El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) da la razón a la Generalitat y obliga a Airbnb a eliminar los anuncios de 12.000 pisos turísticos por no ajustarse a la normativa legal catalana al no contar con un número de registro.
La plataforma había recurrido una orden de la Dirección General de Turismo de Cataluña del 30 de enero de 2015 que la instaba a bloquear y suprimir todos los anuncios no registrados. Ahora, tras cuatro años de litigio, la Justicia obliga a Airbnb a cumplir la normativa autonómica.
"Es evidente que Airbnb puede saber qué viviendas pueden ofertarse como alojamientos turísticos -únicamente aquellas que estén registradas- y cuáles no, que son todas las demás", asegura el tribunal en una sentencia publicada este viernes.
En este sentido, "las recurrentes no pueden ampararse en la Directiva de Comercio Electrónico para aducir desconocimiento de que las viviendas no pueden ofertarse como alojamientos turísticos, ni tampoco puede eludir su responsabilidad frente al consumidor en aquellos casos en los que la oferta responda a una vivienda turística no registrada".
La compara con Booking
En concreto, el TSJC exige a la compañía que elimine de su web todos los anuncios que no cumplan con la normativa y adjunte el correspondiente número de registro turístico, que las identifica como legales, y que elimine también las ofertas acompañadas de número de registro inexistente o erróneo.
Esta política se aplicaba ya en la ciudad de Barcelona, pero la decisión del tribunal extiende la obligación para todos los alojamientos turísticos de Cataluña. Airbnb era la única que no se había plegado a la aplicación de estas normas y el tribunal la compara con Booking, donde los alojamientos turísticos "ilegales ya no tienen cabida".