La Sociedad de los Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria (Sareb) transparenta su realidad. El banco de los activos problemáticos de la pasada crisis inmobiliaria que ha asumido el Estado reconoce mantener conflictos con 2.349 ocupantes de viviendas que "no son vulnerables". Y contra ellos ha iniciado procesos "de recuperación amistosa" o judiciales para recuperar el control de esas casas y "ponerlas a la venta" dentro de su objetivo de liquidación general en noviembre de 2027.

Se trata de una cantidad significativa aunque no mayoritaria del Parque de Vivienda Social y Asequible de Sareb, que a fecha del 30 de mayo de 2023 estaba compuesto por 14.789 viviendas habitadas en toda España, según las últimas cifras proporcionadas por el banco malo. La sociedad controlada mayoritariamente por el Estado desde 2022 cuenta con seguir gestionando estos alquileres y/o cederlos a administraciones o terceros después de 2027 en virtud del principio de "utilidad social" que se ha añadido a su mandato general de liquidación desde el año pasado.

De esas viviendas, otras 4.105 corresponden a "alquileres en estudio", mientras que el resto tienen que ver bien con viviendas a precio de mercado -que Sareb heredó a partir de 2012- o casas ocupadas por inquilinos sin título pero, ahora, ya 'regularizados'. Este último es el camino que en la sociedad ya mayoritariamente pública desde 2022 aseguran seguir en caso de contrastar, de la mano de la asistencia técnica de la empresa Servihabitat, que los ocupantes son económicamente vulnerables. En ese caso, explican desde Sareb, la opción es la de proponer un contrato en alquiler a los inquilinos que no supere el 30% de sus ingresos junto con un "programa de acompañamiento social" y de "inserción laboral" bajo el "principio de corresponsabilidad (no asistencialismo)".

De acuerdo a cifras de fuentes del banco malo, las viviendas ocupadas sin regularizar cotizan en el mercado con descuentos superiores al 60%, mientras que en las regularizadas, la prima baja a un 30%.

En balance, 3.597 unidades del parque de viviendas de Sareb funcionan actualmente con alquileres de mercado; otras 2.845 corresponden ya a "alquileres sociales" y 1.893, a viviendas en convenio con Comunidades Autónomas. Sobre los restantes casos conflictivos, la casuística es variopinta e incluye alquileres en origen fraudulentos, negocios ilegales de asaltantes de la casas en construcción, centros de delincuencia y reparto de drogas hasta ocupaciones de corte antisistema, según han detallado desde el área de gestión de Sareb. De acuerdo a cifras de fuentes del banco malo, las viviendas ocupadas sin regularizar cotizan en el mercado con descuentos superiores al 60%, mientras que en las regularizadas, la prima baja a un 30%.

Sareb recupera 350 millones

El programa de diagnóstico de la situación de las viviendas comenzó el pasado mes de septiembre, poco después de que el Estado asumiera el control mayoritario, y obedece a un cambio de enfoque en la respuesta frente al problema de la ocupación, de uno "reactivo" a otro "proactivo", según reivindican desde la nueva gestión de Sareb que encabeza Javier Torres.

Según los cálculos del banco malo, la "gestión social" de estas viviendas tendrá beneficios a largo plazo que no se conseguirían sin ella. El cálculo que realizan en la empresa ahora pública es de una generación de valor de 35 millones de euros por cada 1.069 contratos de alquiler regularizados con una valoración de tasación de 100 millones de euros.

Por cada vivienda ocupada sin regularizar, Sareb pierde 1.540 euros por año, mientras que una vez regularizada, el saldo pasa a ser un "modesto" pero positivo de 92 euros

Por cada vivienda ocupada sin regularizar, Sareb pierde 1.540 euros por año, mientras que una vez regularizada, el saldo pasa a ser uno "modesto" pero positivo de 92 euros, según los cálculos con los que trabajan en la compañía. Desde el banco malo estiman así que esta línea social ha redundado en una revalorización de su cartera en 350 millones de euros. En total, Sareb suma actualmente una cartera de activos inmobiliarios de 15.531 millones, que incluyen unas 67.000 viviendas en distintas fases de desarrollo además de una promotora, Árqura Homes, con capacidad para levantar 20.000 unidades.

En cuanto al perfil de sus actuales inquilinos, desde Sareb han precisado que se trata de unas 14.200 personas "vulnerables" de las que el 73% son familias nucleares y monoparentales con un promedio de dos menores a cargo. Sus ingresos medios son de 896 euros al mes, en el 55% procedentes de ayudas públicas. El 17% de estos grupos familiares tiene al menos una persona con discapacidad certificada.

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