El Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona se ha convertido en un centro de adoctrinamiento y el rectorado ha accedido al chantaje de los estudiantes independentistas para habilitar un mecanismo de evaluación única en vez de la continúa, como se había estipulado al firmar la matrícula.

El cambio obedece a dar un "privilegio" a los estudiantes que han participado en las protestas convocadas contra la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del procés, según ha explicado Julia Moreno a ElLiberal.cat. Moreno, junto a Alex Serra y Paula Díaz, son los tres denunciantes y miembros de S'Ha Acabat. Entre ellos también se encuentra el catedrático de Derecho Internacional Privado, Rafael Arenas, miembro Universitaris per la Convivència y vicepresidente de Impulso Ciudadano.

Según ha señalado Moreno, "no había otra alternativa" para hacer prevalecer sus derechos ante la "vulneración de la normativa académica". De hecho, estipulan que la matrícula es un contrato y como tal se debe hacer cumplir. "Por este motivo me matriculé en ciertas asignaturas al ser una evaluación continúa y no única", ha destacado y menos "con el curso ya iniciado". "Se han cambiado las normas con el curso ya empezado", ha dicho Moreno, que entiende que la medida "implica el apoyo explícito de la Universidad a unas protestas de carácter partidista". 

Por este motivo, han pedido la adopción de la medida cautelar de suspensión de la ejecución del acuerdo impugnado. "De no adoptarse esa suspensión cautelar podría suceder que los estudiantes que se acogieran al mismo no pudieran ser finalmente evaluados, al haber dejado pasar la posibilidad de hacerlo a través del único mecanismo legal: la evaluación continua, imposible de recuperar una vez concluido el curso".

"La obligación de la universidad es salvaguardar la neutralidad política", ha asegurado la presidenta de S'Ha Acabat. En el mismo recurso se ha indicado al juez "la creación de bases de datos sin cobertura legal que permitirían vincular a los alumnos con determinadas posiciones ideológicas".

La evaluación única es un sistema establecido para casos muy concretos, como motivos por baja por enfermedad o trabajo. "Una excepción singular a la normativa de la UAB en materia académica, lo que es contrario a lo previsto en el artículo 37.1 de la Ley 39/2005, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común", según han señalado en un comunicado.

"Choca, además, con la obligación de que los elementos esenciales del curso, incluida la forma de evaluación, sean conocidos con anterioridad al inicio del mismo", han señalado. "No se pueden cambiar las reglas sobre evaluación una vez iniciado el curso. Todas estas irregularidades, además, pueden tener transcendencia en los procesos de verificación y acreditación de los títulos universitarios con las consecuencias que ello tendría para los estudiantes y para el conjunto de la comunidad universitaria", han destacado.

El rectorado buscaba "la paz social" con una medida excepcional

"El cambio en el sistema de evaluación no solamente no responde a razones académicas, sino que se ha hecho explícito que su justificación es completamente extraacadémica", han considerado. "En concreto, la propia rectora de la UAB afirmó que buscaba mantener la paz social; esto es, plegarse a las peticiones de los estudiantes que han participado en las protestas contra la Sentencia del Tribunal Supremo que condena a los líderes secesionistas", han señalado.

En este sentido, han denunciado que este acuerdo es colofón del manifiesto firmado por los rectores de las universidades públicas el 14 de octubre, y que ha sido declarado contrario a la obligación de neutralidad de las administraciones en período electoral por la Junta Electoral Central, y a los manifiestos aprobados una semana después por los claustros de las universidades. "Esta falta de neutralidad y la instrumentalización partidista de la institución llega así a la forma de evaluación, lo que también es contrario a Derecho", han enfatizado.

Esta suspensión, según los denunciantes, "es la que mejor garantiza los derechos de todos y evita las dificultades que se derivarían de que una vez concluido el curso" se declarara la ilegalidad del mecanismo de evaluación única. 

Profesores y estudiantes de otras universidades están valorando si interponer más recursos ante la nueva instrumentalización, manifiestamente ilegal, de las universidades públicas a favor de los postulados nacionalistas, cediendo, además, ante tácticas de coacción absolutamente incompatibles con un entorno democrático.