La Dirección General de Tributos (DGT), el brazo legislativo de Hacienda, teme no llegar a tiempo para tener lista la legislación de criptomonedas que prepara, una de las más restrictivas de la OCDE, ante la irrupción del impuesto a grandes fortunas, que redacta a toda prisa para que empiece su tramitación y pueda estar aprobado antes del 31 de diciembre y entrar en vigor en enero.

A pesar de que el marco normativo de las criptomonedas que ultima va muy avanzado y ya ha pasado por el trámite de audiencia pública, la carga de trabajo que supone la redacción de un impuesto tan polémico como el de grandes fortunas está retrasando la publicación definitiva de los Reglamentos y Órdenes de criptomonedas en el BOE, lo que fiscalistas y empresas del sector consultados por Vozpópuli consideran que debería haber hecho ya para que puedan preparar con certidumbre la avalancha de datos y documentación que van a tener que proporcionar al Fisco en 2023.

A esto se suma ahora que el Parlamento Europeo está planteando directrices sobre criptomonedas que pueden llevar a Hacienda a replantear algunos aspectos.

El Fisco empezó 2022 preparando las nuevas exigencias con la criptomonedas, como avanzó Vozpópuli el 14 de enero, en concreto, tres Modelos de declaración de criptomonedas, los 172, 173 y 721, que en principio planteaba que entraran en vigor este año y a finales de marzo ya retrasó a 2023. Finalmente, los Modelos de declaración y el Reglamento se publicaron en audiencia pública en junio.

Nueve meses más tarde, y con sus planes de reforma fiscal trastocados tras la invasión de Ucrania, la Dirección General de Tributos se encuentra exhausta, tras haber redactado en tiempo récord la proposición de ley que crea los impuestos a banca y energéticas en julio, y haberse ocupado en septiembre de una rebaja del IRPF improvisada.

Enrique Fernández Dávila, subdirector general de Tributación de Operaciones Financieras en la DGT, ha trasladado, en una jornada de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) celebrada en Santiago de Compostela, que temen no llegar a tiempo con la legislación sobre criptomonedas. A pesar de que se trata del toque final, en el que en principio se trata de pulir los borradores e incluir las aportaciones que han planteado empresas, asesores y despachos en el trámite de audiencia pública.

Y es que a la Subdirección General de Tributación de las Operaciones Financieras le toca estar en el diseño de todas las medidas que anuncia Hacienda en los últimos meses. Según ha podido saber este periódico, es el impuesto a grandes fortunas el que ahora mismo está retrasando la legislación de criptomonedas y el resto sus tareas habituales.

En el caso del impuesto a grandes fortunas, se ocupa junto con la Subdirección General de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos, que dirige Luis Javier Romero Hinjos.

La dirección General de Tributos está adscrita a la Secretaría de Estado de Hacienda, que ha asumido el pasado junio Jesús Gascón, director de la Agencia Tributaria (AEAT) desde junio de 2018. Gascón, inspector de Hacienda muy respetado en el sector, fue precisamente director de Tributos en el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En Tributos son 148 funcionarios que suponen el cuerpo legislador de los impuestos del Estado, frente a la AEAT, que ha de aplicar lo que establecen, y a menudo les toca desarrollar decisiones políticas de difícil encaje técnico.

Todo ello, cuando el impuesto a grandes fortunas llega bastante perfilado ya por una enmienda de ERC registrada en noviembre de 2020 a los Presupuestos de 2021 y que el PSOE rechazó. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitió que le gustaba la música pero entonces advirtió de que la letra era impracticable y necesitaba de ley orgánica dentro de la reforma de la financiación autonómica.

Enmienda contrarreloj

La fórmula de ERC que ahora ha asumido Hacienda presenta problemas de doble imposición e inconstitucionalidad al plantear un impuesto estatal deducible en el de Patrimonio para obligar a la Comunidad de Madrid y Andalucía a subirlo o en cualquier caso, a que se pague por un concepto similar en su territorio.

El pasado jueves, Montero avanzó que el impuesto a grandes fortunas no se tramitará como proyecto de ley, la recomendación de los técnicos dentro del Ministerio de Hacienda para que sea más garantista. El Gobierno volverá a saltarse a Consejo de Estado y lo incluirá como enmienda en la proposición de ley que crea los impuestos a banca y energéticas. 

Esta proposición se perfila como un texto fiscal Frankenstein, en el que fiscalistas consultados por Vozpópuli muestran su preocupación con lo que puede salir de la tramitación de unos nuevos impuestos a banca, energéticas y grandes fortunas que se prepararon a toda prisa, que no han pasado por el control del Consejo de Estado ni de otros organismos y sobre los que no se ha consultado a los sectores afectados ni a las comunidades autónomas, cuando presentan dudas de doble imposición y constitucionalidad y se prevé una avalancha de pleitos.

Este jueves se prevé que se amplíe el plazo de enmiendas, que no se cerrará definitivamente y se debatirán hasta noviembre. La semana que viene no hay Pleno y antes de que se cierre el plazo y se lleven a la Ponencia, debe debatirse la enmienda de sustitución que ha registrado Ciudadanos, lo que se perfila para el jueves 27 de octubre.

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