La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no se ha dado por vencida en la batalla para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una medida que después de importantes disputas internas en el Gobierno y dada la negativa de los empresarios, ha sido pospuesta hasta que se consiga aprobar con acuerdo social.
Sin embargo, en lugar de esperar a que la economía mejore y las patronales estén dispuestas a sentarse para negociar una nueva subida -como teóricamente se había acordado-, el Ministerio ha constituido un grupo de expertos que está integrado por siete profesionales académicos que han sido seleccionados únicamente por el equipo de Díaz, sin contar con el visto bueno de Economía ni el de Hacienda. A estos se suman también representantes de los agentes sociales (CCOO, UGT, CEOE y Cepyme) y un miembro de cada uno de esos tres ministerios.
Según ha podido saber Vozpópuli, la decisión no ha sentado bien entre los representantes de los empresarios, que por un lado denuncian que se está "hurtando al diálogo social" un debate que les corresponde y, por otro, consideran que se trata de una maniobra de la ministra de Trabajo para "doblarle el brazo a Calviño" y conseguir salirse con la suya.
Precisamente, la vicepresidenta económica fue la que más presión ejerció en la recta final de 2020 para evitar una nueva subida de este indicador, que consideraba que no podría justificarse dadas las dificultades que atraviesa el tejido productivo por la crisis derivada de la covid-19 y dada la evolución de algunos indicadores como el PIB, la productividad y el empleo.
A pesar de que la conveniencia de subir el SMI o no hacerlo no ha sido analizada aún, el grupo que ha constituido Yolanda Díaz sólo deberá asesorar sobre el ritmo al que debe subirse el SMI de aquí al final de la legislatura hasta conseguir que llegue al 60% del salario medio, es decir, al entorno de los 1.000-1.200 euros, en función del parámetro de medida utilizado.
Quiénes son los asesores
Los expertos que han sido seleccionados por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, son Antón Costas, catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona; Olga Cantó, catedrática del Departamento de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH); Gemma Galdón, del departamento de Sociología de la Universidad de Barcelona; José Ignacio Pérez Infante, exprofesor Asociado de la Universidad Carlos III de Madrid; Rafael Muñoz de Bustillo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca; Inmaculada Cebrián, profesora de Economía de la UAH; y Sara de la Rica, catedrática de Economía en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
De todos ellos, la relatora o coordinadora es Inmaculada Cebrián, quien en el año 2010 publicó un libro junto a otros autores titulado El salario mínimo y sus efectos sobre el mercado de trabajo que fue encargado y editado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, dirigido entonces por Celestino Corbacho hasta ser sustituido por Valeriano Gómez el 20 de octubre de ese año.
La autora advertía entonces de que la conveniencia de subir o no el SMI dependía de si el país estaba en un ciclo de creación o de destrucción de empleo. "En un contexto de crecimiento del empleo, los pequeños efectos negativos que puede tener una elevación importante del SMI se diluyen en la dinámica positiva del mercado", mientras que "en época de crisis, estos efectos van a reforzar el ciclo depresivo, tanto más cuanto más significativos sean los aumentos y cuanto más rápido se transmitan los mismos a la estructura de salarios negociados en los convenios, especialmente a los de las categorías laborales más bajas".
Sesgo sindical
Además de estos académicos, completan el grupo Manuel Lago Peñas, quien fue compañero del padre de Yolanda Díaz en CCOO y posteriormente miembro de En Marea en el Parlamento gallego, hasta trasladarse a Madrid para ser asesor de la ministra; y César Veloso Palma, por parte del Ministerio de Hacienda.
La vicepresidenta Calviño ha enviado a uno de sus primeras espadas, Carlos Cuerpo Caballero, director general de Análisis Macroeconómico del Ministerio, doctor en Economía y exdirector de Análisis Económico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
Por parte de los agentes sociales participan María Jesús Cedrún Gutiérrez (UGT), Carlos Martín Urriza (CCOO), Edita Pereira Omil (CEOE) y Luis Aribayos Mínguez (Cepyme).
