Desde hace unos meses, los ciudadanos venimos constatando la existencia de un guion, inquietante a más no poder, que la Fiscalía del Estado sigue a pies juntillas: la toma de partido en favor de los intereses de los poderosos, ya sean públicos o privados, en asuntos de gran trascendencia nacional y de indudable impacto social. El recurso contra la imputación de la Infanta Cristina puso la primera piedra miliar de un camino al que se han ido incorporando otras actuaciones llamativas, hasta llegar a la más reciente en la que descarta la existencia de delito en la venta de preferentes.
Todo parece indicar que en el toque a rebato o cierre de filas de un poder que trata de protegerse de la indignación ciudadana ante presuntas actuaciones irregulares o delictivas de gentes importantes, a la Fiscalía le ha tocado su parte alícuota en el encubrimiento de esos eventuales delitos, tarea a la que se entrega con diligencia utilizando para ello los instrumentos de que dispone no para excitar el celo de la justicia, sino para dilatarla o dificultarla. Es una apreciación, por supuesto subjetiva, que desearíamos ver desmentida cuanto antes, para no caer en el desánimo y en la desafección que van haciendo mella no solo entre las víctimas de los presuntos desafueros, sino entre los simples ciudadanos interesados en la cosa pública.
No ignoramos que la dependencia jerárquica de la Fiscalía del Gobierno de turno alimenta las sospechas sobre su falta de independencia en asuntos denominados sensibles, lo que no es óbice para reconocer que, con carácter general, los fiscales españoles trabajan día a día y codo con codo con los jueces en la tarea de impartir justicia. Es precisamente ese trabajo diario, poco reconocido, el que no puede ser puesto en almoneda por decisiones llamativas que siembran la duda acerca de la rectitud y honestidad de un pilar fundamental del Estado.
Sabemos que algunos de los presuntos delitos que a diario llenan las páginas de los periódicos reclaman para su esclarecimiento bastantes más medios de los que se disponen, y hasta es posible que a ello se deba la ausencia de la Fiscalía en determinados procedimientos, pero resulta en extremo chocante que esas carencias sean rápidamente cubiertas cuando se trata de obstaculizar alguna instrucción que avanza en una dirección poco grata al Poder. De hecho, los asuntos más notorios, por su cuantía y por el número de afectados, tal que el caso Bankia y la venta de preferentes, están en los tribunales gracias a la iniciativa y el esfuerzo de un pequeño partido político, UPyD, y del sindicato Manos Limpias. Poco sabemos del papel de la Fiscalía, salvo su oposición a considerar la implicación de determinados responsables públicos en los hechos objeto de investigación.
Siempre nos ha parecido que los juicios mediáticos y la ira popular, por muy justificada que esté, no son el condimento más adecuado para impartir justicia en un país democrático. Por esa razón, deseamos que los tribunales cumplan su función con la máxima independencia, sin dejarse llevar de emociones y sin admitir injerencias del poder o de sus aledaños, motivo por el cual la Fiscalía, por mucha dependencia jerárquica que tenga del Gobierno, no debiera sucumbir a los intereses del Ejecutivo tal como aparentan algunas de sus decisiones recientes. Nunca como ahora devino tan necesario aplicar a la Fiscalía aquella cita del ilustre romano que asegura que “la mujer de César no sólo debe ser honrada, además debe parecerlo”.
