El ICO sale al 'rescate' de las entidades. El banco público defiende que se dejó claro a todos los niveles políticos y empresariales que los préstamos ICO para afrontar los problemas de liquidez por la pandemia se tendrían que devolver a las entidades al 100% y se armó como base legal dentro de lo establecido por la Unión Europea, que mantiene en este tipo de créditos las mismas condiciones que en la concesión de financiación de cualquier tipo.

Algunos empresarios de pymes y autónomos han demandado a las entidades para evitar devolver el 80% con el que se avalaron los créditos ICO, ya que, según denuncian, se comercializaron con la premisa de que ellos tan sólo tendrían que afrontar el pago del 20% en caso de dificultades. Se estima que existen centenares de casos que pueden acabar en los tribunales y abrirían un nuevo frente legal para los bancos, según fuentes financieras.

Pero, como señaló ayer José Carlos García de Quevedo, presidente del ICO, en "todas las conversaciones" con organizaciones empresariales y de todo tipo se especificaba que los créditos Covid serían "préstamos normales" a efectos de devolverse a los bancos, independientemente del porcentaje, que podría llegar hasta el 80%, que cubriera el Estado. Esta garantía, de hecho, es para las entidades y no para los tomadores del préstamo, y perseguía que el sector financiero no cerrara el grifo de la financiación ante la incertidumbre económica por la pandemia.

Usted, como empresario, tiene la suficiente educación financiera como para saber que las deudas se pagan y que se tienen que devolver", replicó el presidente del ICO ante las dudas de un empresario afectado"

La polémica por los ICO se escenificó ayer en el hotel Rosewood Villa Magna de Madrid. En un almuerzo con empresarios iberoamericanos, organizado por CEAPI, el presidente del ICO se enzarzó con un afectado que dijo no poder devolver el 100% del crédito. "Usted, como empresario, tiene suficiente educación financiera y sabe que las deudas se pagan y se tienen que devolver", replicó García de Quevedo visiblemente molesto.

El Gobierno, a través del ICO, inyectó más de 140.000 millones de euros a autónomos y empresas para hacer frente a sus necesidades de liquidez y desarrollar proyectos de inversión. En total, 1,2 millones de operaciones. El presidente del ICO descartó una mala praxis generalizada de los bancos por aplicarse siguiendo los criterios de concesión de la Unión Europea, aunque fuentes del organismo público admiten que existen reclamaciones en los tribunales.

El despacho Fieldfisher Jausas es uno de los más activos en esta nueva batalla legal de la banca. Y como uno de los argumentos utiliza una conversación de whatsapp de un empleado de Banco Santander con un responsable de una pyme para probar la mala praxis entre las entidades. "Titular: empresa; Avalista: empresa y fiador, por el 20%, porque el 80% es el Estado", ratificaba el empleado para ofrecer el crédito.

Plataforma de afectados

El despacho de abogados ha creado una plataforma de afectados por los préstamos ICO concedidos por el Covid. Se han sumado a ella unos 300 afectados que el banco les reclama devolver el 100% del crédito.

El ICO cifra en un 4% la tasa de morosidad de los créditos ligados al Covid. El volumen de préstamos por riesgo de impago, esto es que aún no se han dejado de pagar pero muestran algún síntoma como un retraso en las devoluciones, se ha disparado un 50% desde primavera, hasta los 30.000 millones de euros.

Según el Banco de España, más de la mitad de los empresarios y autónomos a los que se les concedió este tipo de crédito ha solicitado a su entidad ampliar el plazo de devolución, bien de carencia o amortización.

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