El mes pasado, tres profesores españoles publicaron en inglés un artículo en la reputada revista digital MDPI sobre el proceso separatista catalán cuyo título resulta harto elocuente: “Rebeldes privilegiados: Un análisis longitudinal de los rasgos económicos distintivos del secesionismo catalán”. Así, a nadie puede sorprender que uno de los principales hallazgos del informe, relacionado también con dos estudios previos de los mismos autores, sea que “los segmentos más privilegiados de la ciudadanía catalana fueron los que más apoyaron la secesión, mientras que la ciudadanía más pobre y desprotegida estaba claramente en contra. Todos los datos apuntan a la conclusión de que el desafío secesionista fue, de hecho, una rebelión de la gente más rica y mejor situada”.
Los firmantes del estudio, basado en 44 sondeos del CEO entre 2006 y 2019 y que ha tenido en cuenta las respuestas de 88.538 personas, son los profesores Josep M. Oller, del Departamento de Genética, Microbiología y Estadísticas de la Universidad de Barcelona; Albert Satorra, del Departamento de Economía y Negocios de la Universidad Pompeu Fabra-GSE; y Adolf Tobeña, del Departamento de Psiquiatría y Medicina Forense, del Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Origen de la fractura social
Este pormenorizado estudio se propone averiguar cuáles son los factores determinantes en el surgimiento de la “profunda fractura social y política” entre constitucionalistas y secesionistas, que “no existía antes de la eclosión de las aspiraciones de segregación de España”. Y es que, tal y como relatan los autores de la investigación, “vecinos, colegas, conocidos e incluso amigos y familiares que habían compartido sentimientos de vinculación con Cataluña y España (en diferentes grados), como parte de sus afectos y valores, están ahora divididos en el tema de la secesión y deben convivir y relacionarse en medio una tensión no resuelta”.
Las conclusiones que arroja su investigación son diversas. E, invariablemente, desmontan los mitos forjados por el secesionismo catalán. A saber: que el movimiento separatista es de composición transversal y que éste surgió de abajo a arriba como respuesta a las agresiones del Estado central. Respecto a la supuesta transversalidad, los autores aportan varios datos para refutarlo. En primer lugar, hallaron que el factor económico era determinante. “La discrepancia entre apoyar o rechazar la secesión”, explican, “dependía también de los ingresos: los ciudadanos con rentas más altas y los que respondían ‘vivimos cómodamente’ eran los más favorables a ella. Por el contrario, la mayoría de las personas con los sueldos más bajos y las que confesaban ‘muchas dificultades económicas’ estaban en contra de la secesión”. Esto evidencia, a su juicio, que los protagonistas del procés han sido los “segmentos sociales que gozan de mejores recursos económicos y de un mayor cojín de bienestar”.
En segundo lugar, los investigadores constataron que la cuestión lingüística también fue una variable decisiva: “Los hogares de habla catalana eran predominantemente secesionistas, mientras que las familias de habla castellana eran unionistas”.
La sentencia del Estatut no desencadenó el ‘procés’
El otro elemento del relato oficial secesionista puesto en entredicho es que todo arrancó con la sentencia del Estatut. “El primer punto de ruptura”, aclaran, “contradice la habitual presentación del brote secesionista como una reacción de indignación ante el ‘agravio profundo’ que provocó la sentencia del Alto Tribunal español, modificando varios artículos del nuevo Estatuto de Autonomía de 2006, que había sido votado, por cierto, por una minoría de ciudadanos (38% del censo electoral)”. Las cifras manejadas por los autores demuestran, en cambio, que el punto de inflexión fueron los comicios autonómicos de noviembre de 2012, cuando Artur Mas perdió la mayoría en el Parlament y optó por la secesión de España “como estrategia dominante”. “En aquellas fechas, un segmento de la ciudadanía viró desde una suave progresión hacia una aceleración brusca en la adscripción ‘solo catalán”, revelan.
También influyó de manera notable, según los profesores, la exposición a medios de comunicación bajo control directo o indirecto del poder regional. A este respecto, el estudio afirma que dichos medios “dominaron y encapsularon a la audiencia secesionista”, cuyas opiniones políticas se derivaron en gran medida de su seguimiento.
¿Por qué los más ricos apoyan la secesión?
Varias dudas surgen tras la lectura del informe. Una de ella es: ¿por qué fueron las clases más acomodadas la más partidarias del procés? Preguntado por El Liberal, uno de los autores, Josep María Oller, esboza una explicación: “Fue un movimiento propiciado desde los estratos vinculados a la administración regional que pretendía conservar su poder ante la irrupción de la crisis, la aparición del 15M y los procesos judiciales abiertos por corrupción”. Estos grupos, completa Oller, aprovecharon la debilidad del marco español, el control de los medios de comunicación y la base de un “independentismo roqueño bien alimentado durante años” para generar un movimiento seguido sobre todo por las “clases medias y sectores profesionales autóctonos bien instalados”.
¿Y cómo se explica que los secesionistas sean mayoritariamente catalanohablantes y los constitucionalistas castellanohablantes si durante años se ha dicho que la inmersión lingüística garantizaba la cohesión social? Para Oller, “ese mantra de la vinculación entre inmersión educativa y la cohesión social es mera propaganda política”. En realidad, la mayoría de datos indican que la “inmersión educativa no ha propiciado la cohesión social” y “más bien ha tendido a generar obstáculos añadidos para los sectores más desfavorecidos de la sociedad y a un encapsulamiento cultural de los segmentos sociales autóctonos”.
