La Intersindical-CSC, el sindicato principal en la Administración catalana, celebró la semana pasada un congreso en la Universidad Pompeu Fabra en el que 200 afiliados dieron su visto bueno a su nueva hoja de ruta. Este documento fija como prioridad convertir a esta entidad en el “referente sindical de la república catalana”. Para conseguirlo, la Intersindical se ha propuesto ahondar en su modelo “asambleario” y reforzar su compromiso como sindicato “independentista” y “feminista” desvinculado de los poderes económicos o religiosos.
Una de las propuestas estelares desgranadas en el conclave fue la de aumentar el salario mínimo en Cataluña hasta los 1.320 euros. La entidad basa esta reclamación —adelantada en un manifiesto en octubre pasado— en que el acuerdo del Gobierno central para fijar un sueldo base de 950 euros es “vergonzoso”, puesto que “impide a los trabajadores y trabajadoras de Cataluña vivir con dignidad”. En este sentido, destaca que Cataluña posee una “estructura laboral propia” y un “coste de vida un 30% más elevado que en algunos lugares del Estado español”. Además, según el sindicato, el hecho de que el salario mínimo actual sea homogéneo en toda España “implica que se generen desigualdades entre territorios en lo referente al poder adquisitivo de las clases trabajadoras más empobrecidas”.
Objetivo: superar los convenios de ámbito estatal
Pero, ¿cuál es su formula para aplicar dicho aumento? La idea de la asociación nacionalista es que éste sea asumido “de forma voluntaria” por sindicatos y patronal, a través de la negociación colectiva, y se incluya en los “convenios de ámbito catalán”. Esto permitiría, según el colectivo, “superar los acuerdos de ámbito estatal”. Por otro parte, emplaza a la Administración catalana a instaurar la cifra de 1.320 euros como retribución mínima, y a la Generalitat a no contratar a las empresas que paguen salarios inferiores.
Actualmente, el sindicato autor de la propuesta es mayoritario dentro de la Administración catalana. El salto lo dio el pasado octubre en las elecciones sindicales de personal administrativo de la Generalitat, cuando pasó de cuatro delegados a 36, superando así a CCOO (30) y UGT (27). La entidad también es conocida por haber convocado los “paros de país” de 2017 y 2019, y porque su secretaría general la ocupa el exterrorista de Terra Lliure Carles Sastre, condenado a 30 años de cárcel por el asesinato de un empresario en 1977.
La Generalitat también propuso un SMI catalán
La propuesta de Intersindical-CSC no dista mucho de la que presentó en diciembre el gobierno catalán, que exigió que el salario en esta comunidad fuese de 1.239 euros al mes. Aunque el Govern carece de competencias para materializar tal medida, instó a patronales y sindicatos tener como referencia esa cifra en las negociaciones de los convenios. Los argumentos esgrimidos por el consejero de Economía y Hacienda, Pere Aragonés, igualmente parecidos a los de la Intersindical, fueron que en Cataluña el coste de vida es más alto y que “un país que se quiere justo y libre no puede tener trabajadores pobres”. La propuesta no gustó al Ministerio de Trabajo, cuya ministra en funciones, Magdalena Valerio, recordó a la Generalitat que el SMI es “único para todo el territorio nacional”.
La iniciativas para subir el SMI solo en Cataluña no han persuadido al sindicato CSIF. En conversación con El Liberal, sus responsables en Cataluña señalan que el único “foro legal para acordar esta subida deriva del acuerdo que alcancen los sindicatos, la patronal y el Gobierno central”. “Cualquier propuesta ajena a la normativa establecida”, aclaran, “es un brindis al sol”. Así, aunque el sindicato es partidario de la subida del SMI, es consciente de que ésta solo puede llevarse a cabo siguiendo los cauces establecidos. “Cualquier otro posicionamiento es irreal y un engaño para los trabajadores”, añade.
