular han corrido ríos de tinta, pero aún quedan muchos aspectos por aclarar, como si las administraciones públicas tuvieron acceso a información privilegiada que provocó la salida masiva de depósitos o si se realizaron filtraciones en la prensa, así como cuál era el estado real del banco y por qué nadie se dio cuenta de nada.
La prensa ha tenido un papel fundamental para dar luz a esta situación. Vozpópuli ha sido uno de los medios que más ha escrito sobre el tema, con informaciones contrastadas, veraces y en exclusiva.
La caída del Popular comienza mucho antes de su resolución. La ampliación de capital de 2016, el cese de Ángel Ron, la incorporación de Emilio Saracho, la polémica Junta General de Accionistas y la fuga de deposito han sido el preámbulo de una muerte anunciada, que se constató el 7 de julio de 2017.
Informes del BCE
Tras ese día comenzó una serie de ruido mediático que se ha ido esclareciendo poco a poco, sobre todo después de que la JUR desbloqueara algunos documentos confidenciales y tras la publicación de los informes del BCE que afloraron la situación del banco en 2016 y 2017 e impusieron provisiones millonarias que hicieron inviable la salida de la crisis.
Sociedades en Luxemburgo
Otro frente que se le abrió al Popular fue el de la posible financiación irregular a sus clientes en problemas a través de sociedades luxemburguesas. A través de estas sociedades pantalla, Popular habría canalizado, según la Fiscalía, un importe superior a 196 millones de euros a empresas españolas con "serias dificultades económicas" que debían una cantidad importante de dinero al banco. Gracias a esta financiación, las empresas en cuestión eludían su disolución obligatoria --de acuerdo a la Ley de Sociedades de Capital--, de modo que Popular evitaba anotar como pérdidas los créditos que previamente les había concedido.
Entrevistas
Más allá de este tipo de informaciones, que han servido de apoyo para la causa, este medio también ha conseguido entrevistar a personajes muy representativos de la quiebra del banco, como el empresario mexicano Antonio. Vozpópuli habló con él en exclusiva.
La familia Del Valle adquirió en 2013, junto con otros inversores del país, el 6% del capital de Banco Popular, por 450 millones de euros. La intervención y posterior absorción de Popular por parte de Santander provocó, al igual que otros miles de accionistas, los mexicanos perdieran todo su dinero.
Operaciones
En el plano corporativo, la fusión de Santander y Popular dejó en el aire muchos flecos e intrahistorias, como la del ladrillo del Popular. La mayor operación inmobiliaria de este país la adelantó este medio: la firma de Santander y Blackstone para el traspaso de los 30.000 millones del ladrillo de Popular a una nueva sociedad, Project Quasar Investment 2017, participada en un 51% por el fondo norteamericano y en un 49% por el banco español.
Banco Santander alcanzó un acuerdo estratégico con Aegon para extender la alianza que mantiene con la aseguradora holandesa a Popular. Para ello, Aegon acometió un pago por adelantado de 215 millones de euros a la entidad que preside Ana Botín, ampliable a 75 millones más. Dicha operación la contó Vozpópuli.
Sobre la reestructuración del banco, este medio ya advirtió en septiembre de 2018 que el ajuste de la plantilla iba a ser de unos 4.000 trabajadores, a los que habría que restar los 1.100 que salieron en el ERE de los servicios centrales. Este año, dicha cifra se ha completado con el último expediente de regulación de empleo del banco.
