Las fiscalías de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona comenzarán a investigar y en su caso a imputar a los alcaldes independentistas de municipios más poblados, según consta en la orden de este miércoles enviada por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que especifica que si los regidores se niegan a declarar como investigados deben ser detenidos y conducidos a las dependencias del ministerio público para prestar declaración.
Por eso, los fiscales, a los que se les ha facilitado un listado de los primeros ediles que han incluido a sus municipios en la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) de Cataluña, tendrán que llamar en primer lugar a los regidores de Reus (Tarragona, 107.000 habitantes); Sant Cugat del Vallès (Barcelona, 84.946 habitantes); Manresa (Barcelona, 76.570 habitantes); y Vilanova i la Geltrú (Barcelona, 66.591 habitantes).
La decisión del alcalde de Reus, Carles Pellicer (PDECat), fue comunicada por Twitter tras ser consensuada con el resto de formaciones que integran el gobierno municipal. Por su parte, la alcaldesa de Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa (PDECat), ha tenido que ser obligada a retirar una estelada (bandera independentista catalana) de su municipio por los tribunales. Al final, Conesa anunció que izará por tercera vez, en esta ocasión en terreno privado, la bandera nacionalista.
Los regidores de Manresa, Valentí Junyent (PDeCat), y de Vilanova i la Geltrú, donde la primera edil, Neus Lloveras (AMI), es diputada de Junts pel Sí (JxSí), han criticado la decisión de la Fiscalía. En el caso de la segunda, la parlamentaria ha asegurado en su defensa: "Defender la democracia nunca puede ser un delito".
Sabadell, Badalona y Girona
Por otra parte, la Fiscalía General del Estado ha asegurado que la imputación se hará extensible a los ayuntamientos que aunque no forman parte del listado de la Fiscalía sí han mostrado su intención de apoyar la convocatoria, que el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal.
Si los fiscales llaman también a declarar a los primeros ediles de Sabadell, Badalona y Girona, 1,2 millones de catalanes tendrán un alcalde imputado
De esta forma, los regidores de Sabadell (208.246 habitantes), Maties Serracant (CUP) y Badalona (215.634), Dolors Sabater (Podemos y CUP); ambas en la provincia de Barcelona; y la alcaldesa de la capital de Girona (97.00 habitantes), Marta Madrenas, también tendrían que declarar como investigados. Así, los primeros alcaldes en declarar gobiernan a más de 1,2 millones de catalanes.
También en la provincia de Barcelona, el ministerio público imputará a los regidores de Vic (Barcelona, 41.191 habitantes); Igualada (39.198 habitantes); y Vilafranca del Penedès (39.035 habitantes).
Otros alcaldes de la provincia de Girona que serán interrogados en presencia de su abogado serán el regidor de Figueres (45.262 habitantes); Olot (33.813 habitantes); Salt (30.146 habitantes); y Palafrugell (22.880 habitantes);
En la provincia de Tarragona, los primeros que deberán ser citados serán los regidores de El Vendrell (36.647 habitantes) y Cambrils (33.535 habitantes); mientras que en Lleida, la provincia menos poblada de las cuatro catalanas; el ministerio público llamará a declarar en un primer momento a los alcaldes de Tárrega (16.587 habitantes) y de Balaguer (16.485 habitantes).
La CUP no irá a declarar
Como primera reacción, la CUP ya anunció este miércoles que su treintena de alcaldes no irá a declarar de forma voluntaria a los juzgados por firmar el decreto de cesión de colegios electorales para el referéndum del 1-O.
La CUP indicó que sus alcaldes "no asistirán a declarar" ni tampoco "comparecerán ante las citaciones del fiscal general del Estado" y emplazó al resto de fuerzas políticas "a hacer lo mismo al amparo de la Ley 19/2017 del Referéndum de Autodeterminación".
Por otra parte, seis partidos registraron en la tarde del miércoles en el Congreso la petición de comparecencia de José Manuel Maza para que explique su decisión de ordenar que se impute a los alcaldes catalanes que cedan espacios para el referéndum independentista del 1 de octubre.
La petición la firmaron los portavoces del PDeCat, ERC, Unidos Podemos, Compromís, el PNV y Bildu, en respuesta a la instrucción que Maza ha remitido a los fiscales de Cataluña.
