El alza de tipos está teniendo un impacto multimillonario en las cuentas públicas. Este año el Estado pagará 10.000 millones más en intereses de la deuda que en 2021, antes de que el Banco Central Europeo (BCE) ejecutara la primera subida. En el Plan Presupuestario remitido a Bruselas esta semana el Gobierno asume un gasto de 35.600 millones, frente a los 26.000 millones de hace sólo dos años; es decir, 9.600 millones más. En 2024 la factura crecerá en otros 3.500 millones, hasta los 39.100 millones.
Si se cumplen las previsiones del Gobierno, el gasto en intereses de la deuda rozará este año los máximos históricos y el próximo año batirá un nuevo récord. En 2013 los intereses pagados por la deuda de las administraciones públicas sumaron 36.700 millones. A partir de entonces la factura en euros nominales empezó a bajar y antes de la crisis inflacionista, durante 2020 y 2021, se situaban en niveles ya muy reducidos, en el entorno de los 25.000 millones anuales.
"Durante 2020 y 2021, pese al crecimiento récord de la deuda, los pagos por intereses se mantuvieron en niveles muy reducidos por el bajo nivel de los tipos a los que se emitía la nueva deuda. A eso se sumaba que los tipos eran inferiores a los vigentes diez años atrás, de modo que la deuda antigua que vencía, se refinanciaba a tipos más bajos que cuando se emitió", explica María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.
Sin embargo, "a partir de ahora, a una deuda creciente se suma unos tipos de interés superiores a los que financiar la nueva deuda, y que, a partir de 2024, los tipos de interés de la deuda pública van a ser superiores a los tipos vigentes 10 años antes, lo que significa que la deuda que venza cada año se va a refinanciar a tipos superiores a los que se emiten, de modo que los pagos por intereses van a ser crecientes año a año", añade la economista.
El tipo medio de financiación de las nuevas operaciones ha saltado al 3,36% en los nueve primeros meses del año, según los últimos datos disponibles del Tesoro Público. Es previsible que siga al alza en lo que queda de año. Es un aumento respecto al 1,35% con el que el tipo medio cerró 2022 y alcanzaría niveles récord desde 2011, cuando terminó el año en el 3,9%.
En todo caso, María Jesús Fernández también apunta que en términos de porcentaje del PIB seguirá estando por debajo de los niveles máximos alcanzados durante la crisis financiera. El Gobierno prevé que en 2023 el gasto en intereses de la deuda represente el 2,6% del PIB y en 2024, el 2,7%. En 2013 esta partida supuso el 3,6% del PIB, niveles que no se veían desde finales de los años noventa, cuando representaba más del 4%.
Dudas en el control del déficit
Con tan ingente cantidad de intereses no está claro que el Gobierno pueda cuadrar las cuentas. En el plan presupuestario remitido a Bruselas el 16 de octubre, el Ejecutivo en funciones se compromete a bajar el déficit público al 3% en 2024, cuando las reglas fiscales europeas se reactivarán tras la suspensión por la pandemia y la guerra de Ucrania.
"La retirada del paquete de ayudas por la guerra de Ucrania puede no ser suficiente para cuadrar las cuentas. Hay riesgo de que se tengan que mantener algunas medidas o impulsar nuevas por el conflicto en Gaza, según apunta Santiago Carbó
Pero los expertos tienen dudas. "Con la carga de intereses será necesario hacer algún tipo de ajuste para que el déficit no pase del 3%%", advierte Santiago Carbó, catedrático de economía de la Universidad de Valencia y director de Estudios Financieros de Funcas. El experto apunta a que la retirada de ayudas por la guerra de Ucrania, que suponen un desembolso de unos 6.000 millones, no será suficiente, sin descartar que se tengan que prolongar algunas de estas medidas o impulsar nuevas por el impacto de la guerra entre Israel y Hamás.
El punto de discusión entre los economistas y el Gobierno está en el crecimiento. El Ejecutivo en funciones prevé que el PIB crezca alrededor de un 2% el próximo año, una estimación que desde Funcas no tienen muy claro. "Se tendrán que tocar impuestos como el IVA o el IRPF para rebajar el déficit al 3%", garantiza un alto ejecutivo de una consultora que pide el anonimato. Una decisión de política económica que considera que se tendría que tomar incluso si se cumple la previsión de crecimiento del 2%.
"Confiemos en que el crecimiento de la economía no haga falta tocar los tipos impositivos", subraya Carbó, por su parte.
El impuesto a los ricos y a los bancos, puntales de la recaudación
Unos de los puntales de la recaudación del Estado serán los impuestos de nueva creación, como el de las grandes fortunas y el gravamen a los bancos y energéticas. En el primer caso, el Gobierno en funciones ya ha dado a entender que se mantendrá, lo mismo que puede ocurrir con el de los bancos. Sumar, el partido que forma junto al PSOE el Gobierno de coalición y que aspira a reeditarse, ya ha pedido a Pedro Sánchez que incluya en la negociación de su investidura la extensión del impuesto a las entidades financieras.
Desde el sector financiero y los supervisor bancarios se empieza a descontar que el nuevo gravamen, que en principio iba a ser extraordinario hasta 2024 por las subidas de tipos, se terminará haciendo permanente. "Se puede generar inseguridad jurídica. No se puede cambiar de opinión permanentemente", advirtió recientemente María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, ante esta posibilidad.
