Los ingresos ‘extra’ que está recibiendo el Gobierno en plena crisis de la luz pueden volver al bolsillo de los consumidores más vulnerables. El Ministerio que lidera Teresa Ribera cuenta, según las estimaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), con 700 millones de los 2.335 millones que se recaudará este año por los derechos de emisión para ayudar a los afectados por la transición ecológica.
El presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene en su mano destinar hasta el 30% de los ingresos totales de esta subasta a medidas con incidencia social para paliar el golpe de la transición hacia una “economía descarbonizada” o relacionadas con “la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático”, según recoge la Ley de cambio climático y transición energética.
El Ministerio de Hacienda duplicó su recaudación por estas subastas hasta el mes de agosto hasta los 1.557 millones frente a los 753 en el mismo periodo del año 2020, un incremento del 106%. Según figura en el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 presentados en octubre en el Congreso, el Gobierno cerró el último año completo con una recaudación total de 1.240 millones, un 25% menos de que llevaba acumulado en ocho meses.
Y se espera que durante los cuatro meses restantes esta cuenta se dispare. Los PGE pronostican que, a cierre de 2021, esta vía de ingresos patrimoniales se disparará hasta los 2.335 millones de euros y se moderará, aunque levemente, hasta los 2.000 millones de euros en 2022. El Ministerio que dirige María Jesús Montero estimaba recaudar por esta vía 1.200 millones de euros, como registra en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021.
Una previsión que se realizaba con el precio del CO2 en 25 euros/tonelada de CO2. Ni Hacienda ni el equipo de Ribera contaba con que esta tasa medioambiental se iba a situar en noviembre en los 66,04 euros/tonelada y la media anual de 2021 se asentaría en los 52,12 euros por cada tonelada de CO2.
Una opción para Ribera
Este ingreso de la ministra Montero tiene que gastarse por Ribera. La Ley de cambio climático y transición energética obliga a que los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero sean empleados para el cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático y transición energética.
Además de la ayuda a los más vulnerables, Transición Ecológica debe compensar el sistema. Las leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año recogerán los créditos correspondientes en el presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, destinándose al sistema eléctrico al menos 450 millones de euros para financiar los costes del sistema eléctrico previstos en la Ley del Sector Eléctrico, referidos a fomento de energías renovables.
Además, cada año, previo informe del Ministerio para la Transición Ecológica, se podrá destinar hasta un 25% de los ingresos procedentes de las subastas de los derechos de emisión para compensar los costes indirectos por las emisiones de CO2 que sufren las grandes industrias emisoras e intentar que este impuesto no castigue su producción.
La recaudación se espera que aumente en los próximos años, si se tiene en cuenta el paquete legislativo 'verde' que prepara la Comisión Europea. Además de los derechos de emisión de la industria, los derechos de emisión se extenderán al transporte y los edificios. La senda que marca el 'Fit 55' reducirá en paralelo el número de derechos de emisión en el mercado para conseguir que en 2030 se contamine un 55% menos que en 1990. Es decir, mientras se adapta la demanda con la oferta 'de contaminar', se generarán grandes ingresos por esta tasa verde.
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