La Guardia Civil vuelve a poner en el centro de las sospechas a la fundación Catmon y a la asociación Igman, impulsadas por Víctor Terradellas, muy cercano a Carles Puigdemont y exsecretario de relaciones internacionales de CDC.
Según un informe remitido al juez de Barcelona Joaquín Aguirre, instructor del caso del presunto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona en la época de CiU, la Benemérita constata una "trama organizativa dirigida desde las instituciones públicas controladas por una determinada fuerza política" que a través de subvenciones a entidades soberanistas podría haber financiado "acciones políticas, de comunicación, de participación y de internacionalización" del procés.
En el informe ha propuesto citar como imputados a 48 de los detenidos en julio del pasado año, entre los que se encuentran exaltos cargos de la Diputación de Barcelona y representantes de las entidades que percibieron dinero público en expedientes bajo sospecha.
Presunto desvío de subvenciones destinadas a proyectos de cooperación
En el sumario del caso se sospecha de las presuntas irregularidades cometidas en un millón de euros en subvenciones de la Diputación entre el 2011 y el 2015, un dinero en un principio destinado a proyectos de cooperación en Honduras, Bosnia, Marruecos o la isla de Pascua, pero nunca llegó al destino debido al presunto mecanismo de facturaciones falsas que daba "cobertura legal" al desvío de fondos.
En el informe, según informa El Periódico, se especifica la existencia de esta trama y precisa que este hecho no se puede abstraer del "contexto político y social actual", en el que "las fuerzas soberanistas catalanas han impulsado un proceso de independencia al margen de las vías constitucionales que se fundamenta, entre otras cosas, en acciones políticas, de comunicación, de participación y de internacionalización que necesariamente han de ser financiadas".
Catmon e Igman
Este entramado "podría haberse encauzado, al menos en parte y tal como esta investigación parece discernir, a través de subvenciones públicas a entidades directamente vinculadas con el proceso soberanista y con aquella formación política, entre ellas Catmon e Igman".
Según el informe, Terradellas, fundador de estas dos entidades, ha percibido fondos de CDC, de Catmon, de Igman -su presidente fue el actual diputado de JxCat Francesc de Dalmases- y de Catdem, una fundación vinculada a Convergència y que está siendo investigada en el 'caso 3%'. Para la Guardia Civil, Terradellas conocía y participaba de esta estrategia para conseguir la independencia de Cataluña. Entre los documentos requisados tenía "la copia del acta del Comité Nacional del PDECat del 2 de octubre del 2017".
"Lo que esta investigación permite acreditar es que esa estrategia, al menos parcialmente, estaría siendo financiada con fondos públicos que se habrían canalizado hacia entidades favorables a la independencia a través de subvenciones cuyo verdadero fin nada tendría que ver con aquel para el que en teoría fueron concedidas", afirma el Instituto Armado.
Por otro lado, también centra el informe en uno de los detenidos el pasado año: Jordi Castells Masanés, exdirector de relaciones internacionales de la Diputación desde 2011 a 2015 y actualmente al frente de la Subdirección General de Cooperació Local -dependiente de la Consejería de Presidencia-.
Según la Guardia Civil, Castells Masanés concedió "un trato favorable" a la fundación Catmon y a la asociación Igman, "llegándose a encargarse de preparar la documentación justificativa de las subvenciones percibidas y ello a pesar de disponer de informes jurídicos desfavorables".
Entre el 2013 y el 2016, Igman y Catmon contabilizaron 1,2 millones de euros de subvenciones públicas. Y no solo de la Diputación de Barcelona, sino también de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona cuando Xavier Trias (CiU) fue su alcalde.
Irregularidades en la tramitación y concesión de subvenciones
"De todas estas instituciones la fundación Catmon percibió fondos públicos, llegando a utilizar las mismas facturas para justificar la ejecución de los proyectos subvencionados, algo que parece poner de manifiesto que la verdadera voluntad era captar fondos públicos, siendo completamente secundarios los proyectos" y las ayudas ligados a los mismos. Para los investigadores, existen "graves irregularidades en su tramitación y concesión" .
Una denuncia anónima y ratificada por varios técnicos de la Diputación de Barcelona dio paso a la investigación abierta desde 2016. En la misma se señala a Castells por infundir un "clima de miedo" para que dieran el visto bueno a subvenciones irregulares concedidas a Catmon, Igman, Igfa, Plataforma Educativa o Sestrategic, entre otras, "empresas que reiteradamente aparecían como adjudicatarias".
