La Policía Nacional investigó internamente en 2015 los negocios privados del entonces comisario José Manuel Villarejo y cerró sus pesquisas en cuestión de días zanjando que no apreciaba ningún motivo de incompatibilidad. Ahora esa conclusión es el argumento al que se aferran empresarios investigados en la Audiencia Nacional por su relación con el polémico mando para argumentar que no cometieron ninguna irregularidad.
Uno de ellos es Armando Mateo Flandorfer, implicado en una de las piezas separadas del caso llamada Pit. Se investiga la contratación de Villarejo por parte de un empresario naviero para que le librase de una extradición a Guatemala donde se le reclamaba por corrupción. El precio pactado por la operación fue de diez millones de euros, uno de los mayores pelotazos que se conocen del extenso historial de actividades privadas del excomisario.
“En dichas fechas, la actividad empresarial del señor. Villarejo era conocida por sus superiores y en tanto que ni perseguida ni prohibida, era lícita y consentida”, dice este investigado, que ha remitido al juez José Manuel García-Castellón información acerca de aquellas pesquisas internas cerrada en falso. Corría el año 2015 y Jorge Fernández Díaz dirigía el Ministerio del Interior, un Departamento ya sumido en guerras internas dentro de la Policía. Bajo sus pies cada vez se hacía más evidente el enfrentamiento entre Villarejo y el también comisario Marcelino Martín Blas y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La defensa de Fernández Díaz
Las tensiones ya habían saltado a los medios de comunicación cuando el diario El País publicó en portada que Villarejo tenía 12 sociedades a su nombre con un capital de 16 millones de euros (el propio comisario se jactaba en privado de que no le habían encontrado ni el 10 por ciento de su fortuna). La reacción de Fernández Díaz fue defenderle.
El ministro se apresuró a contestar aquella portada poniendo en valor los "relevantes servicios prestados" por el mando policial. Hacía unos meses que medios como eldiario.es ya habían empezado a informar de la llamada operación Cataluña. Además, el ministro, se adelantó a dar su opinión antes incluso de la conclusión de la investigación interna: "El informe de la Policía es el que nos debe acreditar efectivamente si todo, como yo presumo salvo que se demuestre lo contrario, se ha hecho en el marco de la estricta legalidad".
Desde el Ministerio no consideraron siquiera que fuese competencia de la Unidad de Asuntos Internos pues Fernández Díaz no veía indicios de delito. Hoy son precisamente agentes de Asuntos Internos los que investigan una causa que en dos años ha generado decenas de investigados y por la que Villarejo se encuentra en prisión provisional.
La Policía dijo que eran compatibles
El empresario se hace eco en un escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli de que hay más investigados que conocen esta investigación que exoneró a Villarejo y ya la han usado ante el juez. En su caso, además, aporta un teletipo de la agencia Efe del 20 de abril de 2015. Se titulaba: “La Policía no abre expediente a Villarejo porque sus negocios son compatibles con sus funciones”.
La información citaba fuentes policiales y precisaba que “La Policía no considera ‘preceptiva’ la apertura de un expediente disciplinario al comisario José Manuel Villarejo porque concluye que sus actividades privadas son compatibles con su función policial y no han supuesto ‘menoscabo’ al cumplimiento de sus deberes”.
Al frente de aquella investigación estuvo el entonces director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino. Investigado en el caso, Pino era el principal valedor de Villarejo en el Cuerpo y la persona de confianza del ministro en la Institución, por encima incluso del director general Ignacio Cosidó. Este mando designó para iniciar las pesquisas -realizar la información reservada- a un inspector jefe, compañero del comisario Villarejo en la Dirección Adjunta. Lo habitual en la Policía es que de esos trabajos se encargue alguien con un rango similar o superior al investigado. No fue el caso.
El empresario Flandorfer se vale de esta investigación express que en su día hizo la Policía porque, según dice, fue preguntado en el Juzgado si sabía que Villarejo era policía. Añade que son varios los investigados que en sus declaraciones han hecho también alusión a aquella investigación policial de 2015 sobre el comisario.
Sus superiores como testigos
La cuestión de si los clientes que contrataron a Villarejo sabían o no su condición de policía es importante de cara a su imputación por cohecho. En primer juez del caso, Diego de Egea, archivó las diligencias abiertas contra los responsables de un despacho de abogados que pagaron a Villarejo para investigar a otro bufete. Justificó que no sabían que estaban tratando con un policía pese a los audios que obran en la causa donde se aprecia que Villarejo les informó de ello. La Sala de lo Penal no aceptó el criterio el juez y ordenó seguir investigando a estos abogados.
Mateo Flandorfer hace hincapié en que, pese a que Villarejo fuese policía, contaba con el aval de sus superiores. Se trata de un argumento que el excomisario ha puesto en valor en numerosas ocasiones. Sostiene que fue la propia Policía la que le convenció para regresar al Cuerpo luego de sus diez años de excedencia. La condición que puso el mando fue poder mantener su conglomerado empresarial, según su versión.
Para reforzar este argumento, Villarejo remitió al inicio de la causa las cartas de tres directores adjuntos con los que trabajó en las que defienden su gestión. Estas misivas las ha usado recientemente otro de los investigados, el empresario Adrián de la Joya. En su escrito, Mateo Flandorfer pide directamente al juez que cite a declarar como testigos a estos tres exresponsables policiales. Se trata de Eugenio Pino, Pedro Díaz Pintado y Agustín Linares.
