Demanda inédita contra una entidad financiera, el BBVA, en torno a los créditos covid avalados por el Estado durante la pandemia, de los que unos 20.000 millones correrían riesgo de impago según el Banco de España.
Los socios de una pyme han demandado al segundo banco español después de que este les comunicara que deberán responder con su patrimonio personal por el 100% de un préstamo en principio avalado al 80% por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
La demanda, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, ha sido acogida en el juzgado de primera instancia 2 de Lérida el pasado 26 de septiembre. El procedimiento gira en torno a dos líneas de pólizas de crédito ICO-Covid-19 suscritas en 2020 con BBVA por la empresa de los demandantes. Estos se hicieron responsables de los préstamos en su calidad de administradores de una pyme que operaba como prestadora de servicios de bienestar en el Aeropuerto de El Prat y que, con motivo de la pandemia, vio su actividad seriamente mermada.
La pequeña empresa, con cerca de una treintena de empleados, rubricó con el banco una póliza de crédito ICO de 140.000 euros en abril de 2020 y luego otra por 140.000 euros también ese año. En paralelo, la pyme inició un proceso en sede judicial contra la empresa pública Aena por la factura covid de sus alquileres que aún no se ha resuelto.
El pasado mes de marzo, los administradores de la empresa sellaron su cierre ante su incapacidad para atender a los pagos comprometidos. En respuesta, el BBVA ha procedido a reclamarles, en concepto de responsables de la sociedad ahora extinguida, su patrimonio personal como respuesta al 100% de los créditos concedidos en 2020.
Los titulares de la empresa -marido y mujer- se pusieron en contacto con el BBVA para avisarles de los problemas económicos de su firma en vistas a negociar una solución para los pagos mensuales -hasta el 20% del principal de los créditos ICO, que vencen en 2030-. Fue entonces, a principios de este 2022, cuando se encontraron con que la entidad financiera les reclama el 100%.
El pasado mes de marzo, los administradores de la empresa la declararon en concurso -la venta de lo que quedaba de la firma se repartió entre los empleados-. Por su parte, el BBVA les reclama, en concepto de responsables de la sociedad ahora extinguida, su patrimonio personal como respuesta al 100% de los créditos concedidos en 2020.
La demanda alega falta de información y confusión en el crédito
Los demandantes, asesorados por el socio director del despacho Fieldfisher Jausas, Jordi Ruiz de Villa, han presentado una demanda de juicio ordinario contra el BBVA en la que solicitan la nulidad del pacto de fianza de las pólizas suscrito con el banco al hilo de los avales ICO-Covid-19.
En esa línea, esgrimen que el BBVA les exigió una fianza solidaria por el 100% del préstamo, pero que lo hizo tras ofrecerles el producto financiero condicionado a la obtención del "aval a primer requerimiento del ICO respecto del 80% de su importe".
Los demandantes asumieron así que, una vez conseguido el aval del ICO, lo que se comprometían a avalar era el 20% restante. La demanda expone además numerosos ejemplos de discursos de miembros del Gobierno, extractos de los medios de comunicación y de los anuncios comerciales de los propios bancos -como el mismo BBVA- que promocionaban el producto en los términos asumidos por los denunciantes.
"La banca está ofreciendo préstamos personales a los avalistas para que tengan liquidez para pagar los avales y así subsanar los defectos en la forma con que se firmaron", apunta Jordi Ruiz de Villa, quien asegura que la denuncia en Lérida no es un caso aislado
"La entidad financiera actuó con clara mala fe contractual, al contar con la garantía del aval a primer requerimiento del Estado, y no limitar, en su caso, la fianza al importe no avalado por el Estado", esgrime la defensa de los demandantes, que apunta a una confusa redacción de los términos del crédito a la que se acoge ahora el banco. "Pese a las campañas realizadas, (el BBVA) no advirtió que mis mandantes se verían obligados a afianzar el 100% del importe de los préstamos, y no limitarse la misma al importe no afianzado por el aval a primer requerimiento del Estado".
A su juicio, la entidad bancaria no les comunicó debidamente en su caso que el ICO solo estaba asumiendo una responsabilidad subsidiaria de lo que no pudiera afrontar el prestatario. En otras palabras, que si la empresa deudora no pagaba el préstamo que estaba avalando, tendría que hacer frente al 100% del crédito con todos sus bienes presentes y futuros, y solo si no podía hacer frente al préstamo, el ICO se haría cargo del resto -no al revés, como se puede inferir de la expresión "a primer requerimiento"-.
En esa línea, demandan que el aval a cubrir se reduzca al citado 20% -más intereses- y se condene al banco en costas en caso de oponerse. A preguntas de este diario, desde el BBVA han preferido no hacer comentarios.
"La banca está ofreciendo préstamos personales a los avalistas para que tengan liquidez para pagar los avales y así subsanar los defectos en la forma con que se firmaron", apunta Jordi Ruiz de Villa, quien asegura que la denuncia en Lérida no es un caso aislado. De hecho, lidera una plataforma, la PAICO, con más de 150 clientes avalistas de créditos ICO por importes entre 30.000 y 1.500.000 euros cada uno.
