El Gobierno califica el ‘expediente Talgo’ como información clasificada para ocultar los detalles del veto

El fondo estatal de Hungría y el grupo de empresarios húngaros que quieren comprar Talgo son un peligro para la seguridad nacional y el orden público español. Esos son los argumentos de Moncloa para rechazar su oferta por el fabricante de trenes. ¿Por qué? Una respuesta que se recoge en un expediente clasificado donde el Gobierno guarda los detalles de este peligro. Aunque este hermetismo tendrá represalias legales. 

Ganz Mavag, el consorcio húngaro participado por el fondo estatal Corvinus y un grupo de empresarios liderado por Andreas Tombor, busca en estos momentos junto con sus asesores los tribunales para denunciar al Gobierno español. Estos inversores consideran que la negativa a su oferta de 620 millones de euros se salta “el trato equitativo y no discriminatorio de los inversores en todos los estados miembros” que promueve la Comisión Europea. 

Su defensa alude a que España y Hungría son dos estados miembros, regulados tanto por la legislación nacional como por la intracomunitaria. Las recientes inversiones en otras empresas estratégicas por parte de inversores no comunitarios, como es el caso de Arabia Saudí en Telefónica o Australia en Naturgy, son argumentos para la defensa de la causa húngara para intentar hasta el final que Moncloa desvele los detalles de ese ‘expediente Talgo’. 

‘La mano de Putin’ en Talgo

La compra de Talgo por parte de estos inversores siempre estuvo bajo la lupa de Moncloa. Como insisten desde el mercado, la parte económica del Gobierno se ha reunido con otros candidatos para que actúen como un caballero blanco, como Criteria Caixa, y rescaten al fabricante de trenes español de caer en las redes húngaras. 

Un movimiento que habría evitado el trámite de llamar amenaza para el “orden público” a inversores europeos. Pero Moncloa siempre ha tenido la sospecha de intereses rusos en la operación. El propio András Tombor, el directivo al frente del consorcio, fue asesor del Gobierno húngaro que también lideró a Orbán como primer ministro entre 1998 y 2002. 

Ese es el motivo por el que la Junta de Inversiones Extranjeras ve un peligro para la seguridad nacional esta operación. Aunque, como aseguran fuentes cercanas a la operación, se esperaría argumentos “más económicos” que “policiales” por parte de este organismo vinculado al Ministerio de Economía. 

Además de este grupo de inversores húngaros, el detalle de este ‘portazo’ del Gobierno también se espera por parte de la dirección de Talgo y los actuales accionistas de la compañía. Por un lado, el fabricante necesita dinero para afrontar los grandes pedidos de la alemana Deutsche Bahn, la danesa DSB y Renfe. Por otro, las acciones de Talgo se han desplomado un 8,7% en cuanto se ha hecho pública esa negativa. 

El Gobierno defiende que respeta la ley comunitaria

La respuesta del Ministerio de Economía deja muchas dudas a los afectados. “La no autorización de la operación se produce en aplicación de la normativa vigente en nuestro país en materia de control de inversiones exteriores y con pleno respeto al Derecho comunitario y las competencias de la Unión Europea sobre inversiones extranjeras directas, protección del mercado interior y la libre circulación de capitales”, explica el organismo dependiente del equipo de Carlos Cuerpo. 

Para el Gobierno, Talgo es una empresa estratégica dentro de un sector clave para la seguridad económica, la cohesión territorial y el desarrollo industrial de España. Y, pese a su negativa, sigue pidiendo mantener la confianza de los inversores. “El Gobierno de España mantiene como objetivo prioritario la atracción de inversión extranjera, sobre todo en aquellos sectores y proyectos clave para nuestra competitividad futura”, defienden. 

Su causa contra el consorcio húngaro será un frente que vigilarán los inversores que preparan grandes inversiones en España. Los argumentos, de momentos, se interpretan en el mercado como “discrecionales” y “livianos” para cancelar una operación de esta dimensión.