La Generalitat de Quim Torra donó 150.000 euros en 2019 a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OHCHR) y del que depende el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que pidió a finales de mayo del pasado año la puesta en libertad de los líderes de ERC, Oriol Junqueras; Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; y Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, todos ellos en prisión preventiva y a la espera de sentencia.
La Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo fue la encargada de abonar la cantidad, según consta en la relación de "contribuciones voluntarias" que anualmente publica la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OHCHR), según sus siglas en inglés-, y que ha adelantado El Mundo.
El dictamen de este grupo de la ONU no era vinculante, pero Torra exigió su obligado cumplimiento. A juicio del informe, la prisión preventiva de los ahora condenados -13 años para Junqueras y nueve para los otros dos fue "arbitraria" y exigía el pago de una "indemnización" y de que el Gobierno iniciara una "exhaustiva investigación" de las circunstancias que rodeaban a su encarcelamiento.
La Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, desde la que se realizó la donación al departamento de la ONU, depende de la Consejería de Exteriores de la Generalitat, en manos de Alfred Bosch (ERC), encargado de difundir este informe a través de los canales oficiales de la Consejería de Exteriores y quien exigió a las autoridades españolas "cumplir con la decisión del grupo de trabajo de la ONU y liberar de inmediato a los presos políticos".
Torra le dio un cariz institucional con una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat en el que calificó de "demoledora" esta opinión. "Si el Reino de España no la cumple estará vulnerando el derecho internacional", aseguró en mayo.
Ni Borrell ni Fiscalía mordieron el anzuelo
La Fiscalía no mordió el anzuelo y criticó la "falta de rigor" del dictamen al acusar a sus autores de desconocer los delitos por los que están acusados estos presos. El ministro de Exteriores, entonces Josep Borrell, envió una carta a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a quien reclamó "corregir" las consideraciones expresadas en el informe y ante la que denunció "cierta connivencia o correlación entre quien emite la opinión y quien la comunica a la opinión pública".
En la relación de donaciones de la oficina de la ONU aparecen otros 100.000 euros donados por la Generalitat en 2016, mientras que el País Vasco paga anualmente desde 2015.
La donación al grupo de trabajo se conoce poco después de que trascendiera que la Mesa del Congreso aprobó -con los votos a favor del PSOE y Unidas Podemos- sufragar con 4.000 euros el viaje a España de Boriss Cilevics, un parlamentario letón que cuestiona la sentencia del procés.
