Salvando las distancias, la historia se repite. Alberto Núñez Feijóo tiene muchas papeletas para asumir la hazaña que acometió el anterior gabinete del PP. Mariano Rajoy encargó a Luis de Guindos la desagradable misión de ajustar todo lo que había desajustado José Luis Rodríguez Zapatero. Una docena de años más tarde, emerge en Génova el 'deja vu': si el político gallego doblega a Pedro Sánchez en noviembre, tendrá que sacar la tijera nada más llegar.

Lo tienen más que asumido en la sede nacional del PP. "Mejor que nos dejen hacerlo a nosotros”, afirma, con cierta sorna, un alto dirigente del partido. Feijóo se deja aconsejar estos días por directivos y economistas 'top', desde Pablo Isla a Guindos. Paralelamente, su ‘capitán’ económico, Juan Bravo, absorbe la información de los ‘comandos’ activados en las regiones. 

El líder popular es plenamente consciente de que en sus primeros 100 días de gobierno debería adoptar medidas dirigidas no sólo al electorado. También, o sobre todo, a Bruselas y a los 'halcones' de la UE, que llevan tiempo mirando con recelo el gasto público de España. Hay cifras que atufan demasiado a dispendio: pese a la recaudación récord (Hacienda ingresó 34.000 millones ‘extra’ en 2022 gracias a la inflación), el déficit rebasa en 25.000 millones, el límite que aconsejan las autoridades comunitarias (3%).

"Con una recaudación fiscal récord, se lo gastan todo y, además, suben la deuda. No he visto nunca un Gobierno tan voraz y tan ineficaz", aseveraba el propio Feijóo hace unos días en la redacción de Vozpópuli, entrevistado por Alberto Pérez Giménez y Jesús Ortega.

Una parte importante del gasto se ha convertido en estructural y, por tanto, es mucho más difícil de cercenar. Un gran ejemplo es la factura de la revalorización de las pensiones con el IPC, que ha endosado al sistema un coste extra cercano a los 16.000 millones. Para tapar este y otros agujeros, el Ejecutivo ha decidido esta semana incrementar considerablemente la carga que soportan las empresas y los asalariados con nóminas más altas, vía cotizaciones. Eso, a juicio de Génova, es una clara "ineficiencia". O una irresponsabilidad.

El economista José María Rotellar calcula que el gasto estructural total se ha incrementado en 53.000 millones desde el inicio de la legislatura. “No es una elección, sino una imperiosa necesidad que habrá que hacer más temprano que tarde y que cuanto más se retrase, más recorte supondrá, de una manera más dura y, posiblemente, entonces, vendrá ordenado desde fuera”, escribía esta semana en Libre Mercado.

Lo saben en Génova desde el mismo instante en que Feijóo heredó el despacho de Pablo Casado. Por eso, y por desgracia, los populares buscan ya ‘hombres de negro’ que identifiquen por dónde hay que empezar a amputar. Una limpieza ejecutada desde dentro siempre es mejor que un tajo ordenado desde fuera. Al líder PP no le quedará más remedio si se instala en La Moncloa. El fin de sus primeros cien días como presidente coincidiría con la primavera. Y ese es el momento en que la Comisión Europea comenzará a medir los esfuerzos de los países miembros.

Una limpieza ejecutada desde dentro siempre es mejor que un tajo ordenado desde fuera. En Génova lo tienen claro: "Que nos dejen hacerlo a nosotros"

Lo avanzó este miércoles el Ejecutivo comunitario, tras confirmar el retorno de las reglas fiscales, desactivadas desde el inicio de la pandemia. En los próximos meses, Bruselas y los gobiernos de la Eurozona trabajarán en la definición de nuevos límites para el déficit y la deuda, con la meta fijada en 2026. El objetivo es establecer reglas que se adapten a las particularidades y los esfuerzos de cada economía.

Ahora bien, la Comisión Europea ya ha avisado de que, a partir de enero de 2024, los países miembros deben empezar a apretarse el cinturón. Si Feijóo es presidente, tendrá que dar la cara en la capital belga y presentar un plan creíble de recorte de gasto. Algo que a España le sobra, por culpa de una manirrota y terca coalición de Gobierno. 

De momento, no habrá sanciones. Pero la mera advertencia comunitaria no sería un plato de buen gusto para un presidente recién aterrizado. Lo que busca Bruselas es sacar los colores de los alumnos menos aplicados, delante de quienes sí lo son. Y se da la circunstancia de que estos últimos son los que pueden apretar las tuercas sobre el control de los fondos europeos. La alemana Monika Hohlmeier ya ha abierto el camino, con su reciente misión a España, que culminará con la presentación de un informe en el Parlamento Europeo.   

En la sala de control de Génova manejan ya documentos bien trabajados sobre el exceso de gasto público y hay diálogo con sus autores. El Instituto de Estudios Económicos (IEE), encabezado por Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, fue uno de los primeros en calcular cuánto pesa esa ‘grasa’: 60.000 millones de euros. 

El Círculo de Empresarios coincide casi en la cifra: 49.000 millones. Hace un mes, su presidente, Manuel Pérez-Sala, presentó un informe que esclarecía las partidas susceptibles de recibir los primeros tijeretazos. En el trabajo arrimó el hombro Ricardo Martínez Rico y los profesionales de Equipo Económico.    

Mucho gasto y poca eficiencia

Feijóo cuenta con información suficiente sobre el gasto estructural heredado. También sobre las ineficiencias recientes, las que ha logrado el Ejecutivo de Sánchez con su empeño de no focalizar correctamente las ayudas contra la crisis. El estudio más reciente lo ha elaborado Freemarket, a las órdenes del economista Lorenzo Bernaldo de Quirós. “El coste presupuestario de las medidas adoptadas por el Gobierno no guarda proporcionalidad alguna con los beneficios percibidos por los hogares situados en los escalones más bajos de la distribución de la renta”, señala. 

El informe pone cifras a la paradoja de la escasa productividad del dinero invertido: pese al gasto ingente, los pobres siguen siendo igual o más pobres. “España es, junto a Italia, el país estado europeo en el que el sistema de asistencia social contribuye menos a reducir el porcentaje de la población en riesgo de pobreza, antes y después de la contracción económica generada por la pandemia”, concluye.

A estas alturas, a dos meses de las elecciones autonómicas y municipales, Génova cuenta con ejemplos sobrados de lo que hay que hacer y lo que no. Hasta ahí el camino es fácil. Lo complicado es llevar a la práctica el tijeretazo y lograr la comprensión de los millones de españoles que sufrirán los primeros ajustes. Incluidos los que votan al PP.

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