La agencia Moody's cree que lo más probable es que la banca acabe pagando sólo a partir de ahora el impuesto por la firma de hipotecas, pero avisa de que si la Justicia aplica una retroactividad de cuatro años, la factura ascendería a 2.300 millones de euros.
En un informe remitido este martes, la agencia de calificación crediticia cree que existe una "alta probabilidad" de que el Tribunal Supremo (TS) confirme el próximo 5 de noviembre que la banca tendrá que pagar el citado impuesto de actos jurídicos documentados en la contratación de las nuevas hipotecas, pero no de las que ya están en vigor.
Esto le supondría al sector un gasto de 640 millones de euros anuales, según los últimos datos disponibles, dice la agencia, que espera que, aún así, el impacto sobre la rentabilidad de los bancos sea "limitado", pues tienen muchas formas de repercutir estos costes adicionales a sus clientes, como encarecer las hipotecas.
El problema potencial más grande para los bancos sería que finalmente se aplicara la retroactividad, aunque afectaría sólo a las hipotecas concedidas en los cuatro años anteriores, que es el período máximo durante el cual los impuestos no pagados pueden ser reclamados, según la normativa española.
En este escenario, dice Moody's, "no está claro" que la autoridad fiscal tenga derecho a exigir esos pagos de los bancos porque éstos habían cumplido con la regulación del impuesto aplicable hasta el día de la sentencia.
En el caso de un fallo negativo, la agencia espera que todos los bancos se vean afectados, pero destaca que las consecuencias podrían variar de manera significativa para los bancos regionales, porque el impuesto está transferido a las comunidades autónomas y cada una establece una tasa diferente.
Esta tasa oscila entre el 1,5 % que se aplica en Andalucía o Aragón y el 0,5 % en Navarra y en el País Vasco.
