Pinchazos y neumáticos rajados, roturas de lonas, lanzamiento de piedras, clavos, fuego y barricadas en las carreteras, sabotajes y fuego en camiones que deciden continuar con su actividad, agresiones, bloqueos con coacciones y violencia en puertos, lonjas, mercados mayoristas y centros logísticos, áreas de servicio y centros de transporte tomados... Un transportista de 33 años ha resultado herido en el abdomen por arma de fuego durante un forcejeo con un agente de paisano en San Fernando de Henares (Madrid). Un huelguista ha sido arrollado por un camionero que se saltó un cierre de carreteras en Asturias... la coacción y la violencia se han extendido por toda España en el paro del transporte que empezó el lunes y que impide el acceso a puntos de venta y ya amenaza la cadena de suministros de productos de primera necesidad para supermercados, medicinas para hospitales y materiales para la industria.
El secretario general de Transprime, Jordi Espín, ha señalado que la disrupción “es ya absoluta”. De hecho, ha continuado, “nos constan paros de fábricas en todo el país”. Todo esto se suma además a los efectos de la crisis de suministros y a los paros de la industria por el alza de los precios de la energía que ha disparado la invasión de Ucrania.
Ésta es la situación en la que se encuentran ahora mismo las carreteras y accesos de todo el país y ante la que el Gobierno promete toda la contundencia, pero a la que llega limitado por la reforma legal que aprobó él mismo hace menos de un año, que despenaliza a los piquetes.
"No se puede consentir ni tolerar que en un Estado democrático y de Derecho se utilice la violencia y la fuerza para impedir trabajar a quien quiere trabajar”. Se trata de un "boicot organizado por ultras, por la ultraderecha, que está tratando de someter al transporte", ha clamado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que ha anunciado que "se actuará con máxima contundencia" contra un "sector minoritario" dentro del transporte por carretera, en referencia a la Plataforma de Defensa del Transporte por Carretera, "que no está representado y que defiende reivindicaciones a través de la violencia y de la confrontación que no vamos a tolerar". "Las reivindicaciones pueden hacerse, pero no podemos tolerar que en un Estado democrático y de Derecho, un sector minoritario impida trabajar a los transportistas que sí quieren trabajar", ha recalcado en varias ocasiones, asegurando que en todo momento se busca "garantizar el bienestar de los ciudadanos y el sector se ha comprometido con ello".
En este mismo sentido se han pronunciado el ministro de Agricultura, Luis Planas, y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dado instrucciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para desplegarse por todos los puntos de la red vial donde se producen incidentes e identificar a los piquetes.
El 14 de abril de 2021, el Senado aprobó una ley que promovió el Gobierno que despenaliza a los piquetes. Se trata de una reforma del Código Penal que registraron UGT y CCOO en el Congreso y lideraron PSOE y Podemos por la que se deroga el artículo 315.3 del Código Penal, que establecía penas de cárcel y multas para "quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga". El artículo 315 del Código Penal, que penaliza al empresario que impide a un trabajador secundar una huelga y que incrementa las penas en caso de coacciones no se ha derogado.
Carlos Cano y Carmen Bajo fueron condenados a tres años y un día de prisión, más una multa de 3.655 euros cada uno, más una indemnización de 767 euros a cargo de Cano a los propietarios de un local por participar en un piquete informativo en la huelga general de marzo del 2012, en la que más de 300 sindicalistas fueron encausados. La Fiscalía pedía siete y ocho años de cárcel para Rubén Ranz (UGT) y José Alcázar (CCOO), respectivamente, y multas de 7.500 euros por su participación en piquetes en las huelgas generales de 2010 y 2012.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, saludó el "restablecimiento de libertades" de esta reforma en Twitter el pasado 14 de abril. La publicación de la norma en el BOE estuvo además envuelta en la polémica, ya que la Exposición de Motivos incluye una crítica directa al Gobierno de Mariano Rajoy, algo insólito en un texto legal. Allí se afirma que "con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno". El PP recurrió este texto al Tribunal Constitucional.
El argumento de que esta penalización de los piquetes viene del Gobierno del PP o de su reforma laboral no se sostiene, ya que el denominado delito de piquete de huelguistas se introdujo en el Código Penal de 1928 durante la dictadura de Primo de Rivera y lo rescató el Código Penal de 1995, durante el Gobierno socialista de Felipe González.
De hecho, los sindicatos no han pretendido atribuírselo directamente, pero sí que han apuntado a la Fiscalía, a la que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha acusado de cargar de manera inédita durante los años del Gobierno de Mariano Rajoy.
¿Qué implicaba la vigencia del artículo 315.3? De entrada, está claro que penas de cárcel y multas más elevadas, explica Víctor Sunkel, socio de Sunkel & Paz Penalistas, que subraya que el artículo está vigente desde 1995 y que la tipificación específica del delito puede tener distintas lecturas.
Medidas propagandísticas
En este sentido, Juan Pedro Cortés, director del Equipo de Penal Económico y Corporate Defense de Baker McKenzie, destaca que a pesar de la derogación del artículo 315.3, se mantiene el 172, que penaliza la misma conducta, aunque no específicamente en el caso de una huelga, pero que permite actuar en este sentido a la Fiscalía. A su juicio, la violencia de los piquetes del paro del transporte de ahora mismo pone en evidencia que la despenalización del Gobierno no era tal, al que se le pueden volver en contra medidas propagandísticas. Es decir, que si la Fiscalía quiere, puede realizar actuaciones similares, ya que los piquetes violentos siguen en realidad penalizados.
"Quien hace la ley, hace la trampa", advierte, "y quien deshace la ley, conoce la trampa", añade. Cuestión diferente sería que la Fiscalía actual no haya querido actuar hasta ahora contra piquetes próximos a los sindicatos mayoritarios pudiendo hacerlo, y que ahora sí quiera actuar contra estos piquetes del transporte a los que no amparan los sindicatos mayoritarios.
