España lleva viviendo unos años en permanente estado de campaña electoral y no solo por el número de comicios que se celebran, que también, sino por la enorme polarización de las fuerzas políticas en las distintas administraciones, que alimenta el enfrentamiento verbal perpetuo.
Las elecciones municipales y autonómicos han sido un ejemplo de la insalvable distancia que separa los credos de las principales formaciones políticas de nuestro país. La convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio va a convertir los informativos de televisión de las grandes cadenas nacionales en debates permanentes acerca de quién lo ha hecho peor o quién ofrece más promesas por menos precio.
La primera gran propuesta no ha tardado mucho en salir a la palestra desde que el pasado 29 de mayo Pedro Sánchez disolviera Las Cortes. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, y líder de Sumar, anunció hace unos días la intención de su formación política de subir todos los impuestos (IRPF, Sociedades, a grandes fortunas, medioambientales, digitales...) con la excepción del IVA. Ha llegado a plantear, incluso, la posibilidad de hacer una fiscalidad diferenciada para las mujeres. Y eso, todavía a mes y medio de la cita con las urnas.
El argumento esgrimido por Díaz es recurrente siempre que se trata de subir la fiscalidad que soportan empresas y ciudadanos en nuestro país: acercar la recaudación por impuestos y contribuciones sociales a la media europea. Pero se sostienen cada vez con más dificultad con los datos.
De acuerdo con las últimas cifras publicadas por Eurostat para el conjunto de la Unión Europea y algunos países del Espacio Económico Europeo, correspondientes al año 2021, España ocupaba el decimotercer lugar sobre treinta países en la clasificación de presión fiscal, con un 39%, frente al 41,7% de la media de la UE y el 42,2% de la Eurozona. Este porcentaje define el peso de la recaudación de los estados por impuestos y cotizaciones sociales en relación con el Producto Interior Bruto.
Es cierto, como denuncia la líder de Sumar, que hay una brecha de entre dos y tres puntos porcentuales entre España y la media de la UE, pero también lo es que los servicios que prestan a sus ciudadanos más vulnerables países como Dinamarca, Austria, Suecia, Noruega o Finlandia, por citar algunos de los que más presión fiscal soportan, nada tiene que ver con lo que se hace en nuestro país.
El Instituto de Estudios Económicos ha diseñado lo que denomina “esfuerzo fiscal”, una relación entre la presión fiscal y el PIB per cápita de cada país, toda vez que no es lo mismo pagar una determinada cantidad de impuestos con un nivel de renta que con otro. En esa comparación, España sale mal parada. Si se tiene la media de la UE como base 100, el esfuerzo fiscal de España sube al 152,8, mientras Dinamarca baja al 85,8; Luxemburgo, al 36,7; Suiza, al 36 e Irlanda, al 26,3%. Francia está en el 131,6% y Alemania, en el 95,8.
En 2021, Dinamarca era el país que mayor presión fiscal soportaba al suponer los ingresos tributarios y las contribuciones sociales un total de 164.280 millones de euros, el 48,8% de su Producto Interior Bruto. En 2021, el conjunto de la Unión Europea recaudó por impuestos y cotizaciones sociales 6,06 billones de euros, un 9,25% más que en el ejercicio 2020, lo que supuso 512.478 millones de euros más. La Eurozona recaudó cerca de 5,1 billones de euros, un 9,1% más. En España, según Eurostat, se recaudaron 470.937 millones de euros por estos conceptos, 49.530 millones más que en 2020, con un crecimiento del 11,75%.
Presión fiscal por países
Eurostat no publicará hasta el próximo mes de octubre los datos comparativos de los países de la Unión Europea de 2022, pero algunos informes adelantan las cifras y la situación de cada uno de los países. Es el caso del Instituto de Estudios Económicos, que asegura que con la base 100 para el conjunto de la UE, la presión normativa fiscal en 2022 fue para España del 116,4%, en una clasificación que encabezan Francia, con 133,5, Italia (127,9) y Portugal (124,5), y que cierran Estonia (53,2%) y Letonia (68,0). La media de los países de la OCDE se situó el pasado año en 99,6.
Este informe del IEE adelanta que la presión fiscal el pasado año alcanzó en España el 42% y subirá al 42,3% en relación con el PIB en el presente ejercicio. El problema no es solo el nivel que se ha alcanzado, que desmonta el argumentario de la ministra de Trabajo en funciones, sino cómo se ha llegado a esa cifra.
En 2017, un año antes de que Pedro Sánchez llegara a la presidencia del Gobierno a través de una moción de censura contra Mariano Rajoy, los ingresos por impuestos y contribuciones sociales representaban el 34,6% del PIB, que entonces alcanzó 1.162.492 millones de euros, tras crecer un 3% en ese ejercicio. Es decir, en cinco años, la presión fiscal en España ha pasado del 34,6% al 42% en 2022, lo que supone un crecimiento de 7,4 puntos porcentuales, un 21,38%. Con el dato de 2023, España se situaría en niveles similares a Alemania o Países Bajos.
De acuerdo con el informe del IEE, “durante 2022, hemos asistido en España a una recaudación tributaria que supera todos los registros históricos”. El IEE alerta de que en el presente ejercicio, los ingresos tributarios presupuestados superarán las cifras previas a la pandemia, las de 2019, en casi 50.000 millones de euros. En su opinión, los ingresos tributarios habrán sufrido un incremento del 23,4%, mientras el PIB crecerá un 11,5%, menos de la mitad.
El impuesto de Sociedades, en cabeza
Las mayores diferencias en contra de España se sitúan en el impuesto sobre sociedades, que es un 23,7% superior a la media de la UE. Las empresas aportan en España el 32,5% de la recaudación tributaria, frente al 23,9% de la UE. Patrimonio y rentas altas, también salen muy perjudicados en la comparación: en España, según el IEE se paga un 48,8% más que en Europa y solo Italia está peor.
Los propios Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio prevén un aumento de la recaudación por impuestos del 6,4% y de las cotizaciones sociales, del 9,7%, en ambos casos muy por encima del crecimiento estimado del PIB, que se sitúa entre el 1,5% que adelanta el FMI, el 2% del Banco de España, y el 2,1% que mantiene el Gobierno.
