No hay dos sin tres. Eso es lo que ha debido pensar Argentina después de que un juez español haya desestimado el 22 de junio el recurso de apelación presentado por YPF para tumbar el concurso de las sociedades españolas Petersen Energía (PESA) y Petersen Energía Inversora (PEISA), del Grupo Petersen, que tenía el 25% de las acciones de la petrolera antes de que fuera expropiada a Repsol en 2012, según consta en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli.
El rechazo del recurso de YPF, que pertenece en un 51% a Argentina, se suma al presentado por la República de Argentina, también tumbado por la justicia española a comienzos de junio, como adelantó El Confidencial y ha confirmado este diario. A estos dos pronunciamientos se suma que la justicia norteamericana, donde se dirime la cuantía de la indemnización, se ha declarado también competente para resolver el asunto y ha rechazado enviarlo a los tribunales argentinos. Argentina se juega la friolera de alrededor de 3.000 millones de euros de compensación a Petersen por la expropiación de YPF. Fuentes del caso apuntan que con los intereses la indemnización podría elevarse sustancialmente.
La guerra de Petersen contra Argentina por la expropiación de YPF se dirime actualmente en la justicia norteamericana y la española. En Estados Unidos, Petersen, junto con el fondo de financiación de litigios Burford, presentó una demanda contra Argentina e YPF para reclamar una indemnización. Alega que la expropiación de la petrolera desplomó el valor de sus acciones, impidió el cumplimiento de sus compromisos financieros y provocó la entrada en concurso de sus sociedades españolas. También cree que si Repsol fue indemnizada por la expropiación, sus sociedades también deberían ser compensadas.
La demanda está en manos de Loretta Preska, jueza del Distrito Sur de Nueva York, que por ahora ha inclinado la balanza a favor de Petersen. Argentina ha intentado sacar el pleito de allí para que sea visto por la justicia argentina, pero la jueza ha declarado su competencia en el asunto. Entre otras cosas, alega que YPF es una compañía cotizada en EEUU y que no hay ninguna colisión con la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera (FSIA, por sus siglas en inglés).
Y si en Estados Unidos pintan bastos para el país latinoamericano, en España el escenario no es mucho más halagüeño. Tras el inicio de acciones legales en Estados Unidos, Argentina e YPF lanzaron una ofensiva legal en la jurisdicción española para derribar el concurso de ambas sociedades dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Madrid.
Frentes en Madrid y Nueva York
Argentina e YPF quieren demostrar que la financiación del pleito en Estados Unidos se ha hecho de forma irregular. En concreto, aseguran que lo que se ha producido es una venta de los derechos del pleito a Burford y no una financiación del litigio. Si ambos demandantes lograsen demostrar esto, la demanda norteamericana quedaría totalmente descabezada porque se podría alegar que el titular de los derechos es Burford y no Petersen.
No obstante, por ahora la justicia española se ha posicionado en contra de los intereses de Argentina y su petrolera. Ambas han intentado desmontar el concurso tras iniciar acciones por la vía civil, pero sus intentos han caído en saco roto porque dos jueces diferentes les han remitido a la vía mercantil. Hace semanas se desestimó el recurso de Argentina (sección 20 de la Audiencia Provincial) y esta semana se ha hecho lo propio con YPF (sección 8 de la Audiencia Provincial).
Ahora, Argentina e YPF tienen que tomar una decisión. Por un lado, pueden iniciar acciones por la vía mercantil y tratar de convencer al juez que aprobó el plan de liquidación de ambas sociedades que hay irregularidades o bien pueden desistir y centrarse en el pleito en EEUU. Las fuentes consultadas por este diario apuntan a que Argentina seguirá adelante con la vía española.
En España, Garrigues asesora a Petersen, Allen & Overy está con Burford, Uría Menéndez lleva a Repsol y el decano José María Alonso asesora a Argentina e YPF junto a Fernando Bautista, exsocio de Freshfields. La administración concursal está en manos de Luis Armando Betancor y el abogado contratado por el administrador es Blas González.
