Golpe para España en Reino Unido por el Prestige. Este jueves, el juez británico Andrew Henshaw ha determinado que el Reino de España no puede alegar inmunidad soberana y obliga al país a someter a arbitraje sus disputas con London Owners Mutual Insurance Association, más conocida como The London P&I Club, la aseguradora del Prestige a la que España reclama 855 millones de euros.
Fue el Tribunal Supremo español el que fijó la citada cuantía hace años, pero la compañía se niega a aceptar las decisiones de los tribunales españoles. Además, ha defendido que no está obligada a pagar porque la armadora no le abonó en su momento las cuotas de la póliza. España quiere ejecutar este pago en Reino Unido y hace meses puso en marcha los trámites para lograr el reconocimiento de la sentencia en los tribunales británicos. La vista está previsto que se celebre el próximo mes de diciembre.
Durante estos últimos años, mientras España ha iniciado acciones en los tribunales españoles para depurar responsabilidades de la catástrofe, la aseguradora hizo lo propio en los tribunales británicos, lo que ha derivado en un fuego cruzado de pleitos que ha dilatado enormemente la resolución del caso. Por ejemplo, la aseguradora sostiene que un laudo arbitral dictado en 2013 (al que España no se presentó) ya determinó que las diferencias entre ambas partes deben ventilarse por la vía del arbitraje en la capital inglesa y recuerda que España ignoró este pronunciamiento mientras seguía actuando en la jurisdicción española.
La reciente decisión del juez británico, recogida en un escrito fechado este jueves 18 de junio al que ha tenido acceso Vozpópuli, respalda así la decisión de otro juez inglés que ya había dado su visto bueno a que la aseguradora pudiese iniciar un procedimiento arbitral contra España. El país aseguraba que este procedimiento vulneraba su inmunidad soberana y que los tribunales no eran competentes para pronunciarse, argumentos que el juez ha rechazado esta misma semana.
Tras escuchar a las partes en hasta cuatro sesiones celebradas entre febrero y abril y recibir sus últimas alegaciones el 15 de junio, el juez ha comunicado a las partes, vía Skype, que va a poner en marcha el procedimiento para designar un árbitro para dirimir las disputas entre la aseguradora y España.
La aseguradora explicó que España se había comprometido a que todas las disputas que pudiesen surgir serían sometidas a arbitraje en Londres. Además, apunta a que este asunto versa sobre un contrato comercial, no sobre un acto de España como entidad soberana, por lo que no procede reconocer ninguna inmunidad.
Por su parte, España explicó al juez que se había comprometido a someter a arbitraje las disputas iniciadas por el país contra la aseguradora, y no las iniciadas por la propia aseguradora. También había defendido que este procedimiento vulnera su soberanía.
Una madeja de pleitos
Este procedimiento, iniciado por la aseguradora hace algo más de un año, es uno más de la lista de pleitos iniciados para depurar responsabilidades por la catástrofe medioambiental que provocó el hundimiento del Prestige en 2002. El 22 de marzo de 2019, la aseguradora inició el proceso para pedir al juzgado que designase un árbitro para la causa. Fue entonces cuando España alegó inmunidad soberana y que el juzgado británico no tenía competencia para conocer el asunto, petición que se ha resuelto este mes de junio.
Ahora, según se desprende del escrito, el juez tiene previsto seleccionar un árbitro para dirimir los asuntos que se planteen. La aseguradora ha propuesto que sea el mismo que arbitra los asuntos con Francia (también partícipe en el pleito, aunque en menor medida), pero España ha trasladado que cree que lo adecuado es que sea una tercera persona para evitar conflictos de interés.
El juez concluye su escrito con una felicitación y agradecimiento a ambas partes por el rigor y calidad de sus exposiciones orales y escritas. España está representada en el proceso por el despacho Squire Patton Boggs y la aseguradora se ha puesto en manos del bufete Twenty Essex.
