El problema demográfico se agrava y ensombrece la sostenibilidad futura de las pensiones, recién reformadas y con un gasto al alza. En apenas cinco años, la natalidad ha caído casi un 20% en España, pasando de los 342.610 nacimientos registrados en los diez primeros meses de 2016 a 281.712 entre enero y octubre de este año.
De esta forma, la estimación que proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja casi 61.000 nacimientos menos ahora que cinco años atrás y choca con el aumento progresivo de la esperanza de vida (con una media de 84 años, según la Organización Mundial de la Salud) y el envejecimiento de la población.
Todas las comunidades autónomas han experimentado un descenso en la natalidad respecto a los datos de hace cinco años. No obstante, las mayores caídas se producen en parte de la 'España Vaciada', como Asturias (con un 26% menos de nacimientos que en 2016), La Rioja (-24%), Castilla y León (-23%) o Galicia (-22%).
También se perciben caídas por encima de la media (-18%) en grandes urbes como Madrid, donde la natalidad ha caído un 21%. Por su población, es la región donde más se sufrió este fenómeno demográfico en términos absolutos, con 10.888 nacimientos menos hasta octubre que en el mismo periodo de 2016.
Por contra, la natalidad se mantuvo más estable en otras regiones como Aragón, Murcia, Baleares, Navarra o la Comunidad Valenciana, con entre un 10% y un 15% menos de nacimientos que cinco años antes, según el INE.
Mientras tanto, el gasto en pensiones no deja de crecer y el reto presupuestario es cada vez mayor. La escalada de la inflación este año engordará el gasto en pensiones en cerca de 2.500 millones. Además, a partir del próximo año, se espera una revalorización del 2,5% con el Índice de Precios al Consumo (IPC), con lo que la factura total se incrementará en cerca de 6.000 millones, según los cálculos de Funcas.
Hay que remontarse doce años, hasta 2009, para encontrar una subida similar en las pensiones contributivas, cuando se revalorizaron un 2,4%. Además, al incremento de los precios se sumarán luego otros factores que puedan hacer crecer el gasto, como el aumento del número de pensionistas. La cuestión es quién pagará las pensiones futuras si la población en edad de trabajar tiende a reducirse.
El pacto firmado entre el Gobierno y los sindicatos -a espaldas de la CEOE- subirá las cotizaciones sociales 0,6 puntos (inicialmente, 0,5) durante una década con el fin de preservar las pensiones de los 'baby boomers'. Las empresas cargarán con 0,4 puntos y los trabajadores, con 0,2. Con esto, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, pretende engrosar el Fondo de Reserva en unos 42.000 millones.
Todo esto, cuando el propio Escrivá, como presidente de la AIReF, reclamaba al Gobierno de Pedro Sánchez en abril de 2019 no subir las cotizaciones sociales en ningún caso y alertaba de que en España se sitúan por encima de la media de la OCDE. Sin embargo, varias instituciones nacionales e internacionales han advertido que el aumento en el gasto que implicará la derogación de la reforma del PP de 2013 debe equilibrarse con otras destinadas a garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
La reforma no será suficiente
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, advirtió durante su comparecencia en la comisión de Presupuestos del Senado que la reforma de Escrivá, que ya ha pasado por el Congreso, "no es suficiente" para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social y se necesitarán medidas adicionales. La AIReF también ha avanzado que está analizando los efectos de la derogación de la reforma de 2013, cuyo fin implica un aumento de gasto de unos 3,3 puntos de PIB, y su sostenibilidad.
En el marco internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha alertado esta semana de que los ingresos de los mayores de 65 años equivalen en torno al 96% de los ingresos medios del total de la población, puesto que el gasto en pensiones por jubilado ha crecido a un ritmo mucho mayor que el salario medio.
En este sentido, ha alertado de la presión del envejecimiento en la sostenibilidad financiera, apuntando que el futuro de los sistemas de pensiones dependerá de que se adopte la decisión de elevar las cotizaciones, ampliar la edad de jubilación o reducir las prestaciones.
Los analistas de BBVA Research apuntan que "a diferencia de las reformas de 2011 y 2013, las medidas en 2021 aumentan el déficit previsto del sistema de pensiones y lo trasladan al Estado; incrementan las cotizaciones, encareciendo la creación de empleo; y reducen la equidad intergeneracional, a cambio de mayor carga presupuestaria sobre las generaciones más jóvenes".
España tiene una de las tasas de dependencia más altas de Europa, con una media de dos trabajadores por pensionista. Esta se disparará en los próximos años con la jubilación de la generación del baby boom. En aquellos años (entre 1958 y 1977) nacieron aproximadamente 13 millones de personas, con una media anual cercana a los 700.000. En 2020 ya nacieron la mitad, 341.000.
Se espera que para 2050 haya dos personas mayores de 65 años por cada tres en edad de trabajar. En este sentido, desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han apuntado en varias ocasiones que uno de los factores que podría ayudar a la sostenibilidad del sistema de pensiones sería un incremento en la inmigración que sume cotizantes.
