Pocos días antes de que el Gobierno central aprobara el Real Decreto de estado de alarma que enviaría a sus casas a millones de españoles para controlar la pandemia del coronavirus, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunciaba el confinamiento "simbólico" de Cataluña, a pesar de reconocer que no tenía competencias para ello. Comenzaba así la guerra de Torra y del Govern independentista contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Un enfrentamiento en el que la Generalitat ha incurrido en contradicciones que vienen a demostrar que importantes decisiones adoptadas por el Ejecutivo catalán están motivadas únicamente por la pretensión de mantener el pulso con el Gobierno central y no porque realmente sean efectivas contra la pandemia o beneficiosas para la ciudadanía. Y en esta línea no dudan ahora en calificar al Ejecutivo de Sánchez de nacionalismo o de aplicar un 155 encubierto contra Cataluña.
La del confinamiento es una de las contradicciones que mejor demuestra que Torra y su Govern actúan de forma, cuando menos, desleal contra el Estado. Si hasta este viernes el único objetivo del gobierno independentista catalán era mantener a toda costa el confinamiento total, ahora se han subido al carro de comunidades como Madrid o el País Vasco, que reclaman que, a la mayor brevedad posible, al menos los menores puedan salir de casa durante unas horas. Y así, quienes defendían a capa y espada la necesidad de mantener enclaustrados a los catalanes unas cuantas semanas más costara lo que costara, ahora defienden que "los colectivos vulnerables", especialmente el de los niños, puedan comenzar a salir a la calle. Unas salidas que, según ha explicado el responsable de Interior, Miquel Buch, serían "limitadas en el tiempo y por franjas horarias".
Tal y como ha explicado Buch, este desconfinamiento será decidido por el Govern en los próximos días. Sin embargo, la realidad es que debe ser el Gobierno central el que, en virtud de los decretos de estado de alarma, ponga en marcha y autorice estas salidas. Así se lo ha recordado también este viernes el ministro de Sanidad, el socialista Salvador Illa, al Govern de Torra. Illa ha reconocido el "sacrificio" que están haciendo los niños al estar obligados a permanecer en sus casas. Pero ha sido contundente a la hora de advertir que la decisión sobre las salidas de los menores "corresponde al Gobierno". Una frase que seguro que no ha gustado a quienes como Oriol Junqueras, líder de ERC en prisión, consideran que el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos está actuando de forma "centralista, nacionalista, militarista y oligopolista".
El baile de los muertos
El recuento de fallecimientos por el COVID-19 es otro de los frentes abiertos entre el Govern de Torra y el Gobierno central. El Ministerio de Sanidad, tal y como explicó este jueves el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, solo contabiliza los muertos que tuvieran diagnóstico confirmado de coronavirus mediante alguno de los test que se están utilizando en España. Desde Cataluña, y desde el inicio de la pandemia, el Departamento de Salud, dirigido por Alba Vergés (ERC), ha informado a diario sobre el número de fallecidos por esta enfermedad en hospitales. Y debían cumplir entonces los criterios impuestos por Sanidad dado que el ministerio presenta a diario la cifra de fallecimientos en Cataluña anunciada desde el Govern.
Sin embargo, desde hace un par semanas, el Govern también comenzó a informar de los fallecimientos en las residencias de ancianos, sin que este número fuera recogido por el ministerio. Y, esta misma semana, el Ejecutivo de Torra ha intentado apretar aún más las tuercas al Gobierno de Sánchez dando a conocer las cifras de fallecimientos que, supuestamente, manejan las funerarias. Cifras en las que ha llegado a incluir casi 1.000 muertos sin causas aparentemente relacionadas con el COVID-19. Algo que llevó el jueves a Simón a dejar claro en público que la Generalitat no estaba cumpliendo con lo que se le había pedido a la hora de informar sobre los fallecidos.
Hospitales bloqueados por ERC
El tercer ejemplo de contradicción se encuentra en cómo el Govern de Quim Torra ha intentado, por un lado, desprestigiar al máximo el papel del Ejército o de la Guardia Civil en la lucha contra el COVID-19 y, a la vez, se ha beneficiado del trabajo de sus miembros y agentes. El caso más sangrante es el de Sant Andreu de la Barca, donde la Benemérita ha levantado un hospital de campaña con capacidad para 140 enfermos y cuya entrada en funcionamiento no ha sido autorizada por el Departamento de Salud. Un asunto denunciado ante los juzgados de Martorell y admitido a trámite. Lo mismo ha sucedido con el hospital de campaña de Sabadell, cuya entrada en funcionamiento fue igualmente bloqueada por Salud hasta que no le quedó más opción que autorizarla. Ante ambas denuncias, la respuesta de la titular de Salud ha sido negar lo evidente y asegurar que ambas acusaciones son "luchas que no corresponden nada con la crisis".
Pero la verdad es que, a pesar de esa actitud obstruccionista de la Generalitat hacia las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad del Estado, han sido muchos los ayuntamientos gobernados por formaciones independentistas o cercanas al separatismo las que se han beneficiado del trabajo de ambas instituciones. Es el caso de Barcelona, cuya alcaldesa, Ada Colau, es una ferviente antimilitarista. En la capital catalana, el Ejército, además de desinfectar residencias, ha levantado instalaciones para atender a personas sin hogar. En Mediona, por poner otro ejemplo, el Consistorio gobernado por ERC y las CUP pidió ayuda a los militares en cuanto se detectaron los primeros casos de coronavirus en la residencia para mayores del municipio.
Nadie sabe a día de hoy cuándo los españoles podrán salir de sus casas o cómo se recuperará la economía nacional del golpe del coronavirus. Ante la situación casi catastrófica en la que se encuentra el país, parece estar claro que a pocos les importa ya si la mesa de negociación entre el Gobierno central y la Generalitat vuelve a reunirse o alcanza algún tipo de acuerdo. Los mismos independentistas parecen tener claro que eso no sucederá e intentan ahora convertir la negociación de los nuevos Pactos de la Moncloa en un escenario favorable a sus tesis de ruptura. Y es que, al final, poco importarán los miles de enfermos y fallecidos en Cataluña si, en un escenario de gran debilidad como el que va a dejar el COVID-19 en España, ERC y JxCat pueden sacar algo.
