The catalan language: 10 million european voices. Éste es el título de una exposición sobre la situación actual de la lengua catalana que, hasta el 6 de marzo, podrá visitarse en la Biblioteca Camoes de Lisboa, en Portugal. En principio, la muestra pretende dar cuenta de la vitalidad del catalán en esferas como la cultural, la educativa o la tecnólogica, así como reclamar la oficialidad de este idioma en la Unión Europea. Sin embargo, cualquiera que visite la exhibición comprobará que gran parte de ésta se centra en denunciar la supuesta discriminación a la que España somete al catalán.
Así, tras destacar que el catalán es la 13ª lengua más hablada en la Unión Europea con más de 10 millones de hablantes en cuatro Estados de Europa, la muestra pasa revista al presunto maltrato que España inflige a este idioma en múltiples ámbitos. En primer lugar, critica que el catalán no sea oficial en el conjunto de España, lo que considera una anomalía dado el arraigo y extensión antes mencionados. En segundo lugar, reprocha que no se permita el uso de la lengua catalana en el Congreso y el Senado —amonestación que extiende también al Parlamento Europeo—. Esta limitación, a su juicio, choca con que en Naciones Unidas sí puede emplearse gracias a que Andorra —donde el catalán es el único idioma oficial— es Estado miembro.
Abogados reprendidos por hablar en catalán
Por otra parte, la exhibición —que tampoco olvida mencionar las bondades de la inmersión escolar— dedica sendos paneles a reprobar que solo un 1,6% de las páginas web de la Administración española se encuentra disponible totalmente en catalán y que a los jueces que ejercen en Cataluña no se les exige conocer esta lengua. Sobre este último punto, también asegura que un 75% de los abogados catalanohablantes han sido reprendidos por usar su lengua materna en los juzgados.
En este mismo tono de denuncia se expresó el pasado jueves el presidente de la Generalitat Quim Torra, que acudió a Lisboa a presentar la exposición. En la inauguración —que contó con el conseller de Acción Exterior, Alfred Bosch, y con el delegado del Gobierno en Portugal, Rui Álvaro Serra da Costa Reis— Torra alertó del “proceso de minorización y residualización” en que se encuentra el catalán, por lo que justificó mantener las políticas de normalización lingüística en Cataluña. Asimismo, reclamó que el catalán ostentase los mismos derechos en el mundo que cualquier otra lengua, para lo que consideró imprescindible que el Parlamento Europeo reconozca su oficialidad. “Una meta que solo conseguiremos si alcanzamos la independencia”, dilucidó.
Promovida por la polémica Plataforma per la Llengua
Detrás de la exposición —que también ha podido verse en el Parlamento Europeo, Londres y en la Universidad de Cambridge— se encuentra Plataforma per la Llengua, una entidad nacionalista que se autodenomina la “ONG del catalán” y que se ha visto envuelta en distintos escándalos debido a la radicalidad de sus propuestas. Entre sus iniciativas más controvertidas, se cuenta la creación de una app para señalar a los comercios que se expresan en castellano y el espionaje en más de 50 escuelas de Cataluña para comprobar si los niños durante el recreo hablaban en catalán. Ello no ha sido óbice para que, tal y como admite la entidad en su página web, haya recibido más de cuatro millones de euros en subvenciones desde 2013 por parte del gobierno de la Generalitat.
Sobre la premisa que preside la exposición —la discriminación del catalán por parte de España—, el lingüista Javier Pérez López recuerda a El Liberal que no son las lenguas las que se ven discriminadas, sino sus hablantes. En este sentido, opina que tanto catalanohablantes como castellanohablantes ven vulnerados sus derechos, “aunque de manera más intensa los segundos”. Y es que, según Pérez López, “en los últimos 40 años, mientras la Administración General del Estado y sus terminales en las comunidades autónomas bilingües, sobre todo en Cataluña, han venido haciendo un esfuerzo creciente aunque no siempre satisfactorio por relacionarse en las dos lenguas, la Administración catalana ha ido haciendo esfuerzos crecientes por suprimir en lo posible el castellano en su relación con la ciudadanía”.
“Discriminación evidente de los hispanohablantes”
Así, para este lingüista, la evolución en torno a los derechos de los hablantes es contraria a la que presenta la exposición. Según explica, dado que las comunidades autónomas han asumido gran parte de las competencias de atención primaria para el ciudadano —Educación, sanidad, etcétera—, el resultado ha sido una discriminación evidente de los hispanohablantes, particularmente en Cataluña, y una decreciente discriminación catalanohablante en ámbitos alejados del día a día. “Por mostrarlo en una imagen”, ejemplifica, “si un catalán saca de su cartera su DNI y su tarjeta sanitaria, la primera expedida por un ministerio y la segunda por una consejería, verá que su DNI es bilingüe y su tarjeta sanitaria solo está en catalán”.
