Artur Mas se ha convertido en el pensionista español que mayor prestación pública percibe: casi 92.000 euros anuales. El 129 expresident del Ejecutivo de Cataluña cumplió el 31 de enero los 65 años y, unos días después, según fuentes de la Generalitat, solicitó la pensión vitalicia que fija el artículo 3 del Estatuto de los expresidentes, aprobado en 2003 por los grupos políticos de esta región.
Este artículo señala, textualmente, que “cuando lleguen a la edad de sesenta y cinco años, tienen derecho a percibir una pensión vitalicia consistente en una asignación mensual igual al 60% de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo de presidente o presidenta de la Generalitat”. El sueldo actual del jefe de Gobierno catalán es de 153.235,50 euros, unos 68.000 euros más que el del presidente del Gobierno. Por tanto, Mas ha empezado a cobrar desde febrero, tras el reconocimiento de la vicepresidencia económica, una pensión pública no contributiva de 7.662 euros mensuales (60% de ese sueldo, es decir, 91.941,30 euros anuales). Esta cifra podría incrementarse en los próximos meses si la nómina del actual president se eleva cuando se aprueben unos nuevos Presupuestos autonómicos. En este supuesto, la pensión de Mas se acercaría a los 8.000 euros mensuales.
El exdirigente catalán, que fue condenado a un año y un mes de inhabilitación para empleo o cargo público (el Supremo rebajó un año la pena inicial) por un delito de desobediencia por la organización de la consulta independentista del 9-N de 2014, ha echado mano también en los últimos años de otro blindaje más fijado en el Estatuto: una asignación del 80% del sueldo presidencial durante cuatro años como mínimo. De esta forma, durante los últimos cuatro años (desde 2017 a enero de 2020) ha percibido un montante de 365.598 euros (unos 10.000 euros mensuales) así como otros 132.411 euros para la dotación de su oficina representativa (se excluyen otros gastos de personal a su servicio). En total, el retiro de Mas le ha costado a la Generalitat en estos años al menos medio millón de euros.
Otros privilegios de Artur Mas
Ahora ha accedido a la pensión, para la que cuenta además con una dotación añadida para su oficina, cuyo coste se desconoce en la actualidad, pero que llegó a los 35.000 euros anuales para los anteriores expresidentes. También hay que añadir a todo esto tres puestos de trabajo adscritos a su servicio a cargo de la Generalitat, así como un automóvil de representación con chófer y los servicios de seguridad necesarios.
La ley establece también que esa pensión vitalicia puede ser ‘traspasada’ a su cónyuge en caso de fallecimiento (50% de dicha pensión) o de sus hijos menores hasta alcanzar la mayoría de edad.
Este blindaje público, que los dirigentes catalanes consiguen por el mero hecho de jurar el cargo, es un 142% superior a la pensión pública máxima de la Seguridad Social, que no llega a los 38.000 euros, para la que hay que cotizar durante al menos 37 años con bases elevadas en los últimos 24 años. Si tuviera que percibir la pensión pública de la Seguridad Social (o de Clases Pasivas), no alcanzaría la percepción máxima ya que sólo se le conocen unos 30 años de cotización, todos ellos en cargos públicos.
Esta pensión vitalicia que fijó el parlamento catalán hace casi 20 años fue replicada en los correspondientes Estatutos de expresidentes de comunidades como, por ejemplo, Andalucía, País Vasco o Extremadura. Sin embargo, todas las regiones, salvo Cataluña, han ido suprimiendo este privilegio, aunque han ido configurando un colchón de ayudas a través de su incorporación prácticamente vitalicia en los innecesarios consejos consultivos de las comunidades (la versión del Consejo de Estado nacional) con muy poca actividad pero con sueldos muy por encima de la media en las Administraciones Pública y muy superiores a cualquier pensión.
El sueldo actual del jefe de Gobierno catalán es de 153.235,50 euros, unos 68.000 euros más que el del presidente del Gobierno
Esta pensión pública no contributiva de Mas, que también percibe Pasqual Maragall, no corre a cargo de la caja de las pensiones. Se asigna a los Presupuestos catalanes, que, como sucede en todas las autonomías, cuenta con importantes aportaciones estatales. Se trata de una argucia legislativa, pero de dudosa legalidad, para superar los límites de la pensión también pública de la Seguridad Social. De esta forma, se ha creado un sistema público exclusivo de protección que garantiza el futuro económico de los dirigentes políticos (también el Parlament catalán tiene establecido estos privilegios) cuando abandonen la actividad, y que se ha revestido de un injustificado halo de recompensa por sus servicios prestados.
