Este miércoles había un examen clave para España en el Parlamento Europeo. El debate abierto para reformar el modo en la que se produce, distribuye y comercializa la electricidad llega a la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo, ITRE en sus siglas en inglés. El Gobierno, con Teresa Ribera a la cabeza, presentó en enero una propuesta que ha quedado muy diluida del texto oficial que se revisan los grupos parlamentarios. 

“El debate ha sido intenso, de nuevo, por las diferencias que existen entre los países miembros y la fuerte sensibilidad que crea este tema en el sector eléctrico”, explican a Vozpópuli fuentes que han seguido este proceso desde la Eurocámara. “Los socialistas europeos han cedido en sus propuestas iniciales y existe una posición común el Partido Popular Europeo, Renew y los Verdes. El texto se aprobará este miércoles por estos grupos y la votación en el plenario del Parlamento Europeo del próximo 11 de septiembre será un trámite”, añaden. 

Como viene informando este medio desde enero, la ‘voz cantante’ de este proceso la lleva el socialista ‘gallego’ Nicolás González Casares. Un eurodiputado cercano a Teresa Ribera, que ha mantenido encuentros con la ‘gurú energética’ de la ministra, Natalia Fabra, y que se ha reunido con miembros del equipo del Ministerio para la Transición Energética en este proceso. González Casares ha tenido que ceder en sus posiciones para cerrar una posición común que él mismo como portavoz de la propuesta negociara con el Consejo Europeo y la Comisión Europea a partir de septiembre (los denominados Trílogos).

La propuesta ‘suave’ que llegó al Parlamento desde la Comisión Europea recibió más de 1.000 enmiendas por parte de los partidos y el acuerdo entre las cuatro partes ha alejado esta propuesta del plan intervencionista del Gobierno. “La estabilidad de precios y la seguridad de suministro energético sólo llegarán si aprobamos esta reforma del mercado eléctrico europeo. Era necesario proteger a los consumidores frente a posibles crisis energéticas como la que hemos atravesado este año”, señala la eurodiputada de Ciudadanos, Susana Solís, perteneciente al grupo del Parlamento Europeo Renew, que ha participado en este proceso. 

¿Qué contempla el acuerdo?

El texto ha retirado el límite máximo, el denominado ‘cap’ en inglés, a los ingresos de los productores. Una medida por la que apostaba González Casares en su propuesta inicial. Su medida apostaba por un tope a los ingresos de las tecnologías inframarginales, como las nucleares o la hidráulica, y una limitación temporal de los beneficios extraordinarios en situación de crisis, como herramienta transitoria.

Los cuatro partidos han pactado que la declaración de situación de crisis necesite que los precios en los mercados mayoristas sean, al menos, 2,5 veces mayores que el precio medio de los últimos 5 años y que se mantengan durante 180 días (6 meses). El plan español quería que, para declarar esta crisis, solo fuera suficiente la voluntad de los gobiernos. 

El otro punto de debate del Parlamento eran los contratos por diferencia o CFDs, que en el primer plan español se proponían “obligatoriamente” el único recurso. La contratación a plazo y la penetración de renovables es clave en el futuro del mercado eléctrico. Por eso, el debate ha sido intenso sobre los contratos de compraventa de energía a plazo privados (PPAs) y los contratos bidireccionales por diferencias (CfD), donde los inversores se comprometen a entregar un volumen de energía en un plazo concreto a un precio predeterminado de antemano, fruto de una subasta, y donde la contraparte es el sistema eléctrico.

Estos CFDs se aplicarán con el acuerdo sólo a las centrales nuevas y a algunas existentes en caso de inversiones destinadas a ampliar, reequipar o extender su vida útil. “La promoción de los PPAs y su convivencia con los CfDs, dónde sean necesarios, es un punto favorable, pero analizando en detalle el diseño concreto de los CfDs y sus posibles impactos, con el fin de evitar distorsiones y, en todo caso, permitiendo a los agentes elegir las opciones que consideren más adecuadas”, explicaban los expertos de la consultora EY en un reciente informe. 

Por último, el texto oficial del Parlamento incluye que los ingresos públicos procedentes de los CFD, si el precio de mercado es superior al garantizado por el Estado, debe distribuirse entre los consumidores dando prioridad a los más vulnerables. “Si bien el modelo energético actual era eficiente, lo cierto es que estaba demasiado centrado en el corto plazo, reflejando la volatilidad de los precios de la energía durante la crisis energética. La propuesta que hoy tenemos sobre la mesa busca estabilizar los precios de la energía, fomentando los contratos a largo plazo”, comenta Susana Solís.

Siguientes pasos tras el Parlamento

La propuesta se ha aprobado este miércoles con 55 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones. Ahora, se abre la puerta a iniciar los trílogos con la Comisión Europea y el Consejo Europeo para avanzar en una propuesta definitiva.

“Con este acuerdo, el Parlamento pone a los ciudadanos en el centro del diseño del mercado eléctrico, prohibiendo a las empresas cortar el suministro eléctrico a los consumidores vulnerables y en riesgo, promoviendo el derecho a compartir la energía, reduciendo los picos de precios y promoviendo precios asequibles para los ciudadanos y empresas”, explicaba tras la aprobación Nicolás González Casares. “Convertimos a los CfD en el sistema de referencia para alentar al sector eléctrico a hacer la transición hacia un sistema de cero emisiones basado en energías renovables. Un sistema que permitirá mejorar la competitividad de las empresas a través de electricidad limpia a precios competitivos y estables”, agregó.

El Consejo, también bajo la presidencia de España, todavía tiene que consensuar su posición y está previsto que lo intente en septiembre. En ese organismo, el principal obstáculo es aceptar el esquema de CFD para las centrales nucleares de Francia y las centrales de carbón de Polonia. Estos esquemas de ayudas son rechazados por Alemania que teme que sean un freno a la transición energética. Un tema que se abordará de nuevo tras las elecciones generales en España. 

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