Tras la polémica acarreada por el Ayuntamiento de Madrid debido a la suspensión temporal de las sanciones de Madrid Central, posteriormente paralizada por la Justicia, el Gobierno regional parece dispuesto a recorrer un camino similar en cuanto a actuar al margen de la transición energética. Al contrario de lo que hizo en su día el Consistorio, bajo el mandato de la exalcaldesa Manuela Carmena, la Comunidad de Madrid no va a exigir a sus proveedores de electricidad que el suministro provenga en exclusiva de fuentes renovables.
Aunque por ahora no ha habido acuerdo para constituir el Gobierno regional tras las elecciones del pasado 26 de mayo, la Comunidad de Madrid ya prepara una gran licitación para elegir proveedores energéticos que suministren electricidad a las diferentes dependencias gestionadas por la Administración autonómica (principalmente, las sedes de sus consejerías y los centros hospitalarios públicos). Entre los requisitos que se exigirá a las comercializadoras interesadas no figurará la posesión del certificado que da fe de que la totalidad de la energía proporcionada proviene de fuentes renovables.
La Junta Central de Compras de la Comunidad de Madrid ya prepara un contrato que estará valorado en algo más de 110 millones de euros, con impuestos incluidos, según apuntan a Vozpópuli en fuentes del sector, y que estará dividido numerosos lotes, aunque con la posibilidad de presentarse a todos ellos por parte de los potenciales contratistas. En principio, está previsto que la licitación se lance después del verano.
Los planes de la Administración autonómica pasan por que el precio sea el principal criterio a la hora de adjudicar los diferentes lotes, en tono a una veintena. Pero, en ningún caso, se incluirá una exigencia medioambiental, como sí hizo el Ayuntamiento. El contrato de suministro de energía eléctrica comprende un periodo de año y medio, que podría prorrogarse durante seis meses más.
Gobierno en el aire
Actualmente, Partido Popular, Ciudadanos y Vox negocian para alcanzar un acuerdo de investidura que permita formar un Gobierno en la Comunidad de Madrid. Estas tres mismas formaciones pactaron el nombramiento del popular José Luis Martínez-Almeida como alcalde de la capital.
Una de las primeras medidas de la nueva corporación municipal fue la suspensión temporal de las sanciones por el acceso a Madrid Central hasta que el equipo de Gobierno tomara una decisión definitiva sobre la reformulación que quiere llevar a cabo del sistema para reducir la contaminación en la capital.
La decisión provocó una fuerte polémica debido a que, hasta que la Justicia paralizó temporalmente la suspensión de las sanciones, los niveles de contaminación en la almendra central de Madrid se elevaron. Las críticas arreciaron contra el Ayuntamiento, al que acusaron de actuar en contra de la transición energética.
El precedente del Ayuntamiento
Bajo el mandato de Carmena, el Consistorio decidió que para su contrato de electricidad solo contaría con comercializadoras 100% renovables, aquellas que contaran con el certificado expedido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que da fe de que la totalidad de la energía distribuida es de origen limpio. La decisión provocó que la mayoría de los grandes grupos del sector quedaran fuera del proceso y que optaran por crear comercializadoras que obtuvieran el mencionado certificado para no quedarse fuera en futuros concursos.
Ahora, la Comunidad de Madrid volverá a apostar por el modelo tradicional. Si finalmente PP, Ciudadanos y Vox acuerdan formar gobierno, la alianza sumará otra actuación contra la transición energética.
