El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de paridad, que remitió al Congreso. Se trata de la última norma que ha entrado en la Cámara Baja y supone una de las cerca de 60 leyes que saltan por los aires con el adelanto electoral que ha anunciado Pedro Sánchez este lunes. La regulación de los lobbies, la Ley de Función Pública, la ley que regula la gestión del Plan de Recuperación y la Ley de Familias quedan dinamitadas este martes con la publicación en el BOE del Real Decreto que disuelve las Cortes.
Son 58 los proyectos de ley que tramitaban las Cámaras hasta este lunes, a lo que se suman tres proposiciones de ley que promueve el Grupo Socialista. A esto hay que añadir los anteproyectos que el Gobierno preparaba para cumplir con las exigencias de Bruselas en el Plan de Recuperación.
El mensaje que transmite Moncloa es que el Gobierno ya ha cumplido con sus principales reformas como la laboral y la de las pensiones, además de la Ley de Vivienda o la que crea los impuestos a banca, energéticas y grandes fortunas. Que la gestión de los fondos europeos está encarrilada y que ya se contaba con no presentar Presupuestos.
Con todo, algunas de las leyes pendientes son compromisos con la Comisión Europea o mandatos de la OCDE, que ahora sufrirán cuanto menos un importante retraso.
Es el caso de la Ley de Familias, que el Gobierno ha enmarcado en el hito 316 del Componente 22 "Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión", una norma que además introducía varios permisos, como el de ausencia por fuerza mayor familiar de cuatro días, el de 5 días para cuidado de convivientes o familiares, el parental de ocho semanas retribuido y el permiso por pareja de hecho de 15 días naturales.
Esta norma se anunció en la negociación de los Presupuestos de 2023 y el Gobierno ya ha amortizado algunos de sus mensajes sociales. Es el caso también de la Ley de Paridad, que se sacó a colación coincidiendo con el 8M y se validó la semana pasada. Pero no seguirá su curso ni entrara en vigor ahora cerca de las elecciones.
Otro compromiso con Bruselas que no se va a cumplir es la ley que regula los lobbies, el proyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, una norma que legislaba por primera vez en España sobre las relaciones entre los grupos de interés o lobbies y los altos cargos de la Administración General del Estado y el Sector Público.
Los conflictos en Hacienda, en suspenso
Otro hito prometido a Bruselas y el más polémico dentro de la Administración General del Estado es la Ley de Función Pública que tenía un trámite fundamental la semana que viene. Esta norma tiene en pie de guerra a los altos funcionarios del Estado, el Grupo A1, por permitir al próximo Gobierno reformar los grupos y niveles en la Administración a discreción en los primeros seis meses de legislatura.
Están especialmente combativos los inspectores de Hacienda, que han visto uno de sus peores temores materializados en forma de enmiendas de Podemos que buscan hacer inspectores a los técnicos sin los trámites hasta ahora exigibles, contra lo que preparaban una huelga.
Hacienda tiene otros dos proyectos que van a quedar en el tintero. En primer lugar, está ahora en trámite de audiencia pública una polémica reforma de la responsabilidad patrimonial que no cumple las exigencias que le impone la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que tumbó la reforma de Cristóbal Montoro de 2015.
E iba a entrar muy pronto a este trámite el anteproyecto de ley que adapta a la normativa española la tasa global a multinacionales, que ya estuvo en consulta pública en marzo. Se trata de una norma a la que hay que adaptarse en virtud de los acuerdos internacionales en el seno de la OCDE y la UE.
