La Dirección General de Tributos (DGT), el equipo de élite de Hacienda que se encarga de la labor legislativa de creación de impuestos y fijación de criterios y doctrina, se encuentra desbordada desde hace unos meses por una producción normativa incesante e improvisada y, sobre todo, que les viene impuesta desde fuera. Así lo trasladan fuentes conocedoras especialmente desde antes del verano, con la irrupción de los nuevos impuestos a banca -que lleva la rúbrica de José Luis Escrivá- y energéticas, y ahora el de grandes fortunas, que ha diseñado ERC.
De esta situación se ha hecho eco el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, en el XXII Congreso de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que se ha celebrado los pasados jueves y viernes en Granada. "Quiero poner en valor el trabajo de la Dirección General de Tributos en momento de tanta incertidumbre. El mérito de trabajar a este ritmo, con tantas prisas, y no provocar una catástrofe en una producción normativa incesante, que tiene que ser compatible con sus tareas habituales de contestación de consultas vinculantes, cuando muchas de estas novedades normativas vienen de fuera".
"Es una carga de trabajo muy elevada", ha insistido el secretario de Estado de Hacienda, que ha detallado que tiene "un impacto desigual en las subdirecciones", y ha reconocido que son "necesarios más medios en la del Impuesto sobre Sociedades y en la de fiscalidad internacional", y ha planteado que "habrá que remediarlo para que no se creen cuellos de botella".
Eso sí, Gascón ha negado que se esté produciendo un "pico de consultas", lo que fiscalistas consultados por Vozpópuli vienen denunciando en el caso de Sociedades.
En Tributos son 148 funcionarios que suponen el cuerpo legislador de los impuestos del Estado, frente a la Agencia Tributaria (AEAT), que ha de aplicar lo que establecen, y a menudo les toca desarrollar decisiones políticas de difícil encaje técnico.
Ahora mismo se encuentran desbordados tratando de llevar a un texto legal el impuesto a grandes fortunas que propuso ERC en 2020 en una enmienda a los Presupuestos de 2021 y que entonces la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descartó y no vio viable sin una reforma de la financiación autonómica y en ley orgánica.
Según anunció Hacienda el 29 de septiembre, el impuesto a grandes fortunas sería temporal para 2023 y 2024 -lo que ahora se repondera para 2022 y 2023- y afectará a una riqueza neta superior a los 3 millones de euros -con las mismas reglas que el Impuesto de Patrimonio, restando 300.000 euros de vivienda habitual-, con tres tramos: entre 3 y 5 millones, un 1,7%; entre 5 y 10, un 2,1%, y por encima de 10, al 3,5%.
La cuota que se abone en las comunidades será deducible respecto al Impuesto de Patrimonio, con lo que en principio se dirige contra la Comunidad de Madrid y Andalucía. El Fisco ve un potencial recaudatorio de 1.500 millones y 23.000 contribuyentes afectados, el 0,1%.
En Tributos temen no llegar a tiempo para tener lista la legislación de criptomonedas que preparan, una de las más restrictivas de la OCDE, en su intento de traducir el impuesto a grandes fortunas en un texto legal, que redactan a toda prisa para que empiece su tramitación y pueda estar aprobado antes del 31 de diciembre y entrar en vigor en 2022, según avanzó Vozpópuli. Y es que aunque primero anunció que estaría en vigor en 2023 y 2024 con un primer devengo el 31 de diciembre de 2023, Hacienda pretende adelantarlo un año.
Respecto al vehículo normativo del impuesto a grandes fortunas, del que se han anunciado unas líneas que calcan la enmienda de ERC, en Tributos eran partidarios de que se tramitara como proyecto de ley para hacerlo más garantista.
La firma de Escrivá
En lo que respecta al impuesto a la banca, en el que España se diferencia del resto de países de nuestro entorno, fuentes conocedoras advierten de que se había explorado ya desde 2018 -cabe recordar que es una de las peticiones tradicionales de Podemos-. Lo que llegaba a Hacienda entonces eran propuestas desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que presidía José luis Escrivá.
El ahora ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha trabajado como economista en el Banco de España y en BBVA Research y conoce bien al sector.
La propuesta es gravar un 4,8% la diferencia entre las comisiones e intereses netos cobrados y pagados de los mismos ejercicios, es decir, el margen neto. Esta fórmula exige lo mismo a las entidades financieras ganen o pierdan, lo que las deja en desventaja respecto a otros sectores y países, pero puede evitar los problemas recaudatorios del Impuesto sobre Sociedades. Preguntado por esta paternidad, Escrivá la ha negado.
Afecta a entidades si su diferencia bruta entre comisiones e intereses pagados y cobrados supera los 800 millones.
En el impuesto a energéticas, la contribución de Tributos es mayor pero también ha venido parcialmente de fuera. Y en los dos, banca y energéticas, el riesgo de repercusión al consumidor ha llevado a poner el control de la CNMC, como ya tenía Italia para su impuesto a las eléctricas.
Todo este ímpetu legislativo se ha tenido que acompañar con la orden en el último minuto de que se incluyeran rebajas fiscales a rentas bajas, lo que se ha hecho llevando más allá la rebaja del IRPF del Gobierno del PP en 2018, y con el golpe fiscal en el Impuesto sobre Sociedades a los grupos consolidados.
