Los espacios de ocio son hoy en día uno de los ámbitos en los que más riesgo de agresión machista tienen las mujeres fuera del hogar. De ahí la cantidad de campañas promovidas por numerosas instituciones y entidades para evitar que las mujeres sean víctimas allí donde deberían estar única y exclusivamente para disfrutar. Pero es en Cataluña donde las medidas han ido más allá en la persecución de los agresores y en la protección de las víctimas. Esta Comunidad Autónoma cuenta desde hace algunos meses con un protocolo propio que presta especial atención a la protección de las mujeres en el transporte público vinculado al ocio.
Los jóvenes catalanes utilizan mayoritariamente el transporte público a la hora de desplazarse por cuestiones de ocio. Y según los datos de la última Encuesta de Violencia Machista de Cataluña, un 17,1% de los delitos de violencia sexual contra la mujer y fuera del hogar se produce en este tipo de transporte. El 20,9% tiene lugar en los espacios de ocio, mientras que el 18,3% se produce en lugares públicos. Con el fin de acabar con esta situación, la Generalitat, a través de su Consejería de Interior, puso en marcha el Protocolo de Seguridad contra las violencias sexuales en entornos de ocio. Un protocolo al que se adhirió ayer la compañía pública Ferrocarriles Catalanes de la Generalitat (FCG).
El titular de Interior, el independentista Miquel Buch, calificó la adhesión como “un paso más” para unir esfuerzos “y luchar juntos contra la violencia machista”. Buch, que firmó el acuerdo con el presidente de FCG, Ricard Font, subrayó que “la impunidad contra las violencias machistas ha dejado de existir” y recordó que Cataluña cuenta con “una manera de sancionar” que mantendrá hasta que el Estado “algún día rectifique el Código Penal y persiga con toda la dureza cualquier actitud de violencia machista que se pueda ejercer”.
Multas de hasta 10.000 euros
Buch se refería de este modo a las sanciones que la Administración catalana puede imponer a los agresores ante situaciones que no están contempladas por el Código Penal. “El Código Penal”, explicaron fuentes de la consejería, “no contempla ninguna sanción para los tocamientos o los insultos, mientras que el protocolo catalán sí que sanciona estos comportamientos”. De este modo, el acoso sexual en Cataluña en un entorno de ocio puede ser sancionado con multas que van de los 1.000 a los 10.000 euros mediante una ley catalana que, además, califica de infracción administrativa grave “la realización o incitación de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexuales cuando no constituyan infracción penal”.
El protocolo autonómico, aseguró Buch en la firma del acuerdo con FCG, “deja claro que las violencias machistas en Cataluña son perseguidas y sancionadas y todos tenemos mucho más claro que no pasamos ni una”. En el caso del transporte público, la adhesión a este protocolo supondrá la formación de unos 1.100 profesionales de FCG con la finalidad de que puedan “identificar situaciones abusivas y sepan cómo han de actuar y cómo han de atender a quienes las hayan padecido”. Esta formación comenzará en breve y continuará a lo largo de 2020 para el personal de los trenes y aquellos que estén en contacto directo con los usuarios.
El acuerdo contempla también la puesta en marcha de una campaña de sensibilización con carteles y vídeos en el interior de los vagones y de las estaciones. Además, pretende convertir “todos los entornos de ocio o entornos en los que la gente se desplaza por ocio en un punto lila”, según explicó, por su parte, el director general de Administración de Seguridad, Jordi Jardí.
Innovaciones en seguridad
El presidente de FGC, Ricard Font, recordó que este sistema de transporte ya ha hecho esfuerzos en la lucha contra la violencia machista “para que haya itinerarios seguros para las personas que salen de nuestros trenes”. Una labor que se lleva a cabo en coordinación con el departamento de Interior y el Instituto Catalán de las Mujeres. “En FCG”, añadió Font, “siempre estamos atentos a la innovación en materia de comunicación y sensibilización, pero también con políticas concretas relacionadas con la seguridad de nuestros clientes. Haremos un esfuerzo importante para eliminar esta lacra de nuestra sociedad”.
Desde el Instituto de las Mujeres, su directora, Laura Martínez, alertó sobre la figura del “cómplice” en el caso de las agresiones machistas en el transporte público. Un cómplice que observa la situación sin intervenir. Algo que, según Martínez, debe acabar.
Barcelona, ciudad modelo
La ciudad de Barcelona, con la alcaldesa Ada Colau al frente, prepara también su propio protocolo de actuaciones en contra de la violencia machista en el transporte público municipal. En este caso, los datos que maneja el Consistorio son aún más alarmantes que los de la Generalitat. En Barcelona, el 42% de las mujeres usuarias del transporte público aseguran haber sido víctimas de tocamientos sexuales en alguno de sus viajes.
Para evitarlo, el Ayuntamiento, prepara “un protocolo de prevención, detección, intervención y comunicación de agresiones y acoso sexual”. Además, está también previsto ampliar el programa piloto de paradas a demanda del bus nocturno, en colaboración con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Finalmente, el Consistorio buscará “implicar al sector del taxi” en la lucha contra las agresiones machistas contra las mujeres.
Con 13 millones de euros de presupuesto para erradicar la violencia contra la mujer, Barcelona está haciendo especiales esfuerzos para convertirse en una ciudad modelo. Ya a principios de este año, lanzó su propia aplicación para denunciar agresiones y acosos sexistas y geolocalizarlos. Ahora prepara un programa a desarrollar hasta 2023 en torno a cuatro ejes: sensibilización de los ciudadanos; acuerdos con los sectores cultural, educativo y sanitario; coordinación de los servicios ya existentes y potenciar un modelo de lucha que empodere a las mujeres.
