Plus Ultra ha presentado este miércoles en el Juzgado de Instrucción Nº 15 de Madrid la documentación requerida por la magistrada que instruye el caso, Dña. Esperanza Collados, con la que trata de demostrar las necesidades financieras para garantizar actividad de la aerolínea, y para la que se hace indispensable que se produzca el desembolso del importe del préstamo participativo comprometido por el Fondo de Ayuda a la Solvencia a Empresas Estratégicas de la SEPI.
Según la aerolínea, la "paralización del desembolso del segundo préstamo acordado pone en grave riesgo el cumplimiento del Plan de Viabilidad en el que se sustentó la medida de apoyo financiero concedida". Por ello, "ha presentado al Juzgado dos documentos: un escrito que incluye las alegaciones de la compañía ante la materia requerida", tal y como adelantó Vozpópuli, "y un informe pericial encargado a un auditor de cuentas independiente que concluye que la aerolínea necesita recibir el préstamo participativo pendiente para garantizar su viabilidad tras los efectos que ha causado la pandemia en su operativa".
Este segundo escrito responde a un requerimiento concreto de la juez, que el pasado jueves dio cinco días a la compañía aérea para que "acredite la necesidad de entrega del préstamo". Lo hizo en el auto en el que ordenó paralizar la entrega a Plus Ultra de los 34 millones de euros que forman parte del rescate a la aerolínea y que se debían desembolsar el 28 de julio, para que la empresa acredite que realmente necesita este préstamo para pagar a acreedores.
"Ya ha sido valorado"
En cuanto al escrito de oposición al peritaje, la defensa de Plus Ultra alega falta de motivación y sobre todo "falta de pertinencia, necesidad y utilidad de la prueba pericial acordada, en tanto que viene a remitir a la valoración de un experto, aquello que ya ha sido valorado por una pluralidad de autorizados estudios aportados a las actuaciones y respecto de los que, hasta lo aportado a la causa, no cabe atribuir razón alguna de duda o tacha".
Entre otros informes, cita los realizados por Daiwa Corporate Advisory (DC Advisory), que fue contratado por SEPI, como proveedor externo e independiente de servicios de apoyo, para evaluar la solicitud apoyo financiero mediante el acceso a la financiación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la propia agencia pública.
En este informe, argumenta la sentencia, se analizan entre otros el
cumplimiento de los criterios de elegibilidad y proporcionalidad de la ayuda. A este documento se une un análisis legal realizado por una consultora independiente sobre aspectos fiscales y laborales, en el que se incluye el análisis del cumplimiento de los criterios de
elegibilidad.
El paquete se completa con un informe de análisis de actividad de la compañía Aérea Plus Ultra del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana; otrode la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, (AESA) acerca de la situación económica-financiera de Plus Ultra Líneas Aéreas, S.A. y otro informe elaborado por la propia SEPI.
Según la defensa se trata de documentos que ya obran en la causa, y que constituyen "estudios detallados en sus análisis y realizados y firmados por equipos de expertos que han acreditado su solvencia técnica adecuada para la realización de un análisis crítico y exhaustivode la solicitud". Añade que igualmente constan acreditados la documentación e
información analizada y sus anexos, así como toda la documentación que fue aportada inicialmente y en las ulteriores subsanaciones realizadas a requerimiento de SEPI durante la instrucción que se ha llevado hasta ahora del procedimiento.
Un rescate en dos tramos
El Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid investiga el rescate por importe de 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales concedió a Plus Ultra para mantenerla a flote, y que Vox y PP, ambos personados en la causa, consideran irregular.
El propio FASEE comunicó a la juez el pasado 14 de julio que en dos semanas se cumplía el plazo para efectuar el segundo pago del rescate a Plus Ultra, por importe de 34 millones de euros, ante lo cual Collazos dio traslado a las partes para que se pronunciaran.
La Abogacía del Estado, que representa a los miembros del Consejo Gestor del FASEE, alegó que se debería pagar, reivindicando "la plena legalidad del apoyo financiero otorgado" a Plus Ultra, aunque subrayando que, dado que no tiene "particular interés" en que se haga el desembolso, comparte el "principio de prudencia".
La Fiscalía de Madrid, por su parte, interesó "requerir a Plus Ultra a efectos de que en el término más breve posible acredite la necesidad de entrega del préstamo participativo de 34 millones de euros (...) para pago a acreedores, proveedores, etc".
La SEPI, a través del FASEE, concedió "un apoyo financiero público temporal" a Plus Ultra, a petición de la propia aerolínea, que se estructuró en dos partes: un préstamo ordinario de 19 millones de euros con vencimiento a cinco años que ya se ha entregado, y un préstamos participativo de 34 millones a devolver en siete años, que estaba pendiente y ahora se ha suspendido.
Collazos ya ha incoado diligencias previas contra el que fuera presidente de la SEPI y su actual vicepresidente, Bartolomé Lora, y contra los miembros del Consejo de Administración por una presunta malversación en la tramitación de la ayuda pública. Su citación, no obstante, dependerá del peritaje que se ha encargado, y que la compañía rechaza.
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas ha archivado la investigación que incoó a instancias de Ciudadanos sobre posibles responsabilidades contables en la concesión de la ayuda.
