Si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acepta que un mediador internacional participe en la mesa de negociación con la Generalitat, Quim Torra dejará el futuro de la misma en manos del Parlament. Así lo ha anunciado este martes en el Parlament, recordando que la cámara autonómica ya dio el visto bueno a esta figura la semana pasada, horas después de que Sánchez se negara a aceptarla.
"No es el presidente de la Generalitat el que pide un mediador internacional", ha dicho Torra durante la sesión de control, "es el Parlament". Algo que considera que es "la clave" para entender por qué, en su opinión, el Gobierno central debe aceptar la participación de un mediador internacional en una mesa en la que, además, los independentistas solo están dispuestos a negociar sobre el derecho a la autodeterminación y "el fin de la represión". El mediador está justificado "por antecedentes, por garantías, por visibilidad y por efectividad", ha añadido el presidente catalán.
Orden del día
Si, a pesar de todo, Sánchez no acepta esta figura, Torra ha asegurado que será el Parlament el que "tendrá que pronunciarse" sobre qué hacer. Deja así en el aire el futuro de una mesa para la que el presidente del Gobierno ya ha presentado un documento de 44 propuestas que han sido rechazadas por el independentismo, que considera que la gran mayoría de ellas deben llevarse a la comisión bilateral que también se reunirá en las próximas semanas. Para esta comisión, Torra ha encargado al consejero de Exteriores, el republicano Albert Bosch, la redacción del orden del día. Un gesto que demuestra la intención de Torra de dirigirse al Estado como si Cataluña fuera ya un país independiente.
Sobre la mesa entre Gobierno y Generalitat, pactada por el PSOE y ERC como condición para que los republicanos permitieran la investidura de Sánchez, Torra ha explicado que prefiere referirse a "proceso de negociación" y ha anunciado que el Govern ya estableció ayer "las reglas del juego". En este punto solo ha insistido en la idea de que los únicos temas a tratar serán la soberanía de Cataluña, la amnistía de los líderes separatistas condenados por el 1-O y la desjudicialización del llamado "conflicto catalán".
