El Tribunal de Cuentas ha alertado de que los impagos de créditos concedidos durante la pandemia con el aval del Estado (a través del Instituto de Crédito Oficial) "empezarán a manifestarse de manera intensa en ejercicios futuros, lo que será, en su caso, objeto de una futura fiscalización".
El tribunal ha aprobado tres informes de fiscalización sobre la respuesta de la Administración a la crisis sanitaria, uno de ellos centrado en los avales del ICO y en el que se constata que ya se han producido las primeras solicitudes de ejecución de avales de Estado a préstamos impagados que fueron concedidos a empresas y autónomos durante la crisis de la covid.
"La ampliación y generalización de los plazos de carencia para la devolución de este tipo de préstamos hacen previsible que los impagos y las consecuentes ejecuciones de los avales empezarán a manifestarse de manera intensa en ejercicios futuros", dice el tribunal en un comunicado, que cifra en casi 90.000 millones los avales otorgados por el ICO en 2020 a más de 600.000 empresas y autónomos.
En otro informe centrado en las ayudas sociolaborales y de la Seguridad Social, el tribunal concluye que el coste medio por beneficiario de cada ayuda "se ajustó a criterios de razonabilidad económica".
Según su análisis, las medidas con mayor grado de cobertura fueron las dirigidas a los trabajadores autónomos, llegando al 26,5% del colectivo, seguidas de las destinadas a la protección del tejido empresarial y del empleo por cuenta ajena aprobadas para las empresas en situación de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por la covid-19, con un alcance medio del 17,9%.
Bonificaciones cuotas empresariales
Las bonificaciones en las cuotas empresariales otorgadas en el sector turístico han tenido una amplia cobertura, llegando a más de un 70% de sus beneficiarios potenciales. En otra de las conclusiones se establece que la inexistencia de antecedentes similares con los que comparar no ha permitido determinar si el efecto de estas medidas y ayudas ha sido o no el óptimo.
El tribunal calcula que la medidas sociolaborales costaron 28.810 millones en 2020, de los que el servicio público estatal de empleo asumió 15.426 millones (un 53,5 % del total), las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social 7.426 millones (25,8%) y la Tesorería General de la Seguridad Social 5.837 millones (20,3%).
La recomendación más relevante es para el Gobierno, al que recomienda la conveniencia de que la cobertura de la protección por desempleo, contributiva y no contributiva, se integre en los presupuestos de la Seguridad Social.
Recomendación que va en sentido contrario de las acordadas en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que reclama una separación de fuentes de financiación efectiva para que todas las prestaciones que no tengan carácter contributivo se paguen con cargo a los presupuestos generales del Estado y no con las cuotas de la Seguridad Social.
