El cierre de cajas, "Tancament de Caixes" es el nombre de una protesta contra la subida de impuestos considerada injusta del Gobierno presidido por Silvela en 1899. Fue liderada por el entonces alcalde de Barcelona Bartomeu Robert y consistía en dejar de pagar contribuciones por parte de comerciantes e industriales catalanes.

El independentismo en los últimos años ha amagado, sin éxito, en repetir la protesta. Lo que todavía nadie ha planteado es un cierre de cajas, una negativa a pagar los impuestos que financian a la Generalitat, por parte de los catalanes hartos de soportar una presión fiscal en permanente aumento y no identificados con la utilización sectaria del presupuesto público para la agitación y propaganda secesionista. Cataluña es la comunidad autónoma con mayor presión fiscal según el índice de competitividad fiscal elaborado anualmente por la Fundación Avance de la Libertad con el apoyo de la Unión de Contribuyentes. Esta mayor presión fiscal se refleja tanto en las figuras impositivas cedidas, como en el tramo autonómico de impuestos estatales o los impuestos propios.

Esta voracidad fiscal se explica en buena parte no por un déficit de financiación de sus competencias si no por una política de gasto público dirigida a financiar el secesionismo. Curiosamente esta, a mi entender, malversación de fondos, no ha sido tenido en cuenta en el juicio sobre el ‘procés’ ni ha sido objeto de denuncia o protesta alguna. El presidente de la Generalitat, los Consellers y los altos cargos de la Generalitat cobran sustancialmente más que los del gobierno central.

Lo mismo ocurre con los parlamentarios autonómicos y los miembros de otras instituciones autonómicas. Se financian ‘embajadas’ que se dedican a promover la independencia, se subvencionan de forma escandalosa medios de comunicación y entidades secesionistas de todo tipo, se cubre el déficit brutal de TV3. Pero lo más grave es que el Govern, el Parlament, los Ayuntamientos y, en general todas instituciones públicas, dedican una parte nada despreciable de su horario de trabajo a promover la independencia que no sólo no es por lo que cobran, sino que es pura y llanamente ilegal.

El constitucionalismo acata las leyes

Teniendo en cuenta que nuestros dirigentes autonómicos, con el Presidente Torra a la cabeza, vienen alentando de forma sistemática saltarse las leyes que no les gustan, me parecería de lo más oportuno responder con la misma moneda y con más razones jurídicas y morales. Ya me imagino que nadie va a recoger el guante.

El constitucionalismo acata las leyes, aunque sean injustas. Pero aunque sólo sea como una expresión de la impotencia que muchos catalanes sentimos, me permito la soflama. Dejemos de contribuir a la rebelión. Dejemos de contribuir a la secesión, o lo que sea que pretendan los líderes ‘procesistas’. Ejerzamos nuestra catalanidad. Tanquem caixes.