Los nuevos impuestos a banca y energéticas que el Congreso toma en consideración este martes dañan a las empresas españolas frente a las extranjeras, con lo que distorsionan la competencia. Así lo han advertido los expertos que han presentado el informe Estudio preliminar sobre la adecuación a la constitución y al Derecho comunitario del gravamen temporal a entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, que ha presentado el Instituto de Estudios Económicos (IEE), en concreto, su presidente, Íñigo Fernández de Mesa, acompañado por los catedráticos de Derecho Financiero y Tributario Juan Martín Queralt (director del Estudio) y Álvaro Rodríguez Bereijo (ex presidente del Tribunal Constitucional), y Jorge Onrubia Fernández, profesor Titular de Hacienda Pública y Sistema Fiscal de la UCM. También han participado como coautores del estudio Gabriel Casado Ollero, Germán Orón Moratal y José Manuel Tejerizo López, entre otros.
En concreto, Queralt ha apuntado al ataque a las competitividad de las empresas españolas que supone la proposición de ley, que sólo afecta a las residentes en España, lo que ha señalado que llama la atención de expertos de otros países. "En España se legisla últimamente en contra de sus residentes", me trasladan.
El IEE advierte sobre la inconstitucionalidad y no adecuación al Derecho comunitario de los gravámenes. El informe considera que se vulnera el principio de seguridad jurídica por su retroactividad y atentar contra los principios tributarios de generalidad, igualdad y capacidad económica que regula el artículo 31.1 de la Constitución.
Asimismo, los expertos apuntan que la calificación del impuesto como prestación patrimonial pública no tributaria veta la participación de las comunidades autónomas en la recaudación.
Por su parte, Rodríguez Bereijo ha alertado de que la Exposición de Motivos de la proposición de ley plantea que los gravámenes contribuyen al pacto de rentas, lo que luego en el desarrollo desaparece, no se sustancia de qué manera.
Pérdida de 72.000 empleos
Como ya advirtió el IEE en julio, los impuestos podrían tener un impacto contractivo sobre la actividad económica de casi 5.000 millones de euros y una pérdida de 72.000 empleos. De estos, 2.200 millones y 25.000 empleos se refieren al impuesto a la banca, han concretado.
Para este cálculo, se debe tener en cuenta que estas medidas no sólo afectan a los sectores concretos sobre los que se focalizan, sino que se extienden a otros sectores productivos, de manera que la merma de actividad y empleo se deja sentir sobre el conjunto de la economía, especialmente cuando se trata, como en este caso, de sectores con un importante efecto arrastre sobre la economía, advierte el think tank de CEOE.
Con base en estimaciones a partir de las tablas input-output, se calcula que estas subidas de impuestos empresariales podrían tener un impacto contractivo sobre la actividad económica total de casi 5.000 millones de euros, es decir, cuatro décimas de PIB de 2021, y una contracción del empleo del 0,4%, lo que se corresponde con una pérdida de casi 72.000 ocupados. Además del impacto directo e inmediato sobre los sectores afectados, una buena parte de este impacto negativo se debe al citado efecto arrastre de estos sectores y su transmisión al resto de la economía a medio plazo.
Banca y energéticas deberán realizar el próximo febrero un pago a cuenta del 50% de los nuevos impuestos, con lo que el Gobierno prevé que ingresen 1.750 millones de euros en el segundo mes de 2023. Los Grupos Socialista y de Podemos registraron el 28 de julio en el Congreso la proposición de ley con los nuevos impuestos a la banca y a las energéticas, que establece un pago fraccionado del 50%, cuando el impuesto a la banca prevé recaudar 1.500 millones al año, y el de las energéticas, 2.000.
La declaración de los impuestos se realizará en septiembre de 2023 y 2024. El impuesto a las energéticas gravará un 1,2% el importe neto de la cifra de negocios de 2022 y 2023, y el de la banca, la diferencia entre las comisiones e intereses netos cobrados y pagados de los mismos ejercicios.
Vigilancia
En el caso de las energéticas, afectará a las que tuvieran una cifra de negocio de más de 1.000 millones en 2019, la gran mayoría, grupos consolidados españoles y extranjeros, a los que sólo se gravará cuando tengan más de un 50% de actividad energética y por su actividad en España y en operaciones con terceros.
A la banca se le incluye con los mismos criterios si su diferencia bruta entre comisiones e intereses pagados y cobrados supera los 800 millones. Se gravará un 4,8% la misma diferencia, neta.
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) vigilará que los impuestos no se repercutan a los consumidores, en el caso del impuesto a la banca, junto con Banco de España, e impondrá sanciones del 150% del importe repercutido.
