El magistrado Manuel Arce trabaja en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Tarragona. Pero no lo suficiente. Así lo considera al menos la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha acordado de forma unánime suspender cautelarmente al magistrado durante seis meses, según han explicado este viernes fuentes judiciales.
El juez ha sido apartado mientras la Comisión Disciplinaria del CGPJ estudia si le sanciona por la enorme acumulación de asuntos en su juzgado. La denuncia de los abogados de Tarragona derivó en una inspección que obtuvo unos datos sorprendentes.
El magistrado acumula sin resolver 53 resoluciones de separación y divorcio y 14 autos de medidas previas de crisis familiares, según fuentes judiciales. Ése fue el resultado de la última inspección, llevada a cabo el pasado mes de septiembre y que supuso la apertura de un expediente a Arce.
Siete sentencias en un trimestre
La inspección judicial demostró que, durante el tercer trimestre inspeccionado –el del verano-, el juez había dictado únicamente siete sentencias.
Arce perdió en 2012 su plaza en un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional cuando se descubrió que acumulaba medio millar de resoluciones pendientes de dictar.
En aquel momento, el magistrado ya había acumulado un enorme historial disciplinario.
En su hoja de servicios figuraba, por ejemplo, una sanción económica por una falta de desconsideración hacia los funcionarios a su cargo. La multa penalizaba también una frecuente impuntualidad en la llegada al juzgado, que solía producirse en torno a las 14 horas.
Miedo y mal ambiente
En aquella ocasión, el CGPJ tuvo en consideración que tres funcionarios se dieron de baja por trastornos depresivos, ansiedad o estrés provocados presuntamente por el mal ambiente y el “miedo” generado por el juez entre el personal del juzgado.
El órgano de Gobierno de los jueces destacaba que Arce "gritaba al personal"; daba "violentos puñetazos en la mesa"; profería insultos como "feo", "gordo" o "calvo"; amenazaba continuamente con la apertura de expedientes, y obligaba al personal a llamarle "señoría Ilustrísima".
Por esos motivos, el juez es un viejo conocido de los servicios de Inspección del órgano de gobierno de los jueces.