Esta norma “ad hoc” creó una cierta suspicacia jurídica cuando se configuró ya que la Ley de los Presupuestos Generales del Estado, que fija cada año la cuantía máxima de cualquier pensión pública, es una norma Básica. Es decir, es de rango legal superior a la normativa autonómica y de obligado cumplimiento para todo el conjunto del Estado español. Pero, ningún Gobierno o partido político se ha atrevido a recurrir esta Ley catalana antes los órganos judiciales correspondientes. Ni siquiera los presidentes del Gobierno y los ministros gozan de este privilegio, ya que tendrán la pensión que les resulte de sus cotizaciones.
Fue UCD a principio de los años ochenta quien canjeó las pensiones vitalicias de los ministros de Franco (y de los primeros miembros del Gobierno de la democracia) por una indemnización de dos años a su salida de la actividad política (extendida a todos los altos cargos públicos). Rajoy moduló este dispendio en 2012 incompatibilizando su cobro con la percepción de cualquier sueldo público o privado.
Ningún grupo catalán ha propuesto cambio alguno a pesar de la crisis económica y del elevado déficit y deuda de las cuentas públicas. Ni siquiera se ha plateado unificar estos privilegios a la de los cargos políticos nacionales.
En total, el retiro de Mas le ha costado a la Generalitat en estos años al menos medio millón de euros
Curiosamente, el candidato socialista a las últimas elecciones de esta comunidad, Salvador Illa, incluyó como oferta estrella la de reducir el sueldo del president un 30% si llegaba a gobernar (hasta unos 108.000 euros), pero se olvidó de incluir la modificación de estas prebendas de los ex presidentes y en particular la pensión vitalicia.
Los únicos cambios normativos que se han producido han sido para garantizar la percepción de estos blindajes cuando la mayoría de sus dirigentes están o han estado inmersos en procedimientos judiciales por sus presuntas actuaciones en el proceso independentista o, por ejemplo, en escándalos económicos. Así, tras el escándalo en 2014 de la ocultación de dinero en Andorra durante décadas del ex president Jordi Pujol, que empezó a cobrar la pensión vitalicia a partir de 2003, en 2015 el Parlament catalán modificó el Estatuto. Estableció que los derechos y prerrogativas reconocidos “son renunciables”, pero voluntariamente. Y Pujol renunció.
También se determinó que estos privilegios pueden ser revocados total o parcialmente si el pleno de la Cámara decide que ya no concurren “las condiciones de honorabilidad necesarias”. No se definió qué se entiende por “honorabilidad”, pero sí estipuló que la revocación debería ser aprobada por dos terceras partes del Parlamento. Y no hay que olvidar que más de dos tercios de la Cámara se encuentran en manos de la representación independentista. En todo caso, en el texto (articulo 8) se indica que la posible revocación será “por razón de hechos conocidos o que puedan constatarse, o en caso de condena penal firme”. Sin embargo, nunca ha actuado el Parlament para revocar a anular total o parcialmente alguna de estas prerrogativas a cargo de los Presupuestos.
Ni siquiera los presidentes del Gobierno y los ministros gozan de este privilegio, ya que tendrán la pensión que les resulte de sus cotizaciones
En la actualidad, Mas y Maragall son los dos únicos ex presidentes que cobran esta pensión vitalicia. José Montilla empezó a percibirla en 2020 (antes accedió al 80% de su sueldo como indemnización mensual así como a la dotación conjunta de más de 212.000 euros desde 2015 años para su oficina personal), pero renunció a ella a partir de julio de 2020 ya que la percepción era incompatible con el sueldo como consejero independiente tras su fichaje por Enagás con una nómina sustancialmente mayor (cerca del doble). Puede acceder de nuevo a la pensión vitalicia cuando quiera y no tenga otros ingresos.
Puigdemont y Torra cobrarán más
Por su parte, el ex president ‘fugado’ tras el referéndum de independencia, Carles Puigdemont, podrá cobrar esta pensión de por vida dentro de seis años (cuando cumpla los 65 años). No ha percibido la indemnización del 80% del sueldo porque era incompatible con el de parlamentario catalán en un principio y de eurodiputado después, pero si ha recibido al menos 55.000 euros para la financiación pública de su oficina excluyendo costes de personal y seguridad.
Por su parte, Quim Torra, inhabilitado para cargo público y condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como autor de un delito de desobediencia (tuvo que dejar la presidencia), podrá percibir también esta pensión, también dentro de seis años, Pero, será superior a esos 92.000 euros fijados ahora porque el sueldo del president será más elevado. Durante los tres últimos meses de 2020 recibió 30.000 euros (10.000 euros mensuales) correspondientes a la indemnización del 80% del salario mensual del president. Pere Aragonés también podrá acceder a estas prebendas en su momento. La Generalitat se ha gastado cerca de dos millones de euros en mantener estos ‘sueldazos’ en los últimos cinco años.
