Todas las empresas de España, independientemente del número de empleados que tengan en plantilla, cuentan con dos meses para decidir cómo van a llevar a cabo el registro horario de sus trabajadores, que deberá estar en funcionamiento desde el próximo 12 de mayo.
Esta decisión deberá ser negociada con los sindicatos, estipula el Real Decreto-ley, pero en aquellos casos en los que no haya en la empresa representantes sindicales o en los que éstos no lleguen a un acuerdo con la dirección, será el empresario el que tenga la última palabra: él decidirá cómo lleva a cabo ese registro -en el que debe aparecer la hora de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada empleado-.
El formato (en papel, digital, telemático...) se decidirá "mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa", apunta la norma, que no precisa qué ocurre cuando en la compañía no hay representantes legales de los trabajadores.
Fuentes del Ministerio de Trabajo reconocen a este medio que la decisión "la tomará el empresario" pero, tanto si decide hacer el registro de una forma o de otra, el trabajador "tiene garantizado el acceso a su registro de horas".
Las compañías deberán guardar esos registros durante cuatro años y ponerlos a disposición de sus trabajadores, los representantes legales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Objetivo: acabar con las horas extra ilegales
El objetivo de esos registros es que queden por escrito los casos en los que los trabajadores hacen más horas extraordinarias de las permitidas, para que la Inspección pueda actuar en caso de que lo detecte poniendo las sanciones pertinentes.
En España está permitido por ley que los trabajadores realicen hasta un máximo de 80 horas extra al año, que deberán ser abonadas o compensadas con descanso.
Los trabajadores podrán acceder a sus propios registros y en caso de que detecten que han sido falseados (eliminando horas extra, por ejemplo) podrán denunciar a la empresa ante la Inspección.
El Gobierno ha tomado esta medida por Real Decreto-ley y justifica la urgente necesidad de utilizar este instrumento con los datos.
Números que demuestran el problema
Entre las cifras que destaca incluye que "más del 50% de los asalariados declararon tener jornadas semanales superiores a las 40 horas y un gran volumen de trabajadores a tiempo parcial indicó que la jornada de trabajo efectiva no se correspondía con la declarada", según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2018.
Señalan también que "en 2017 se hicieron en nuestro país una media de 5,8 millones de horas extraordinarias a la semana" y que esa cifra se incrementó en 2018 hasta los 6,4 millones de horas extra a la semana.
"Un 48% de las personas trabajadoras que declaran realizar horas extraordinarias también manifiestan que no les son abonadas ni, por tanto, se cotiza por ellas a la Seguridad Social", dice el Ejecutivo, lo que supone un "perjuicio grave para esas personas y para el sistema de Seguridad Social".
Los sectores en los que más predominan las horas extra no pagadas son el comercio (15,2% del total) y la hostelería (10,9% del total), "sectores caracterizados en no pocas ocasiones por los bajos salarios y la precariedad laboral", añaden.
