La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, se han reunido con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para intentar desatascar la negociación de la reforma de las pensiones, paralizada desde antes de Navidad, y que debería haberse aprobado el 31 de diciembre, según trasladan fuentes conocedoras a Vozpópuli. Desde las centrales sindicales y los grupos parlamentarios socios de Pedro Sánchez cuentan que no hay negociaciones ni formales ni informales desde principios de diciembre y apuntan a esta situación como el problema clave, ya que desde los dos frentes se muestran dispuestos a discutir el asunto más polémico, la ampliación del cómputo.
Los sindicatos, de hecho, han dicho públicamente que la única línea roja que ponen ahora mismo es que el texto esté acordado por los grupos, que darán su aval a lo que cuente con apoyo parlamentario suficiente, para que no se repita la agónica votación de la reforma laboral, acordada por los agentes sociales, pero que salió adelante en el Congreso sólo por el voto erróneo de un diputado del PP.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha desvelado a la vuelta de Navidad que los sindicatos han planteado al Ministerio de Inclusión una facilitación del acceso a la pensión, que creen muy exigente en España, y que a cambio aceptarían una reforma que entonces considerarían equilibrada. La propuesta de UGT es que se reduzca la exigencia de años trabajados de 15 a 12 y no se impida a quien no haya cotizado dos años en los últimos 15 el acceso a la pensión. "No sólo nos parece bien, sino que vamos más allá, de 15 a 10 años", ha retado Unai Sordo, secretario general de CCOO.
Es decir, cabe la negociación sobre el cómputo, pero en todo caso, desde las centrales sindicales insisten en que avalarán lo que tenga garantizado el acuerdo parlamentario. Sin embargo, esta negociación con los partidos no se está produciendo, según trasladan desde los grupos.
El primero, el que sustenta a Podemos, socio de coalición. Aunque son firmemente contrarios a la ampliación del cómputo y se muestran partidarios de aprobar la parte en la que hay acuerdo, la subida de bases máximas, y trasladan que en pleno año electoral ven muy difícil que haya un clima para que culmine una negociación sobre el cómputo, creen que siempre hay espacio y resquicio para negociar, y que el problema es que no se está produciendo este diálogo.
El pasado miércoles se celebró una reunión del espacio confederal de Podemos en la que, además de analizar el envío de tanques a Ucrania, se trató la reforma de las pensiones y se buscó una posición común de cara a la reunión de sus ministras con Escrivá a finales de semana.
Única propuesta
El 30 de noviembre Inclusión hizo a los agentes sociales su primera y única propuesta: extender el periodo de cómputo de 25 a 30 años y la elección de los mejores 28 años, lo que acompañó de una subida de las bases máximas con el IPC y un aumento adicional anual de 1,154 puntos hasta 2050.
El Gobierno había prometido a Bruselas que esta reforma estaría aprobada antes del 31 de diciembre y de ella dependen 10.000 millones de euros del cuarto tramo del Plan de Recuperación, uno de los más voluminosos. Si bien la Comisión Europea se muestra flexible con los plazos, la reforma de las pensiones está sobrepasando varias líneas rojas en las formas y en el fondo. Es la más retrasada de todas -cabe recordar que en la de la cotización de los autónomos, prevista para el 30 de junio, hubo acuerdo el 20 de julio, in extremis, plazo que ya se ha sobrepasado ahora- y sobre todo, la más polémica y la que más preocupa a la UE.
De hecho, hace un año, el Gobierno no solicitó a Bruselas el pago del segundo tramo hasta el 30 de abril de 2022, pero las reformas de aquel, más complicadas si cabe que las ahora pendientes, la laboral y la primera parte de la de las pensiones, se completaron en tiempo y forma antes del 31 de diciembre de 2021. Es decir, que los preparativos para la petición llevan tiempo y ahora van mucho más retrasados.
Además del compromiso de ampliar el cómputo y las bases máximas, Escrivá se ha visto obligado por la Comisión a alargar a 2050 el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una subida de cotizaciones de 0,6 puntos entre 2023 y 2032 para que pase de ser "semiautomático" a "automático". La fórmula que aprobó en diciembre de 2021 para que entrara en vigor este enero le parece a Bruselas insuficiente, según ha desvelado el ministro en septiembre.
Pepepelotas
Como estas dos inútiles tengan que reformar las pensiones, pobres de nosotros. Para eso hay un pacto de Toledo en los que participan todos los partidos y no estas radícales que no han gestionado nada en su vida.
Johnny-Gin
Por su propio interés, a esas mentes privilegiadas de los seres superiores que gobiernan el mundo, ya se les ocurrirá algo...