Cerca de 60.000 gitanos viven hoy en Cataluña. Aunque en España está prohibido censar a la población en función de su etnia, se calcula que el país acoge en la actualidad a unos 750.000 gitanos, según el Consejo de Europa. Una población que, a pesar del paso del tiempo y de las acciones llevadas a cabo para evitarlo, sigue estando sometida a un escrutinio público en el que aún pesan demasiado los prejuicios. En el caso catalán, la situación ha llevado a la Generalitat a poner en marcha la primera ley de antigitanismo, pionera en España y que persigue erradicar "la discriminación y el odio" del que son víctimas los gitanos en Cataluña y que provoca su "exclusión social".
Desde la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña (FAGIC), entidad que acoge a las más de 90 asociaciones de gitanos que trabajan en esta autonomía, este proyecto se contempla con optimismo. Noemí Fernández, técnica de la entidad, explica a El Liberal que, en la actualidad, el pueblo gitano sigue siendo una minoría discriminada, tanto en Cataluña como en España. Y ello a pesar de llevar "más de seis siglos en la Península". Fernández lamenta que "se ha reconocido poco la aportación que han hecho los gitanos a España y mucho menos la persecución y la aniquilación cultural sufridas". A esta situación se añade "el desconocimiento de la historia" del pueblo gitano. Una historia que Fernández resume en "la asimilación a la que se ha sometido a los gitanos, las cientos de leyes antigitanas promulgadas, los intentos de exterminio y la persecución que han padecido y padecen a día de hoy".
Fernández es rotunda a la hora de negar que los gitanos deseen permanecer fuera de la sociedad. Un prejuicio más de los tantos que existen sobre esta minoría. "Es fácil decir que el pueblo gitano no se integra si se desconoce su historia", asegura. Y añade: "No es solo que se desconozca la historia del pueblo gitano. Es que se expropian sus aportaciones culturales, como el flamenco, el traje de gitana o se olvidan las aportaciones lingüísticas que, además, se asocian con la jerga criminal".
Segregación escolar
A la hora de explicar la discriminación que sufre el pueblo gitano tanto en España como en Cataluña, el listado es largo y descorazonador. En lo que al mundo educativo se refiere, Noemí Fernández asegura que los gitanos son víctimas de la "segregación escolar" y del "abandono por parte del profesorado". "En muchas ocasiones, se obliga a los alumnos gitanos a hacer un itinerario personalizado que impide que obtengan los mismos conocimientos que sus compañeros", denuncia la técnica de la FAGIC. Y recuerda un informe del CIS, según el cual, "a uno de cada cuatro padres no les agrada que sus hijos compartan aula con gitanos".
En el mundo laboral, los gitanos tampoco lo tienen fácil, tal y como constata a diario la federación. "En igualdad de condiciones, los jóvenes no acceden al mismo empleo", señala en este sentido Fernández, "y hay gitanos que tienen que invisibilizar su gitaneidad para mantener su trabajo, escuchando insultos contra nuestro colectivo". Acceder a una vivienda no es tampoco tarea fácil. "Casualmente, el piso siempre se acaba de alquilar cuando quien se interesa es o parece ser gitano o gitana", denuncia la técnica.
Al entrar en un supermercado, los gitanos asumen que serán vigilados más estrechamente que otros clientes. También se han resignado a seguir teniendo que identificarse ante la policía más habitualmente. O a que en los hospitales "se coloque a los pacientes gitanos en las mismas habitaciones". Y todo ello con unos medios de comunicación que, según denuncia la FAGIC, "infringen continuamente el código deontológico al hacer referencia a la etnia" cuando esta se vincula a hechos "negativos". "Se siguen haciendo comentarios o monólogos que vejan y normalizan las vejaciones hacia nuestro pueblo", lamenta Noemí Fernández, "pero qué podemos decir cuando hasta la RAE nos define como trapaceros".
Marco sancionador
Ante esta situación, la FAGIC reclama que estas actitudes tengan una consideración legal como delitos para que puedan ser "sancionadas". Solo así "será efectiva esa igualdad que la Constitución nos otorga a todos los ciudadanos", concluye Noemí Fernández. Y es en esta reclamación donde han encontrado el apoyo de la Generalitat, que acaba de aprobar la memoria preliminar del anteproyecto de ley para erradicar el antigitanismo. El objetivo es "combatir las situaciones de discriminación de las cuales aún hoy son víctimas los gitanos".
Promovida por el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, la ley nace como reivindicación de la sociedad civil gitana, del Parlament y tras constatar "el incremento de discursos de odio, racistas y excluyentes", según informa la Generalitat. Cataluña ya cuenta con un Plan Integral del Pueblo Gitano que, por ejemplo, persigue la equiparación socioeconómica de este colectivo con el resto de la sociedad catalana. Pero, a la vista de las denuncias de la FAGIC, no ha sido suficiente. Ahora, con la nueva ley se dotará de "rango legal" al antigitanismo, se creará un servicio de atención integral y se regulará un marco sancionador específico.
En la redacción de la nueva ley participarán gitanos con formación en derecho, representantes del movimiento asociativo gitano y otros expertos. Previamente, se abrirá un "proceso de consulta a la ciudadanía" a través del cual se decidirá "la oportunidad de la creación de la norma", según informa en su web el Museo Virtual del Pueblo Gitano en Cataluña.
