En los últimos cuatro años se han marchado de Cataluña más de un centenar de jueces, un éxodo sin precedentes debido a las presiones políticas vinculadas con el procés. Según las cifras, en 2017 se marcharon, 21 jueces; más del doble (48) lo hacían en 2018; y ya son 32 los que han hecho las maletas hasta octubre de 2019.
Tras la consulta ilegal del 9-N, el referéndum por el que fue inhabilitado Artur Mas hasta febrero de 2020, se ha iniciado una "campaña de desprestigio" del poder judicial en Cataluña. La querella contra Carme Forcadell incrementó el acoso en 2016. La entonces presidenta del Parlament se enfrentaba a un posible delito de desobediencia al Tribunal Constitucional.
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En septiembre de 2017, con Carles Puigdemont al frente y los partidos separatistas iniciaron su ofensiva contra el Estado aprobando las leyes de Transitoriedad para constituir la República catalana. Con estas leyes, sería la Generalitat quien nombrara a los jueces. Fue entre el 6 y 7 de ese mes. Dos semanas después, los independentistas asediaron a una comitiva judicial en el registro de la Consejería de Economía. Por este hecho han sido condenados a nueve años de prisión a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural.
El testimonio de la Letrada de la Administración de Justicia fue clave en el juicio. Presa del miedo, tuvo que ser evacuada por la azotea a altas horas de la madrugada y salir por un teatro contiguo.
El acoso de los independentistas se ha incrementado desde entonces, con ataques directos a jueces, como le ha ocurrido al juez Pablo Llarena en su propio domicilio, o bien a sedes judiciales, que han tenido que ser acordonadas con el dispositivo Toga tras el lanzamiento de excrementos en las puertas de los juzgados.
Dejación de funciones de la Generalitat
Todo ello ha ocurrido en Cataluña mientras la Generalitat ha incurrido en dejación de funciones por "no invirtiendo en el mantenimiento de edificios o no poner en marcha nuevos juzgados", según ha denunciado la APM de Cataluña, la asociación más representativa entre los jueces con más de 1.300 socios.
Tras el 14 de octubre, con la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del 'procés', "se ha recrudecido la campaña de acoso al Poder judicial", incrementándose el número de jueces que se han ido de Cataluña. La APM reclama medidas al Estado para evitar la "desertización" del poder judicial en Cataluña. "Sin poder judicial no hay Democracia", han señalado.
